El secretario técnico del Congreso, informó que este expediente es “imposible” de proporcionar
La información es “reservada”, porque ponen en “riesgo la vida, salud y seguridad de los beneficiarios
La Comisión del Trabajo del Congreso local oculta información sobre las denominadas pensiones “doradas”, que la anterior legislatura otorgó a familiares e incondicionales (avalando documentación apócrifa).
Mediante una solicitud de transparencia, que respondió Leonardo Bustos Fuentes, secretario técnico de dicho órgano –presidido por la diputada preside Tania Valentina Rodríguez Ruiz-, se informa que ese expediente es “imposible” de proporcionar; argumentan que es “reservada”, porque se pone en “riesgo la vida, la salud y la seguridad pública” de los beneficiarios. Y, más adelante, en el mismo documento, exponen que esas personas: “… durante las gestiones desempeñaron los altos cargos como funcionarios públicos dentro de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos, durante el sexenio pasado, tal y como es del dominio público”.
Esgrimen la justificación que estos datos se sitúan en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, cuando, de acuerdo a sus funciones, es la Comisión la que lleva el caso de esos beneficios, que alcanzaron a funcionarios de primer nivel, en el régimen de Graco Ramírez Garrido.
De acuerdo a la organización “Morelos Rinde Cuentas”, algunas de las canonjías descritas ascienden a 37 mil y hasta 128 mil. El gasto mensual oscila en cerca de seis millones de pesos al mes (aun cuando ya se abrogaron algunos decretos). Integrantes de este Parlamento, en sus inicios, hace un año, “prometieron” echar marcha atrás con las pensiones; sin embargo, no hacen públicos los nombres de los beneficiarios. Se sabe que, en algunas especificaciones, se utilizaron documentos falsos, que provenían del municipio de Puente de Ixtla. Debido a los atrasos en los temas de la agenda del parlamento, no se ha retomado este tema.
De esta forma, el Congreso “viola” el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. El artículo sexto de la Constitución Federal, en su apartado A, estableció las bases generales, tutelando los derechos humanos, siendo de observancia general para los órganos garantes tanto federal como de los estados.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina, en su precepto dos, lo siguiente:
“Toda la información en posesión de los poderes públicos estatales, autoridades municipales, organismos públicos autónomos creados por esta Constitución, organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal, partidos políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o sindicatos que reciben y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal y, en general, de cualquier órgano de la Administración Pública del Estado es pública y sólo podrá ser reservada”.