La reforma aprobada, que pasó al Senado, establece servicios médicos públicos y gratuitos para quien carece de seguridad social
La Cámara de Diputados aprobó anoche la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituye al Seguro Popular. La bancada del PAN tomó la tribuna en protesta por la medida. Foto: Cuartoscuro
La Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para eliminar el Seguro Popular y crear en su lugar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
Con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones también se homologaron en toda la ley los aspectos referentes a la prestación gratuita de servicios médicos, medicamentos y demás insumos.
La reforma busca establecer en México un sistema público de salud gratuito para personas sin seguridad social, similar al de Canadá, Reino Unido o Dinamarca.
El Insabi incrementará su cobertura en el país conforme los estados firmen un convenio con la Secretaría de Salud para que, a cambio de que el Instituto asuma los servicio médicos en su territorio, cada entidad aporte recursos con base en lo que establezca el acuerdo. El presupuesto federal que les corresponda en la materia será ejercido por el Insabi.
El dictamen fue enviado al Senado para su revisión, con el voto dividido de casi todas las bancadas, incluso Morena. El PAN se opuso al afirmar que el Insabi operará en la opacidad y no hay presupuesto para alcanzar la cobertura prometida.
Avanza fin del Seguro Popular
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley General de Salud que elimina el Seguro Popular y en su lugar crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi); además, homologa en toda la ley lo referente a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos.
290 votos en favor y 65 en contra recibió la reforma para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
Se trata de la reforma solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y propuesta por el diputado Mario Delgado, que busca establecer un servicio público de salud en México que tenga alcance de atención gratuita a todas las personas en este país que no tengan seguridad social, con un sistema similar al de Canadá, Reino Unido o Dinamarca.
Para el año 2019 la mitad de la población mexicana, es decir, alrededor de 64 millones de personas, carece de acceso a la seguridad social y alrededor de 20 millones de mexicanos no están afiliados a la seguridad social ni al Seguro Popular”, dijo la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, al presentar el dictamen en tribuna.
La reforma fue aprobada con 290 votos a favor, 42 abstenciones y 65 en contra, y fue enviada al Senado para su revisión, con el voto dividido de casi todas las bancadas, incluida Morena, donde algunos fueron en abstención. El PAN votó en contra argumentando que se está creando un instituto que operará en la opacidad, que el país no tiene el presupuesto para llevar a cabo una cobertura del nivel que prometen y que “están matando” al Seguro Popular siendo una de las instituciones mejor evaluadas por los ciudadanos.
El dictamen señala que el Insabi irá incrementando su cobertura en todo el país conforme los estados firmen un acuerdo con la Secretaría de Salud. A cambio de que el instituto se haga cargo del servicio de salud en su territorio, cada entidad firmante hará aportaciones de recursos con base en lo que establezca el acuerdo, así como los recursos federales que le correspondan en la materia serán ejercidos por el Insabi.
20 millones de mexicanos, aproximadamente, no están afiliados a la seguridad social ni al Seguro Popular
De las 36 reservas presentadas durante el debate solamente aceptaron tres.
La primera, del diputado morenista Manuel Huerta, establece sanciones a los estados en caso de que incumplan en sus aportaciones. Estas se fijarán en el acuerdo con el Insabi.
La otra reserva, del diputado del Partido Encuentro Social, Manuel Baldenebro, establece un periodo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del decreto para que el Insabi presente un informe de cumplimiento de cobertura universal; es decir, si entra en vigor este año sus resultados serán medidos hasta finales de 2022.
También se establece la sustitución del Fondo de Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar.