Evalúa Impunidad Cero a FGE, ciudadanos no denuncian por falta de resultados; hay pocas carpetas y pocos ministerios públicos para atenderlas
La impunidad por homicidios dolosos en Morelos alcanzó el 99.4 por ciento, de acuerdo con el estudio Índice de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019 de la organización Impunidad Cero, en el que se establece que si bien la General de Morelos ha mejorado ligeramente su desempeño, padece la falta de recursos materiales y humanos, baja confianza ciudadana una alta cifra negra, que provocan una probabilidad de resolver los delitos de apenas 1.2 por ciento.
Los indicadores de impunidad en homicidio doloso y el porcentaje de sentencias de menos de tres años incorporan información importante al índice, ya que permiten evaluar la persecución y la aplicación de sanciones para los delitos de alto impacto.
De acuerdo con el úiltimo estudio realizado, Morelos y Oaxaca se mantienen en el último lugar, con una impunidad de 99.4 por ciento, seguidos de Guerrero (98.2%), Chiapas (97.1%) y Baja California Sur (96.9%).
Delitos menores, los más juzgados
Evaluar la distribución de sentencias según el tiempo en prisión permite inferir el tipo de delitos que se están sancionando, ya sea en juzgados y tribunales, dado que los códigos penales suelen imponer sanciones mucho más severas, en términos de tiempo en prisión, para los delitos de alto impacto; esto significa que los delitos que se están llevando ante los jueces son, en mayor proporción, delitos menores y no aquellos de alto impacto como el homicidio doloso y delitos con violencia, que tanto afectan la integridad física y patrimonial de las personas, así como la percepción de inseguridad, señala el documento, que advierte:
En Morelos solo el 24.3 por ciento de sentencias son para delitos menores a tres años, de lo que se infiere que la política de combate al crimen se ha focalizado en delitos de alto impacto, ya que más del 75 por ciento de sus sentencias condenatorias son por más de tres años.
Una de las claves para medir los resultados de las fiscalías y procuradurías del país es la efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas, resalta el texto:
No sólo basta con una alta tasa de efectividad de investigación, sino que una vez que se ha identificado un posible responsable, es necesaria su detención para continuar con el proceso judicial.
A este respecto, la cifra de efectividad estimada en el Índice 2018 para el estado de Morelos es de 57.5 por ciento.
En el estudio realizado de Impunidad Cero se analiza el número de ministerios públicos y fiscales por cada 100 mil habitantes que tiene cada entidad. Según información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Índice 2019, Morelos tiene 11.3 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes; es decir, cada MP tiene 8 mil 8499 habitantes por atender.
En cuanto al presupuesto per cápita en procuración de justicia, la Ciudad de México se sitúa nuevamente en primer sitio, con un presupuesto de 740.57 pesos promedio por habitante, mientras que a la entidad sólo se le asignan 186.32 pesos por habitante, lo que la convierte en el quinto peor de la república, de acuerdo con el documento.
Respecto a la carga de trabajo promedio por ministerio público, Baja California es la entidad donde se observa una mayor saturación, con 365 asuntos atendidos al año: uno diario. En Morelos, cada MP atiende solo 52.4 asuntos al año.
Fiscales, en la mira de Diputados
Para este segundo año legislativos, diputados pretenden retomar la remoción de los fiscales general y Anticorrupción al no cumplir con los requisitos de ley para ostentar el cargo, así como podrían analizar también el perfil de la fiscal Antisecuestros y todos los integrantes del Sistema Judicial en Morelos.
El legislador independiente José Casas González refirió que si bien el proceso que impulso el año pasado sigue en la congeladora por intereses de algunos de sus compañeros, insistirá en este nuevo periodo se pueda analizar la situación jurídica tanto del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez y la fiscal Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández, respecto a si cumplieron ya con sus exámenes de Control y Confianza.