En el límite, y sabedores de posibles procesos penales, reasignan recursos
El asunto fue un motivo más de pleito, ante cerrazón de diputadas disidentes
En el tiempo límite, la 54 Legislatura aprobó, en el Pleno, una reasignación presupuestal, a fin de solventar las pensiones de extrabajadores del Poder Judicial del estado (se trata de 116 controversias constitucionales).
Al respecto, “13 votos constituyen la mayoría”, advirtió, desde su sitio, el presidente de la Cámara, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez; eran las 16:30. Eso desencadenó la disputa. El contenido del dictamen, que entregó la Comisión correspondiente, fue el elemento de disensión. Cabe decir que se debían originalmente: 105 millones 400 mil, de los cuales, 25 millones 454 mil hasta ayer seguían pendientes en cuanto a su reasignación. El término, de acuerdo con la Presidencia, expira este jueves; empero, no se precisó la hora exacta.
Cuatro diputadas que votaron en contra, las cuales se mantienen en rebeldía junto con otras tres, desde hace semanas, cuando tomaron la palabra coincidieron en que el acto fue “ilegal”. No se adhirieron, por ende. Adujeron “errores” en el documento, por el que se pretende hacer un “ajuste” en los rubros de turismo y economía. Se “rebasan” los límites de la legitimidad y “el debido proceso”.
En su reciente comparecencia, el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca dijo que no era posible hace algunos cambios en otras áreas. El recorte se quedó así.
Cabe decir que la SCJN evidenció que Ejecutivo y Legislativo no previeron el monto correspondiente, con lo que se afectó el derecho de 116 exempleados del Tribunal Superior de Justicia. En un principio, sólo acordaron 80 millones.
José Casas González, independiente, denunció que existe “una doble moral” en el tema de la salvaguarda “de los derechos de los pensionados”. Impera la “doble sentencia, que lastima a los morelenses”. “En esta sesión histórica se va a romper el grupo de las diputadas”, que están al servicio del exgobernador, Graco Ramírez Garrido. “Hoy se les caerá el velo”. Acto seguido, se retiró.
Rosalina Mazari Espín, en su intervención, adujo que quienes hacen señalamientos han demostrado que “tienen intereses personales” y no asisten a las sesiones de la Comisión de Hacienda. “Tenemos que acatar la resolución de la Corte”. Precisó que se están haciendo adecuaciones al paquete económico del 2019. “Consumaremos los privilegios de la clase obrera del estado…”.
Tildó a sus homólogas de reproducir el “cinismo”. Así, quedó fuera la propuesta de Naida Josefina Díaz Roca, por “inviable”. “Toda la energía la hubiesen manifestado dentro de la Comisión”. “Nada fue ilegal”. Les pidió que “lean el artículo 62 del Reglamento”, donde se detalla la forma en que se deben hacer las convocatorias. Y siguió: “el mandato no es un berrinche”.
Marcos Zapotitla Becerro, coordinador del grupo de Encuentro Social, planteó que en algunos congresistas existe un “mar de incongruencia” y, sobre su pensamiento, reside “el perverso discurso de la ingobernabilidad”. Exclamó que hay una cohesión de 13.
Alejandra Flores Espinoza, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, expuso que hay dictámenes que se han postergado. Ejemplo: la erradicación de cuotas escolares, donde están etiquetados 20 millones de pesos. La iniciativa lleva un año “estancada”.
Blanca Nieves Sánchez Arano, en su réplica, se justificó bajo el supuesto que ella no responde a intereses del exjefe del Ejecutivo estatal, como muchas voces en la opinión pública le han echado en cara.
Al final, siendo las 18:15, procedieron al cierre del debate. Y la votación nominal reveló: 13 a favor y siete en contra de la reasignación presupuestal, forzada por el ultimátum de la Corte, del que dio cuenta El Regional, el pasado lunes.