México y El Salvador escenificaron este jueves el pistoletazo de salida para el proyecto de cooperación y desarrollo para Centroamérica. Una estrategia basada en la inversión y el empleo con la que el Gobierno de López Obrador pretende retomar el liderazgo en la región y, a la vez, compensar los recientes compromisos adquiridos con Washington, que significan más mano dura en los controles migratorios de su frontera sur.
El arranque del plan, auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del que forma parte también EE UU, tuvo como escenario Tapachula, uno de los puntos fronterizos con mayor afluencia de entradas y donde México concentra gran parte de su aparato migratorio, incluido el último despliegue de la Guardia Nacional.
En ese terreno simbólico firmaron un primer acuerdo López Obrador y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele por el que México invertirá 30 millones de dólares de manera inmediata, ampliables hasta 100 a lo largo del todo el recorrido del programa. El compromiso alcanzado este jueves prevé la creación de 20.000 empleos en El Salvador a través de un plan de fomento de la agricultura, que ya está operativo en el sur de México.
A diferencia de otros programas de cooperación internacional —como el caso del Plan Mérida con EE UU—, no se conocen los controles de evaluación o seguimiento que vayan a tener las medidas ni los planes de inversión previstos. “Vamos a dar esa cooperación sin condiciones, ni políticas, ni económicas, ni financieras, porque somos pueblos hermanos”, anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que ha encabezado la delegación mexicana que ha estado negociando escalonadamente con Washington los nuevos términos de su política migratoria. El último episodio fue la fuerte crisis diplomática de hace dos semanas, provocada por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas en caso de que no implementara más mano dura en su frontera sur.
El acuerdo final, que desactivó temporalmente el peligro comercial pero que está sometido a evaluaciones periódicas por parte de ambas partes, ha sido vendido como una victoria política en México. Entre las concesiones que se han conocido del pacto, el Gobierno de López Obrador ha tenido que dar carpetazo a su política inicial de visados de empleo y residencia, endurecer los controles y registro de los migrantes y desplegar 6.000 miembros de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militar creado por el Gobierno de Morena para labores de seguridad civil. El pacto también recoge la implicación de EE UU en el plan de cooperación y desarrollo inaugurado este jueves, la gran baza diplomática con la que México busca exprimir todos los réditos posibles.
“EE UU reitera su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover los objetivos del buen gobierno y la seguridad en Centroamérica”, reza el texto, como se encargó de enfatizar el canciller mexicano a petición del López Obrador durante el acto de este jueves. EE UU se comprometió en diciembre a invertir 10.600 millones de dólares –repartidos casi a la mitad entre el sur de México y Centroamérica– en una hoja de ruta que de momento no parece muy clara.
El plan marco diseñado por la CEPAL, para un plazo de cinco años y que prevé también una inversión mexicana de 25.000 millones de dólares en el sur del país, tiene cinco grandes columnas en forma de proyectos de infraestructura. La primera es una planta eléctrica en Puerto Cortés (Honduras), con una inversión de alrededor de 1.200 millones de dólares. El segundo es ampliar la red eléctrica de Centroamérica y México, una obra valuada en 300 millones. El tercero es extender la red carretera en la frontera mexicoguatemalteca.
Se plantea también construir un gaseoducto de 940 kilómetros y costo estimado de 950 millones de dólares que conecte el golfo de México con San Pedro Sula, el polo industrial de Honduras. Otra posibilidad es extender hacia Centroamérica el Tren Maya, una de las grandes apuestas de la Administración de López Obrador, que implica de por sí entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de inversión solo para el tramo mexicano.