En la ESAF laboran parientes de Naida Josefina Díaz,José Galindo, Keila Figueroa y Blanca Nieves Sánchez, entre otros
En marzo se renovaron 21 cargos y no cumplieron con los términos establecidos por la ley: “Morelos Rinde Cuentas”
Roberto Salinas, del centro de investigación “Morelos Rinde Cuentas”, evidenció que diputados “colocaron” a parientes en la estructura de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, sobreviniéndose un “conflicto de intereses”. “Han preferido el nepotismo, al poner a un familiar de la legisladora Naida Josefina (Díaz Roca) y asesores…”.
Así, comunicó que el Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal, Uriel González Sotelo -en funciones de Auditor General- y el Congreso, han omitido cumplir con el artículo 84, párrafo segundo de la Constitución morelense: “para la consecución de sus objetivos, la ESAF contará con un Servicio Profesional de Auditoría…”.
En un documento que ese organismo proporcionó a este rotativo, se determina que en esa instancia trabajan personas cercanas a los siguientes congresistas: José Galindo Cortés (Laura Bahena Díaz, que no tiene cédula profesional); Keila Celene Figueroa Evaristo (José García Noguerón); Blanca Nieves Sánchez Arano (Óscar Alejandro Narváez Barragán; sin cédula también). Todos estos, asesores.
Precisó que: “en marzo pasado se renovaron 21 cargos en la Auditoría y se omitió seleccionar al personal en los términos que marca la constitución; incluso, fueron beneficiados asesores y familiares de diputados”.
Por ende, adujo: “hacemos un llamado al Congreso a transparentar la Auditoría y principalmente el proceso de designación del Auditor General, reponiendo un proceso con total transparencia y participación ciudadana para que la Auditoría SÍ funcione para los morelenses y no para unos cuantos”.
Agregó que, si bien el encargado de despacho de la auditoría ha realizado nombramientos amparado en el artículo 76, fracción VI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, “violó” el 84 de la misma normatividad.
Salinas insistió en que se trata de un tópico que “viola la constitución y no aplica el Servicio Profesional de Auditoría, de no hacer procesos de concurso para asignar cargos”.
Cabe decir que, desde noviembre del año pasado, ese organismo auditor permanece acéfalo. Salinas ha expresado que lleva trabajos pendientes que datan desde el 2011; es decir, tiene un atraso desde entonces. Los legisladores no se ponen de acuerdo aún para designar a su titular, porque no han establecido el consenso correspondiente.