Recuerdan el origen de la extensión del periodo de 14 a 20 años, ya revocado
Se mantiene el grupo disidente en su postura de insistir en la salida de quien sigue pretendiendo encabezar el Poder Judicial
El magistrado Ruben Jasso, del grupo de Cuevas López, argumenta que sus colegas incurren en situación ilegal
Para el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, la insistencia en la permanencia de María del Carmen Verónica Cuevas López, al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), "es un capricho de poder, resultado del pago de favores de la anterior administración", que encabezó Graco Ramírez. Lo anterior, al ser cuestionado sobre el estado que guarda actualmente el Poder Judicial, y la incertidumbre sobre la titularidad al frente de dicha institución.
Arenas Ángeles expresó que es imperativo que se haga cumplir lo que marca la ley, puesto que sería “un gran ejemplo para la sociedad, sobre que nosotros también estamos sujetos a las normas”.
El magistrado aseguró que la “extensión que se dio por la pasada administración, fue solo un intercambio de favores”, que se hicieron para agradecer a María del Carmen, haciendo hincapié en que, por el bien institucional, ella debe apartarse de su cargo como presidente del Tribunal, para darle continuidad “en paz” al proceso de suspensión sobre el decreto.
Antes, el decano de los actuales magistrados del Poder Judicial, Andrés Hipólito Prieto aseguró que "María del Carmen Cuevas López tiene que sujetarse a la ley, puesto que se decretó su salida... dejó de ser magistrada y presidenta a partir de las 00:01 horas del día miércoles 11”.
Hipólito Prieto señaló que se debe tener congruencia, y que se debe anteponer el bienestar y buen funcionamiento del Poder Judicial. En tanto, su colega, Bertha Rendón, confirmó que “efectivamente hay una división dentro del Tribunal, lo cual no debería existir”.
En el mismo sentido, el magistrado Jorge Gamboa aseguró que existe una parálisis administrativa dentro del Poder Judicial, pues no se ha cumplido a los trabajadores con el pago correspondiente a esta quincena, lo cual ha generado incertidumbre y malestar entre los empleados. Externó su preocupación por esta situación y acusó de responsable a la presunta magistrada presidente, por no acatarse al decreto publicado el pasado martes, que la dejaba fuera del cargo.
Los magistrados llamados disidentes, ante la gestión de Cuevas López, mantienen su postura de desconocerla como cabeza del Poder Judicial. Pese a que no han logrado aún el quórum necesario para llevar a cabo una sesión de Pleno, seguirán insistiendo para convencer a otros homólogos a fin de nombrar a quien sustituya a quien se amparó para quedarse en la presidencia del TSJ.
En tanto, el magistrado Rubén Jasso Díaz, identificado con el grupo de Carmen Cuevas López, aseguró que las sesiones de Pleno que pretenden realizar sus colegas contrarios a la referida "al no estar facultados ellos para emitir la convocatoria, carecen de legalidad y legitimidad".
Tras la vorágine suscitada la semana pasada en torno a la legitimidad y legalidad de la suspensión concedida por un juez federal hacia Cuevas López, presunta magistrada presidente del TSJ, para que los efectos del decreto publicado el pasado 10 de septiembre no le afectasen, Rubén Jasso señaló que su condena a las sesiones referidas se basa en los lineamientos y estatutos que rigen los actos y las conductos dentro del Poder Judicial.
Con base en lo anterior, recordó que solo el Presidente el Tribunal está facultado para poder llevar a cabo la convocatoria, por lo cual, sus homólogos, al ser convocados por alguien “sin la autoridad para tal hecho”, están incurriendo en una falta, que por la reiteración del mismo, puede constituirse como un “desacato a la orden federal”.
Jasso Díaz señaló que el único acto que, de materializarse, puede considerarse como ilegal es que tras la convocatoria al Pleno, por parte de los magistrados contrarios a Cuevas López, se lograse “la asistencia del número suficiente para tener quórum”, que en este caso son 11 los funcionarios requeridos.
La agravante, en caso de que suceda, es que instalada la sesión de manera oficial, “se nombre a un presidente del Tribunal”, lo cual sería, en todo sentido un desacato directo a la suspensión otorgada por el juez federal y que conlleva una acción penal en contra de los participantes.