En el segundo día de protestas de la Policía Federal, con bloqueos viales y movilizaciones en Ciudad de México y cuatro entidades más, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, supuso que detrás de los inconformes está el ex presidente Felipe Calderón, por lo que éste negó la “cobarde insinuación”.
En medio del desconocimiento de algunos efectivos, los representantes de la PF y de la SSP alcanzaron los primeros acuerdos tras varias horas de negociación; entre ellos, mantener a los uniformados que decidan no incorporarse a la Guardia Nacional en otras áreas del gobierno e indemnizar a quienes así lo deseen.
La jornada comenzó con el Centro de Control tomado por efectivos, quienes con credenciales en mano respondieron a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “hay mano negra” en este conflicto e invitaron a Calderón a ser su representante sindical.
Los federales y sus familiares volvieron a bloquear Anillo Periférico, entre los ejes 5 y 6 Sur, de oriente a sur, y de manera intermitente las autopistas México-Pachuca, a la altura de Lerdo de Tejada, en Ecatepec, y México-Cuernavaca, en la caseta de Tlalpan.
La mesa de diálogo se reanudaba cuando Durazo subió el tono de sus declaraciones. Aseguró que las manifestaciones son aprovechadas por grupos críticos al gobierno y “no es casual que uno de los inconformes pidiera que Calderón fuera su representante sindical”.
En conferencia llamó a los inconformes al diálogo, aunque resaltó que su movimiento “no tiene razón de ser”; también les pidió que regresaran las armas de cargo y los vehículos mientras no estén en activo.
Durazo aclaró que no hay marcha atrás en cuanto a la extinción de la PF y que no existe margen para cambiar los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional. Con voz alta y dando golpes en el atril, sentenció que el gobierno federal no caerán en el juego de quien quiere desacreditar a la nueva corporación.
“Los ahora solidarios con la PF no hicieron en su tiempo su parte, no voy a dar nombres, pero no lo hicieron, si no la corporación no estuviera en esas condiciones. A quienes la defienden, les pregunto, ¿si fuese un cuerpo suficiente y adecuado no estaríamos en los niveles de inseguridad que hoy tenemos?, así de elemental”.
Acusó también que uno de los líderes de los uniformados, Ignacio Benavente Torres, de la Asociación Pro libertad y Derechos Humanos en América, es un ex presidiario acusado de secuestro, a lo que el activista respondió que busca desviar la atención de las demandas de los efectivos.
Por la tarde, en un video publicado en Twitter, Calderón salió al paso de lo que llamó “la cobarde insinuación” de Durazo y exigió que presente pruebas o “retire de inmediato las calumnias”.
También declinó la oferta de ser el representante sindical de los policías, pues su nombre, “más que ayudarles, les perjudicaría”, ya que en esta administración “gobiernan los prejuicios, complejos, inseguridades y miedos”.
Dijo que las protestas de los policías tienen un problema de forma y fondo y llamó a López Obrador y a Durazo a escuchar a los elementos para explicarles cuál es el papel que tendrán dentro del nuevo plan de seguridad.
Más tarde, en entrevista con Azucena Uresti en radio Fórmula, el secretario indicó que “supuso” el nexo del ex presidente porque uno de los representantes de los uniformados lo propuso como líder sindical: “Eso me permite suponer una cercanía entre esos inconformes y Calderón y eso fue lo que dije esta mañana”.
En tanto, 25 elementos de la Gendarmería, en Coatzacoalcos, Veracruz, manifestaron su rechazo a su integración a la Guardia y comisionados al Instituto Nacional de Migración en Acayucan dijeron estar bajo el mando del Ejército. En Querétaro, Chiapas y Oaxaca también se reportaron movilizaciones de agentes en respuesta a la convocatoria de paro nacional.
Como parte de los acuerdos están opciones de continuidad laboral en diferentes áreas del gobierno y que quienes deseen su indemnización se fijará el próximo sábado junto con integrantes de las secretarías de Hacienda y del Trabajo.
Luego de varias horas de negociación con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, se les informó que a partir del 1 de julio “ya no se va a pagar el bono de operatividad”, fijado en 9 mil 800 pesos y que en la última modificación presupuestaria bajó a 8 mil 200 pesos.
Con información de: Verónica Díaz, Israel Navarro, Francisco Mejía, Estrella Álvarez, Abraham Jiménez, y Óscar Rodríguez.
