Por ende, avanzan en el Congreso, informó la presidente de la JPyG, Alejandra Flores Espinoza
Los delitos que se le imputan desembocan en “omisión”; no asignó recursos al Impepac y FGE
Los dos juicios políticos contra el exgobernador del estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, son procedentes y, por ende, avanzan en el Congreso, informó Alejandra Flores Espinoza, presidente de la Junta Política y de Gobierno.
Los delitos que se le imputan desembocan en “omisión”, en lo que concierne a no haber asignado recursos -en el ejercicio fiscal 2018- hacia el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y la Fiscalía General del Estado (FGE). “Lo habíamos avizorado; calificamos como procedente el juicio político; son dos…”.
En entrevista, la legisladora expuso que este lunes primero de diciembre, el documento será trasladado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su análisis; ésta tendrá un plazo perentorio. “Tiene 15 días para solicitar la información al acusado”; luego, será transferido al Pleno (máxima autoridad).
Asimismo, la congresista -por las siglas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional- manifestó que los argumentos de la procedencia son: “por la omisión de no suministrar los recursos establecidos en el decreto de presupuesto”. La falta recae en diversos postulados de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De igual forma, externó que están involucrados también Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, extitulares de Hacienda y Administración, respectivamente.
En el segundo caso, por no “suministrar, en tiempo y forma”, los recursos correspondientes a la FGE. Estos montos “no fueron ministrados en el ente en el que corresponden: del primero de enero al 31 de diciembre del 2018”, que ascendió a la cantidad de 120 millones 826 mil 135 pesos. Ambos juicios emergieron del Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Recalcó que, dentro del órgano de control que auspicia (formalizado en el Pleno, la tarde-noche de este miércoles 26 de noviembre), los juicios fueron declarados como “procedentes”; ahora compete a la Comisión antes descrita, que se encargará de hacer una “investigación” necesaria.
Luego, conforme a los plazos, se tiene que notificar al involucrado y, a partir de eso, “se inicia el desahogo de la defensoría”.