Se presentó una denuncia en su contra, así como del secretario técnico de la Comisión de Hacienda: PT
Sanciones van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación para volver a ocupar otros
Acusa Tania Valentina (PT) a Rosalina Mazari del (PRI), de no querer llevar ante las autoridades a funcionarios corruptos del gobierno anterior y de estarlos encubriendo. Foto: Oksana
Rosalina Mazari Espín incurrió en responsabilidad administrativa por “falta grave”; se ha presentado una denuncia en su contra, así como del secretario técnico de la Comisión de Hacienda del Congreso, por “esconder” cuentas públicas.
Diputados del Partido del Trabajo acudieron a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso; ahí, presentaron una denuncia por la comisión de una omisión, en la que presuntamente habrían incurrido la diputada del Partido Revolucionario Institucional y el contador Juan Santos Montes, presidenta y secretario técnico de la Comisión referida, respectivamente.
Durante la pasada legislatura, tuvo verificativo “una profunda y amplia reforma para instalar el Sistema Estatal Anticorrupción y adaptar el sistema jurídico al nuevo régimen de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores público”, lo cual fue publicado en el periódico 5514, del 19 de julio de 2017.
De esta reforma, entre otras cosas, se determinó que para sancionar faltas no graves que cometen servidores públicos en el ejercicio de su función, se aplicaría la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos. Pero, cuando las faltas sean graves, se aplicaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Pues bien, es el caso que, con base en esta Legislación, he acudido al órgano de control interno del Congreso, que en este caso está representado por la ESAF, quien tiene facultades para investigar, y de hallar fundada la denuncia, turnar el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa, para que imponga sanciones a los dos servidores públicos que he denunciado.
Las sanciones para estas conductas están señaladas en el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación para volver a ocupar otros cargos públicos.
Las conductas imputables a estos dos servidores públicos se resumen en lo siguiente:
La diputada Rosalina Mazarí y su secretario técnico encubrieron por dolo o negligencia a servidores públicos imputados por la ESAF, en los informes de resultados que le entregaron; la Comisión de Hacienda, en lugar de darles trámite y emitir un dictamen con efectos de declaratoria, lo que hicieron fue “guardarlos”.
Y acotaron: “Esto nos ha llevado a que el proceso de auditoría y fiscalización lleva entre 6 y 11 meses detenido, parado, sin avance, lo que no solo es desorganización u olvido, es a todas luces una forma de encubrir a otros servidores públicos, que hasta la fecha están muy campantes y tranquilos en sus casas”.
A esta forma de encubrimiento, se agregan otras faltas:
- Violaron el artículo 32 de la Constitución que, dice que en sus dos periodos de sesiones revisará los informes sobre la cuenta pública. En este caso durante todo un año solo presentó 5 y guardó 60, de forma injustificada y encubriendo por dolo o negligencia a otros servidores públicos.
- Violó el artículo 50 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas, al impedir que se cumpliera con lo que señala: “El Pleno conocerá de los informes de resultados presentados por el titular de la ESAF y luego los remitirá al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial”.
- Violó la Ley Orgánica del Congreso, pues sabiendo que la Comisión de Hacienda es rotativa y anual, se debió haber preparado para concluir su mandato y entregar buenas cuentas de su gestión y no lo hizo.
- De igual manera, hay que decirlo claro, nunca nos notificó a los integrantes de esta Comisión sobre la existencia de esos informes de resultados, y mucho menos cumplió con la disposición de nuestro reglamento en el sentido de dictaminarlas máximo en un plazo de 60 días.
Así, anunciaron que ya está presentada la denuncia. Adujeron que “nada es personal”.