A dos años del 19-S, las obras en beneficio de los damnificados en el estado están rezagadas, mientras algunos recursos siguen congelados
Pasadas las 13:00 horas del 19 de septiembre de 2017, los alumnos se alistaban para salir de la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlaltizapán, cuando comenzó a sacudirse la tierra.
Los techumbres de la cancha de futbol y del espacio para rendir honores a la Bandera se cimbraron, mientras los salones de laboratorios crujían y comenzaron a agrietarse.
Durante ese sismo, la maestra María Isaías Vázquez Antonio y sus compañeros sacaron a tiempo a los alumnos del laboratorio porque enseguida colapsó una pared.
Los meses siguientes tomaron clases en carpas y en la cancha techada que logró mantenerse en pie. Fue hasta 2018 cuando se construyeron dos salones nuevos y han ido normalizando sus actividades tras el trágico día.
Además de la secundaria Lázaro Cárdenas, el gobierno de Morelos registró mil 341 planteles afectados por el terremoto del 19-S, en su mayoría de educación básica, de un total de mil 837 escuelas en el estado.
En el último año del gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), se reportó un avance físico de cumplimiento de contratos de entre 10% y 15%, y un progreso financiero de 30%, lo que significó un rezago significativo.
El terremoto dejó 2 mil 900 familias damnificadas, entre 15 mil y 20 mil persona s, de acuerdo con cifras oficiales de la entidad.
Es decir, “el ejercicio económico no correspondía con el cumplimiento del objetivo del calendario de obra”, de acuerdo con el actual gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en la revisión de los recursos para atender los daños.
En agosto pasado, el secretario de Educación local, Luis Arturo Cornejo Alatorre, informó que había un avance físico global de 98%, con mil 249 planteles entregados y 92 en proceso, con diferentes grados de deterioro.
De estos 92 planteles en proceso, detalló, 75 podrán estar en condiciones para que sean ocupadas las aulas por todos los alumnos, aunque en algunos casos se mantengan en fase de atención a detalles, “con lo cual quedarían 17 en proceso adicional de conclusión”, según el reporte oficial.
Los hogares
En la evaluación gubernamental se reconoce la participación de maestros, padres de familia, alumnos, sociedad civil y gobierno, además de las fundaciones Hogares, Bancomer, Carlos Slim y Happy Hearts, para levantar aulas escolares y casas devastadas por el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre.
En números oficiales, el terremoto provocó la muerte de 74 personas en 14 de los 33 municipios y, de acuerdo con los gobiernos federal y estatal, el movimiento telúrico dejó más de 30 mil viviendas deterioradas.
Sin embargo, la atención para las casas siniestradas no fue la misma que en el sector educativo, puesto que a dos años de la tragedia, hay familias que siguen habitando en carpas y edificios derruidos, a pesar del riesgo, y a la espera de los apoyos oficiales.
El organismo descentralizado Unidos por Morelos —creado por el gobierno de Graco Ramírez para atender a las familias que por distintas razones quedaron fuera del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)— no ha sido el respaldo que los damnificados esperaban para aminorar su tragedia, pues este órgano es auditado ante la sospecha de desvíos de recursos.
Alexis Ayala Gutiérrez, coordinador operativo de Unidos por Morelos, explicó que el terremoto afectó a 31 mil 90 viviendas, de las cuales el grupo atendió 15 mil 504, y el resto —es decir, 15 mil 586—, contaron con apoyo del Fonden.
Doña Engracia perdió su casa en el 19-S y el único apoyo que ha recibido es la construcción de un techo con láminas de asbesto para cubrirse de las lluvias.
De las viviendas beneficiadas, 13 mil 592 presentan daño parcial y mil 912, desperfectos totales.
En Jojutla, el municipio donde hubo 27 víctimas y tuvo los mayores daños en casas-habitación, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante (Morena) no aguantó la espera prometida del gobierno federal y envió un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la liberación de los recursos a través de las tarjetas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que la dependencia entregó en marzo.
Flores Bustamante afirmó que la Conavi sólo entregó 219 tarjetas para las 2 mil 900 familias afectadas y, de éstas, todavía no habían entregado la primera parte del apoyo para reconstruir sus hogares.
“Las cifras que tenemos son de 2 mil 900 familias damnificadas, hablamos de entre 15 mil y 20 mil personas, y ante la falta de fluidez hicimos la solicitud ante el presidente Andrés Manuel López Obrador”, recordó.
La respuesta de Presidencia fue rápida y, en reunión con David Cervantes, responsable de la reconstrucción a nivel nacional, se comprometió a que antes de este 19 de septiembre se apoyaría a 400 familias del municipio, y a que al final del año se entregarán más, para sumar 700 familias beneficiadas en el primer año de gestión de López Obrador.
Pero también se han presentado casos de fraude a damnificados, pues, de acuerdo con el edil morenista, hay alrededor de 80 denuncias en la fiscalía del estado contra algunas empresas que los engañaron con la promesa de construir sus viviendas, les pidieron sus tarjetas del Fonden, pero nunca realizaron las obras.
En el caso del palacio municipal, derruido en su totalidad, Flores Bustamante explicó que la Secretaría de Cultura federal aprobó 5 millones de pesos para la reconstrucción del inmueble histórico, pero la Secretaría de Hacienda impide la liberación de los recursos debido a que la administración anterior (2015-2018) dejó un adeudo por 9.5 millones por concepto de ISR e IVA.
“Pues no tengo casa”
Engracia Ocampo Hurtado tiene 85 años de edad y sigue habitando un rincón de la hacienda vieja, situada frente al ingenio azucarero Emiliano Zapata. Su “casa” esta rodeada de gallinas y conserva la misma cama donde la sorprendió el sismo hace dos años.
“Estaba acostada cuando llegó el temblor, estaba mi hija todavía: ‘¡Mamá, sálgase, está temblando!’, me dijo, pero yo no puedo caminar y por eso me sacaron. Desde entonces perdí mi casa, me vinieron a entrevistar y me dijeron: ‘¿Usted, señora, qué pide?’... ‘¿Pues qué quiere que pida?, pues no tengo casa’, les dije”, contó.
Se cayó su hogar y el único apoyo que ha recibido es la construcción de un techo con láminas de asbesto para cubrirse de las lluvias.
“Les pedí que me dejaran vivir aquí porque nos dicen que nos van a mandar quién sabe hasta dónde. ¿Cómo nos vamos a ir, si mi hija ya hizo el gasto aquí. Yo me quisiera quedar aquí, pues qué le hago. Primeramente Dios no va a pasar nada”, dijo.
María Elena Vargas Cedillo vive en la colonia Emiliano Zapata, llamada zona cero por el daño que dejó el sismo.
Su casa casi esta acabada, pero sus vecinos no tuvieron la misma suerte. A dos años viven en casas de campaña y otros pagan renta cerca de sus predios en espera del apoyo oficial.