Uriel González Sotelo, encargado de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), confirmó la presencia de empleados, que tienen un vínculo consanguíneo con algunos diputados: José Emilio, hermano de la diputada Naida Josefina Díaz Roca, del Partido Social Demócrata.
En entrevista, en la sede del Congreso local, dijo que las contrataciones se debieron a que reunían los perfiles. Adujo, además, que la dependencia enfrenta un rezago en los ejercicios, el cual data del año 2013. Esto, a consecuencia de la escasez que enfrenta en materia financiera y de personal.
Asimismo, expuso que, anteriormente, la nómina estaba conformada por 150 personas; ahora, está en 80, por lo que enfrentan pendientes. Externó que, con la nueva Ley del ramo, se acortan los plazos y, a partir del ejercicio 2017, ya se están “terminando”. Los atrasos provienen de la fecha referida.
Añadió que ese déficit se debe a “muchos factores” (además de los antes citados). “Es importante tener ese dato”. Hay procedimientos, en el área jurídica, que no se han concretado, desde hace seis años.
Acotó que se debe “tener cuidado” en los plazos “perentorios” para la aplicación de sanciones: “Hay muchos (pendientes) que se los dejaron ahí; nosotros, desde el momento que atendimos, a partir del primero de diciembre, lo que empezamos a hacer es abatir el rezago”.
González Sotelo asentó que, cada semana, hace un balance con “cada una de las direcciones generales” y se va “viendo el avance”. Sin embargo, reiteró que la demora en los quehaceres es un hecho.
Adujo que, sobre todo, la hacienda pública municipal es la que presenta el mayor índice de tardanza, en lo que compete a “informes y notificaciones”. En términos concretos, manifestó que el rezago se traduce en 20 o 30 casos. Insistió que la escasez de personal es un factor a considerar.
Por ahora, no pueden esclarecer qué tipo de omisiones existen: “nosotros determinamos la presunta responsabilidad; hasta que ya se hace todo el proceso de fiscalización, se lleva a cabo un comité de solventación”. Los entes fiscalizados participan en este órgano, y “tienen la oportunidad de solventar esas observaciones”.