Samuel Sotelo mencionó que el proceso de juicio político no llega hasta los extremos de llevar a la cárcel a los ex funcionarios señalados
En representación del Gobierno Estatal, el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, acudió este viernes a la Coordinación de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del exgobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y exfuncionarios de la administración del periodo 2012-2018.
Samuel Sotelo Salgado, acudió a la Coordinación de Oficialía de Partes del Congreso del Estado
Detalló que dicha petición documenta la omisión de ministración de recursos hacia dos organismos autónomos estatales, tales como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.
Funcionarios cercanos a Graco viajaron en dos jets privados hacia Estados Unidos
Refirió que además del exmandantario estatal, en estas dos demandas por diversos hechos se señala a los extitulares de las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría durante ese año, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.
Sotelo Salgado precisó que los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.
El consejero Jurídico sostuvo que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si es que procede; además, puede dar lugar a otras sanciones de responsabilidad administrativa e incluso penal.
Asimismo, explicó que la ley establece un periodo de un año, después de la separación del cargo del funcionario para presentar este tipo de requerimiento, señalando que el gobierno actual se encuentra dentro del plazo para cumplir con esta obligación.
Finalmente, el funcionario estatal mencionó que el proceso de juicio político no llega hasta los extremos de llevar a la cárcel a los ex funcionarios señalados; sin embargo, faculta a la autoridad correspondiente para que puedan dar vista al Ministerio Público y, de existir conductas delictivas, también se sancione en la instancia penal.