Crece en Senado apoyo a ir por recurso ante la Corte contra ampliar gubernatura; a la par van por desaparecer poderes; constitucionalista apoya esa vía para dar marcha atrás; Baja California ejerció libertad soberana, defiende subsecretario de Segob
En el Senado de la República creció el respaldo de los partidos para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra del “albazo” legislativo en el Congreso de Baja California para aumentar de dos a cinco años el periodo de gobierno en esa entidad, en beneficio del mandatario electo, Jaime Bonilla.
Alejandra León Gastélum, legisladora del Partido del Trabajo (PT) por esa entidad, confirmó que la Cámara alta prepara una acción de inconstitucionalidad para impedir el cambio a la Carta Magna local, aprobado el 8 de julio pasado.
Detalló que todas las acciones de inconstitucionalidad se pueden presentar al mismo tiempo, “no es que si la presenta una ya no la pueda presentar otra, pero para eso también estamos los órganos legislativos y autónomos”.
“(Presidencia) es una de las instituciones que puede presentar la acción de inconstitucionalidad. Yo solicitaré a este Senado que también presentemos las acciones, además de la solicitud de la disolución de poderes en el estado de Baja California”, indicó.
Por separado, la panista Kenia López aseguró que la bancada blanquiazul respalda “sin duda” que la Cámara alta ejerza su facultad de control en materia del pacto federal y que, de ser necesario, decrete la desaparición de poderes en la entidad “para restituir el orden constitucional”.
“Es necesario reconocer que hubo una ilegalidad en Baja California, que hubo una irresponsabilidad y que, por supuesto, hay un tufo de corrupción que se tiene que resolver”, aseveró.
“Yo solicitaré a este Senado que también presentemos las acciones (de inconstitucionalidad), además de la solicitud de la disolución de poderes en Baja California”
Alejandra León
Senadora del PT
“Norma se puede revertir”. Por separado, el abogado constitucionalista José Óscar Valdés comentó que la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la vía para dar marcha atrás a la decisión del Congreso de Baja California.
“Lo que hicieron fue una reverenda p…, fue una corrupción tremenda, compraron a los diputados”, aseguró a La Razón el doctor en Derecho Constitucional.
Por ello, explicó que debería iniciarse un juicio político en contra de los 21 diputados que aprobaron la también llamada “Ley Bonilla”, y se tendría que castigar al gobernador del estado, Francisco Vega, a quien acusó de “negociar” la gubernatura con Morena.
- El Dato: La desaparición de poderes está normada por la fracción V del artículo 76 de la Constitución, cuya ley reglamentaria establece cinco causales.
“Bonilla fue su candidato y los diputados del PAN que votaron por la reforma son afines de Vega (…) Fue una negociación entre Francisco Kiko Vega y Morena, pero se les cayó”, insistió.
“No puedes modificar el principio de sufragio efectivo no reelección, y menos bajo el argumento de Morena, que no sabe derecho, y dice: ‘No, pues es mejor hacerlo en seis años’. El fondo del asunto es que está trayendo una reelección en la Constitución; eso es imposible, eso se va a caer. Hay bases para tumbarla sin problemas”.
Cuestionado respecto a la propuesta del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para desaparecer los poderes en Baja California, destacó que el Senado tiene todas las facultades para decretar esa medida porque la ampliación de la gubernatura fue “anticonstitucional”.
Ello, a pesar de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró que el tema no está sobre la mesa del Senado.
Manifestantes “toman” el Congreso de la entidad
Organizaciones de la socidad civil clausuraron simbólicamente con pancartas y bolsas con el signo de pesos el Congreso de Baja California, cuya personal se encuentra de vacaciones, en repudio a la ampliación de mandato del gobierno local de dos a cinco años.
Asimismo, exhibieron en una cartulina colocada en la entrada del recinto a los 21 diputados, a quienes calificaron como “traidores y corruptos”, y solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promover un juicio político contra ellos.
Por otra parte los inconformes acusaron que el gobernador electo, Jaime Bonilla, no cumple con el requisito de la nacionalidad mexicana, pues supuestamente cuenta con un acta de nacimiento de Estados Unidos.
Al mandatario electo también se refirieron a través de una pancarta colocada a un costado de la entrada al recinto legislativo, en la que se leía: “Bonilla, recuerda: No mentir, no robar, no traicionar”.
Los quejosos anunciaron que mantendrán un campamento al exterior del Congreso hasta el 1 de agosto, cuando inicie sesiones la próxima legislatura.