El 2019, bautizado como el año de Emiliano Zapata, ha sido uno de contradicciones en relación a los activistas y defensores de la tierra y el agua en el país, pues además del asesinato y acoso contra personajes como Samir Flores, la puesta en marcha del PIM, se contrapone a los ideales y la lucha establecida por el Caudillo del Sur
En Amilcingo los muros cuentan historias. Con imágenes de la lucha revolucionaria que desde hace 100 años son testimonio permanente de la tierra que defienden y la libertad que persiguen, los sectores agrarios del estado de Morelos relatan su realidad, la realidad de Samir Flores.
“Podríamos hablar mucho sobre la vida ejemplar de Emiliano Zapata. Cada quien tiene su interpretación porque afortunadamente su pensamiento y su acción caló hondo, y como se repite en una consigna: ¡Zapata Vive!”, afirmó Andrés Manuel López Obrador durante su visita al municipio vecino de Ayala, cuna del Caudillo del Sur. Lugar en donde se declaró el 2019 como el año del General, en homenaje respetuoso al centenario de su defunción.
Sin embargo, en esa región del país, en donde las promesas del gobierno siempre han chocado con la realidad de sus acciones, y en donde la defensa histórica de la vida es un contrapeso permanente, fue en donde cayó Samir Flores Soberanes.
El activista y defensor de los derechos de los campesinos e indígenas de la entidad fungió hasta sus últimas horas de vida como uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), parte del Plan Nacional de Desarrollo que impulsa la actual administración.
Asesinado a las afueras de su casa el 20 de febrero del año de Zapata, el crimen hasta el día de hoy se mantiene impune.
“Hasta hoy, que casi se cumplen seis meses de su cobarde asesinato, no tenemos nada. Ningún avance del caso de Samir. El fiscal general del estado (Uriel Carmona Gándara) señala que hay algunas personas que no quieren declarar. En eso se excusan nada más” cuenta el maestro Jorge Velázquez, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA).
Sin embargo, el ataque contra el activista no lo borró de la historia, sino todo lo contrario, unificó la lucha de las comunidades en resistencia que ahora, con una convicción motivada por la indignación, el miedo y la opresión, se han reorganizado con el objetivo de bloquear los megaproyectos energéticos del Gobierno federal en el estado de Morelos de forma permanente.
Una lucha en donde los ideales del activista y líder comunitario, se mantienen tan vivos como los de sus predecesores.
La problemática entre AMLO y los pueblos originarios por la termoeléctrica se derivan del incumplimiento de sus promesas desde su época como opositor
Desarrollo del conflicto
Aunque la lucha de las comunidades del estado de Morelos tiene cuando menos una década de antigüedad –una oposición que data desde la presentación del proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la implementación de una planta termoeléctica de ciclo combinado en el municipio de Huexca, en el año 2009–, con la llegada de la administración del presidente López Obrador la tensión entre la comunidad y las autoridades escaló casi de forma inmediata.
Velázquez explica que la problemática entre AMLO y las organizaciones comunitarias se derivan del incumplimiento de las propuestas que el ahora presidente realizó desde su época como opositor. Prometiendo defender a las más de 60 comunidades que se verían afectadas con la activación del PIM.
Andrés Manuel López Obrador prometió en Yecapixtla hace cinco años que la termoeléctrica no se iba a echar a andar e hizo el compromiso de que (una vez siendo presidente) ese proyecto no iba a ejecutarse
- Jorge Velázquez
Miembro del FPDTA
En aquel 2014, López Obrador se comprometió a defender al pueblo de Morelos y se sumó a la resistencia contra la termoeléctrica de Huexca.
“No queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”, dijo.
Velázquez señala que ahora, ya con la investidura presidencial, AMLO se presentó en el municipio de Ayala –para la firma del decreto oficial para la conmemoración del año de Zapata– con otro discurso: el de la consulta popular para la puesta en marcha del megaproyecto. Una consulta que se realizó el 23 y 24 de febrero, y que en opinión de los habitantes de Amilcingo, generó un rechazo generalizado de las comunidades.
El 9 de febrero, el mandatario volvió a visitar la entidad, esta vez desde El Almeal en Cuautla. Allí, los integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, recuerdan el drástico cambio en el discurso oficial.
“Nos criminaliza, nos dice ‘radicales de izquierda’. Para él, nosotros éramos unos conservadores, neoliberales y así nos señala a todas las personas que estaban en contra del PIM”, asegura el representante popular.
Una semana después, el día 19, las contradicciones continuaron, esta vez en voz del superdelegado de Morelos, Hugo Eric Flores, quien fue confrontado por los dirigentes comunitarios, entre ellos Samir Flores Soberanes, quien exigió al representante de la 4T una explicación de los beneficios y justificaciones para impulsar el PIM.
“Ahí nos enteramos que lo que dice Andrés Manuel es totalmente mentira, porque se decía que el proyecto iba a ser de la nación y Hugo Éric nos confirma que el gasoducto es de una empresa particular”, indica el maestro Jorge.
Al otro día de la visita del superdelegado, cerca de las 5:45 am, el activista y comunicador de Amilcingo fue atacado a las afueras de su casa. Recibiendo varios impactos de bala que lo llevarían a perder la vida horas más tarde en el hospital comunitario de Jonacatepec.
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Con la frente en alto en la comunidad de Samir Flores
En Amilcingo la figura del activista Samir Flores se encuentra en cada rincón; desde las paredes en donde su rostro sonriente celebra la lucha de los pueblos, hasta en el nuevo nombre de la escuela primaria de la comunidad.
Su imagen despierta recuerdos entre los vecinos que hablan de Samir como si no hubiera muerto; como si jamás le hubieran disparado.
Diversos integrantes de la comunidad donde vivía Samir recuerdan al defensor de Derechos Humanos como un hombre que les dejó grandes lecciones
A unos cuantos metros del camino donde fue abatido, sobresale una carpa con ladrillos y arcilla a su alrededor. “Aquí va a ser la casa de Samir”, indican los vecinos y amigos de la comunidad que tienen el objetivo de levantar una construcción para la familia del activista para finales de este mismo año.
Al centro de ese terreno ahora vacío, una mujer joven limpia las hierbas y la maleza.
Se trata de Liliana Velázquez, quien interrumpe su actividad para describir el proceso de búsqueda de justicia por el asesinato de su esposo.
“Ha sido incómodo. Lamentablemente con el único que tuvimos un acercamiento fue con el fiscal (Carmona Gándara) en Cuernavaca, que nos mandó a traer porque quería platicar con la familia”, afirma.
A los dos meses del ataque, las autoridades se comprometieron con Liliana a buscar justicia, sin embargo, conforme avanzó el tiempo, el apoyo que se le brindó en un principio se convirtió en silencio.
“El día que nosotros fuimos a exigirle una respuesta de los avances de la investigación, nunca nos dio la cara. Y dijo que se comprometía a agarrar a quienes cometieron este crimen, ‘cayera quien cayera’”, cuenta Velázquez.
Durante el medio año que ha durado el proceso de investigación, tanto la dinámica familiar como la propia comunidad han evolucionado. Pasando de la inseguridad y la presión, hacia el valor y la dignidad como armas para enfrentar la realidad en la que viven.
Cuando pasó todo esto, sí me daba miedo; pensaba que todos me iban a voltear a ver en la calle. Pero después dije ‘bueno, por qué tengo que salir con ese miedo o vergüenza. No, yo tengo que salir con la cara levantada porque yo sé la persona que era Samir. Sé qué hombre fue y sé que no mataron a un delincuente o a un criminal. Él ni armas cargaba, era una persona transparente y su única arma era su palabra, que fue la razón… fue lo que no pudieron callar
- Liliana Velázquez
Esposa de Samir Flores
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Samir Flores Vive
Así como Liliana piensa en su esposo como una persona que tuvo una convicción de participación política activa para la defensa de su pueblo, diversos integrantes de la comunidad recuerdan al defensor de Derechos Humanos como un hombre que dejó grandes lecciones.
En la estación de radio Amiltzinko 100.7 Fm, se despliega un mural con imágenes de resistencia; Zapata, Flores Magón y los encapuchados del EZLN.
Entre ellos ya se encuentra la imagen de Flores Soberanes, quien fundó el proyecto de comunicación comunitaria cinco años atrás.
“Lo que costó más trabajo fue que la gente creyera que en realidad iba a haber una estación que iba a estar al aire. Al principio decían que Samir estaba loco, que no iba a hacer nada y que era imposible tener una radio en el pueblo”, señala Leonel Pérez Mendoza, locutor comunitario y fundador de “Radio Bocina”, el primer proyecto de radio en Amilcingo.
En la actualidad, tanto él como otras 15 personas mantienen el proyecto de comunicación en honor a Samir Flores, pues aunque saben perfectamente que la dinámica nunca más será igual sin él, uno de sus deseos en vida fue que la radio se mantuviera activa.
“Decidimos que no lo íbamos a dejar caer. Él era una persona muy especial para nosotros porque nos enseñó a defendernos. Nos decía que si lo llegaban a detener, nosotros siguiéramos adelante. ‘No pasa nada, ustedes échenle… por cualquier cosa que me llegara a pasar, ustedes adelante y con la frente en alto’”, recuerda que les decía.
Para la familia de Samir Flores, la búsqueda de justicia por su asesinato ha resultado en puras promesas vacuas por parte de las autoridades de Morelos, quienes hasta la fecha siguen sin presentar avances en la carpeta de investigación
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Herramientas de presión
Tras el homicidio de Samir Flores diversas organizaciones indígenas a nivel nacional se sumaron a la lucha por la búsqueda de justicia, convirtiendo al activista en un auténtico referente de integración en los movimientos por la defensa del agua, la tierra y libertad de las comunidades desprotegidas.
Sectores en estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas se han unido a las marchas nacionales para pedir al Gobierno federal transparencia y acciones efectivas en el caso de Samir Flores, pero también una mayor apertura para escuchar y atender las visiones de los pueblos originarios del país.
Las comunidades en resistencia a los megaproyectos no se oponen al desarrollo, sino que buscan promover el diálogo constructivo y el respeto a la autonomía de los pueblos
Sin embargo, la respuesta ha sido omisa y en su lugar México se enfrenta contra una realidad de violencia que, de acuerdo con el observatorio mundial Global Witness, lo coloca en el lugar numero cuatro de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, siendo el 80 por ciento de las víctimas de homicidio registradas en este rubro de origen indígena.
En su comunicado del pasado 13 de agosto, el Subcomandante Galeano (otrora Marcos) lanzó una crítica contra la respuesta de las autoridades ante estos actos de represión.
“Los radicales de izquierda que, para mí, no son más que conservadores” (AMLO dixit), son advertidos por los sicarios que balearon a Samir Flores Soberanes. Y seguirá luego el lavado de manos: Trump condenará la masacre de El Paso, Texas, y López Obrador dirá, mientras departe con empresarios, que se investigará el asesinato de Samir”, apuntó el dirigente del EZLN.
La indignación por los altos niveles de violencia contra los activistas del país generó una corriente de solidaridad entre las organizaciones campesinas en diversos estados, quienes exigen respeto a la autonomía de los pueblos y un alto al hostigamiento
En el caso de los opositores del Proyecto Integral Morelos, las herramientas de hostigamiento pasaron ya al terreno legal, pues la CFE interpuso una demanda por daño moral a dos de los voceros del FPDTA: Teresa Castellanos y Jaime Domínguez, quienes son acusados de vandalizar con pintas la termoeléctrica de Huexca.
“La CFE los acusa por una manifestación del 10 de abril que inició en Chinameca. Muchas personas del país llegaron y expresaron la rabia que causa este proyecto a nivel nacional por el asesinato de Samir. Lo confesamos: sí les gritamos ‘asesinos’ porque consideramos que ellos son los responsables y eso fue lo que hicimos”, afirma Juan Carlos Flores, abogado de la organización.
De acuerdo con su testimonio, la CFE está demandando a los activistas por un total de 69 mil pesos por los daños causados.
Para Teresa Castellanos Ruíz, la campaña de criminalización contra los activistas del país va en crecimiento, por lo que instó a las mismas autoridades a controlar el asunto y comprender que las comunidades en resistencia no se oponen al desarrollo, sino que buscan promover el diálogo constructivo y el respeto a la autonomía de los pueblos.
“Este gobierno sólo simula porque dice estar con el pueblo, pero por atrás está traicionándolo… aunque ahora lo está haciendo muy de frente. Creíamos que íbamos a tener voz y voto con esta administración, pero resulta que está peor”.