La institución respondió, asegurando que “siempre actúa en apego a derecho y autonomía”
Después de que fuera señalada como quien “obstaculiza y facilita” desahogo de procedimientos vs exfuncionarios
Después de que en días pasados la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) fue señalada como quien “obstaculiza y facilita” el desahogo de los procesos judiciales en contra de funcionarios de la administración de Graco Ramírez, la institución respondió esta mañana, asegurando que “siempre actúa en apego a derecho y autonomía”.
Lo anterior, a raíz de los señalamientos que realizó la semana pasada el consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, sobre que “más del 50 por ciento de las cerca de 60 denuncias presentadas contra los ex colaboradores de Graco no han sido judicializadas.”
Por lo cual la institución a cargo de Juan Jesús Salazar Núñez aclaró que “en el proceso de procuración e impartición de justicia, [se] debe investigar a partir de las denuncias presentadas, aclarando que no se actúa bajo consignas, ni presiones”, aludiendo al funcionario del Poder Ejecutivo.
El comunicado compartido por la Fiscalía señala que la individualidad de cada proceso se debe respetar, por lo cual señaló lo siguiente: “se respeta el debido proceso, cumpliendo cada etapa de éste, conforme a los plazos establecidos en la legislación.”
A manera de respuesta hacia el Asesor Jurídico del Ejecutivo Estatal, la institución plasmó lo siguiente, de manera directa: “cabe señalar, que el ofendido puede solicitar el auxilio judicial para que se verifiquen las actuaciones de esta representación social”, indicando, de manera implícita a Samuel Sotelo, que tiene la libertad de interponer su queja y así poder solicitar el estatus de avance de cada investigación.
“Así lo establece la fracción XXI del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual indica que es un derecho de la víctima “impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público...”, citó la fiscalía.
La institución asegura que los dictámenes de la autoridad judicial se dan a partir de la intervención de cada parte, tanto de las víctimas como de los que acusan, en donde cada parte integran y expresan datos y medios de prueba, por lo cual señala la fiscalía lo transcrito a continuación: “más aún, el asesor de la víctima participa activamente en el proceso y tiene acceso a las carpetas de investigación, incluso puede aportar e impugnar resoluciones de la Fiscalía.”
Finalmente la Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso de trabajar con diligencia y ética en sus labores en contra de la corrupción, dejando de lado los tintes políticos que “se puedan tener”, lo que señala con el siguiente texto: “siempre actúa con transparencia, legalidad e independencia de posturas políticas.”
Cabe señalar que en días se publicó una entrevista al Asesor Jurídico, quien aseguró que desde dicha fiscalía existe “el compromiso” de proteger al otrora gobernador Graco Ramírez y a sus ex colaboradores.
“Hay gente que está protegiendo al ex gobernador del estado, no puedo decir nombres, pero hay una resistencia en hechos totalmente claros que deberían ser judicializados y hay una resistencia a judicializar esos asuntos; hay hechos concretos clarísimos donde no existe ninguna duda a la disposición a ciertos recursos en lo que resultó beneficiado directamente “, aseguró Sotelo Salgado.
De acuerdo con el funcionario estatal, “simplemente no quieren judicializar las carpetas de investigación, hay algunas denuncias en la Fiscalía que de plano no avanzan porque, según ellos, no hay elementos, cuando en realidad están debidamente acreditados los hechos”.
Apunta directo y sin temor
la Fiscalía Anticorrupción
Horas más tarde, en letras grandes, el instituto de combate a la corrupción hizo una exhortación, atenta, respetuosa y sobre todo directa al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Morelos, para que éste “haga públicos los escritos que asegura le fueron presentados al titular de esta institución, en los cuales presuntamente se le solicita la judicialización de algunas carpetas.”
Argumentando que hasta el momento “[la] Fiscalía no tiene registrado recepción de los escritos que refiere el Consejero Jurídico, por lo que su titular no puede dar contestación a solicitudes que no ha recibido.”
“Esta Fiscalía precisa que en las denuncias con sustento y en las que ha presentado pruebas el Gobierno del Estado, se ha procedido en los términos previstos en la Ley; En virtud de ello, se encuentran sujetos a procesos legales diversos ex funcionarios públicos de distintos niveles jerárquicos de la pasada administración”, explica en su desplegado el instituto.
Finalmente el departamento anticorrupción reitera, con firmeza en el escrito, que se debe respetar “su autonomía, así como su compromiso a combatir frontalmente a la corrupción, conduciéndose con legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, respeto a los derechos humanos, honorabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas.”
Lo cual, a todas luces, es una respuesta directa y, al mismo tiempo, solicita que se presenten las pruebas que refirió la Consejería jurídica del Poder Ejecutivo para lanzar tales señalamientos.