Hay “resistencia” para vincularlos a proceso, asegura el consejero jurídico
Desde la oficina de Juan Salazar existe el “compromiso” de protegerlo, precisó el funcionario
En dicho Ministerio Público se han presentado más de 60 denuncias; menos de la mitad ha sido atendida
El consejero jurídico del Gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que hay elementos que responsabilizan al exmandatario estatal y exfuncionarios en varios de delitos.
Desde la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción (FECC) existe “el compromiso” de proteger al otrora gobernador Graco Ramírez y a sus excolaboradores, aseguró el consejero jurídico del Gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado.
En entrevista, afirmó que hay elementos que responsabilizan al exmandatario estatal y exfuncionarios en varios de delitos; sin embargo, en esa institución existe “resistencia” para vincularlos a proceso penal.
“Hay gente que está protegiendo al exgobernador del estado. No puedo decir nombres, pero hay una resistencia en hechos totalmente claros que deberían ser judicializados y hay una resistencia a judicializar esos asuntos; hay hechos concretos clarísimos donde no existe ninguna duda a la disposición a ciertos recursos en lo que resultó beneficiado directamente “, aseguró.
De acuerdo con el funcionario estatal, “simplemente no quieren judicializar las carpetas de investigación. Hay algunas denuncias en la Fiscalía que de planono avanzan porque, según ellos, no hay elementos, cuando en realidad están debidamente acreditados los hechos”.
Además, Sotelo Salgado, reveló que más de la mitad de las denuncias presentadas contra el ex gobernador perredista y sus colaboradores están detenidas, y no ha sido judicializadas por la Fiscalía Anticorrupción con el argumento de que no existen bases para vincular a proceso.
En un año, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción más de 60 denuncias contra exservidores públicos de la gestión del perredista, por los delitos de peculado, tráfico de influencias, posible enriquecimiento ilícito, uso indebido de los recursos públicos y triangulación de recursos.
Igualmente, consideró que se “entiende el interésy el compromiso” de “blindar al exgobernador” desde la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción y en el propio Poder Judicial.
El fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, fue consejero jurídico en el sexenio de Graco Ramírezy, aunque renunció, fue propuesto por el exmandatario como titular del ente que hoy dirige.
Al momento del cierre de esta edición, no se conocía de alguna respuesta a estos señalamientos por parte de Salazar Núñez, quien ha mantenido una relación ríspida con la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo.