Está bajo el resguardo de la Secretaría de Asuntos de Servicios Legislativos y Parlamentarios, informan
La recibió Ana Cristina Guevara Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano; afirma que ya no la cobra
El expediente de la pensión “dorada” a la que se hizo acreedora Ana Cristina Guevara Ramírez, antes de ser diputada del Partido Movimiento Ciudadano, “no se encuentra en esta área”, respondió -vía oficio- la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado.
Por medio de una solicitud de transparencia, Leonardo Bustos Fuentes, secretario técnico de ese órgano, manifestó que la jubilación “dorada” de la ahora congresista no puede darse a conocer, al aducir que la Comisión “… está imposibilitada para proporcionar cualquier información relacionada al tema
Asimismo, informa que la elaboración del dictamen correspondiente “y el expediente que se formó con base a la solicitud de pensión por jubilación” está bajo el “resguardo de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios”. Cabe decir, al respecto, que la hoy parlamentaria fue beneficiada con ese elemento y, en su momento, adujo que había renunciado a la adquisición de esos recursos; sólo se ceñía a su sueldo de diputada.
Sin embargo, no es la única información que ocultan en el Congreso; recién, tampoco quiso dar pormenores en torno al expediente íntegro de las denominadas jubilaciones “doradas”, porque se “pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad pública de las personas involucradas”.
Todo lo anterior, fue por instrucciones de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien aún se ostenta como presidente de la Junta Política y de Gobierno. Bajo la misma solicitud de información, se destaca que cada integrante de este parlamento número 54, obtiene un salario mensual de 63 mil 852 pesos con 88 centavos.
Es preciso exponer que las jubilaciones de esta naturaleza se destinaron, a partir de la anterior legislatura, a incondicionales, familiares y colaboradores cercanos de los diputados; en algunos casos, como es del conocimiento de la opinión pública, con documentación apócrifa, que provenía, en gran medida, del ayuntamiento de Puente de Ixtla. En abril de este año, el Pleno abrogó alrededor de 24, argumentando “irregularidades”; entre éstas, está la exsecretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez y otros funcionarios del régimen anterior.