La juez de control, Teresa Soto Martínez, consideró que hay bases para procesar a la referida como supuesta responsable en un esquema ilegal, según el cual se desviaron las cuotas cobradas a trabajadores del Poder Legislativo el año pasado, por concepto de pagos que deberían haber llegado al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), sin que los fondos alcanzaran las cuentas de ellos en esta dependencia.
En la sala 7 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se llevó adelante la audiencia respectiva este martes, en contra de la referida, quien en el periodo de abril a agosto de 2018, en su papel como presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo estatal, fue responsable, según la imputación, de detener la entrega de las cuotas señaladas al ICTSGEM, por más de nueve millones de pesos. En cambio, en esos meses, se repartieron, sin justificación alguna, cheques entre distintos diputados, expedidos por ella, por una cantidad similar.
Dicha repartición de dinero que presuntamente pertenecía a los empleados, también la alcanzó a ella misma, quien obtuvo a su favor dos millones 70 mil pesos, por la misma vía, sólo en ese periodo.
También se ventiló la entrega de cheques que, en su momento, la exdiputada Beatriz Vicera (este lunes aparecida en público para dar la cara y presumir su inocencia) se entregó personalmente, al menos cuatro veces, por 200 mil pesos, dos veces, y 170 mil, otras dos. En las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, apareció sustento documental de ese tipo de papeles bancarios que una a otra se expidieron, sin que en todos estos casos existiera causa legal alguna para el reparto.
A criterio de la juez Soto Martínez, Hortencia tenía la facultad de desviar los recursos de los trabajadores que deberían llegar al Instituto prestamista del gobierno morelense, y hay pruebas que sustentan la presunción de que ella se benefició por tal irregularidad, además de otros excolegas suyos en la Legislatura 53.
Vinculada a proceso, la exdiputada tiene prohibido salir del país, debe acudir a firmar mensualmente a la Unidad de Medidas Cautelares, no acudir al Congreso de Morelos ni al Instituto de Crédito, así como no acercarse a los diputados denunciantes y a quienes aparecen como testigos en la investigación.
Nerviosos, la imputada y su esposo, su abogado
Visiblemente nerviosa, especialmente después que se presentaban las pruebas en su contra, Hortencia "N" no tuvo un desempeño adecuado durante la audiencia de vinculación a proceso. Acompañada por el abogado Roberto Soto Castor (sin ninguna relación familiar con la juzgadora, también esposo de la acusada, y presa igualmente de la presión), en distintos momentos la exlegisladora fue reprendida por la juez, por pretender apoyarse en documentos con los que intentaba sustentar su defensa.
Tanto ella como Soto Castor (presuntamente especialista en el nuevo sistema de justicia penal adversarial), insistieron en que pudiera la acusada hacer uso de esa documentación, a lo que Teresa Soto Martínez les recordó que ello era incompatible en un sistema que se fundamenta en la oralidad.