Ciudad de México castigará con hasta nueve años de cárcel la ‘pornovenganza’ y el ciberacoso
La aprobación de la Ley Olimpia en la capital mexicana supone una victoria para un movimiento feminista en horas altas
La Ley Olimpia contra el ciberacoso prosigue su avance imparable en México. El Congreso de la capital ha aprobado este martes por unanimidad la reforma que establece castigos de hasta nueve años de cárcel por crear o divulgar fotos y vídeos íntimos sin el consentimiento de los involucrados. Ciudad de México, la mayor urbe de Latinoamérica, se suma así a los otros 14 Estados del país que ya han aprobado modificaciones similares para atajar estos ataques, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres. Los colectivos feministas presentes en el debate han acogido la aprobación con aplausos, puños en alto y cánticos de júbilo: “¡Ni porno, ni venganza, la Ley Olimpia avanza!”, han coreado. Una victoria más para un movimiento feminista que marca la agenda política del país como nunca antes.
El dictamen asienta el concepto de “violencia digital” en el código penal de la capital y prevé agravantes para aquellos casos en los que el divulgador de contenido íntimo haya mantenido un vínculo personal con la víctima, ya sea sentimental o laboral. También se eleva la pena hasta los tres años de cárcel para aquellos que amenacen con difundir este tipo de material. La reforma incluye, además, un mecanismo para que, tras la presentación de una querella, se agilice la retirada del material de Internet. “Necesitamos que no pasen más de 24 horas para que esté bloqueada de todas las plataformas de Internet y no se viralice”, ha dicho durante el debate el diputado Eduardo Santillán, de Morena, el partido impulsor de la iniciativa. “Da un mensaje contundente: no más violencia digital a las mujeres”.
El camino ha sido largo. En diciembre de 2018 se aprobó la primera ley contra el ciberacoso en el vecino Estado de Puebla, pero la iniciativa se había topado hasta ahora con un muro en la capital, donde había fracasado en tres intentos anteriores. La promotora de la reforma que lleva su nombre, Olimpia Coral, activista del Frente por la Sororidad, ha seguido con emoción el debate legislativo desde un palco de invitados cubierto de morado y de pancartas con el puño feminista. "El primer legislador al que se la presenté me dijo que él no podía legislar sobre la 'putería", recuerda sobre el primer intento de introducirla en la capital hace unos años.
Coral vivió en propia piel el delito que a partir de ahora se podrá castigar. Cuando tenía 18 años grabó un vídeo en el que mantenía relaciones sexuales con su novio. La grabación se hizo pública y pasó de mano en mano; todo el pueblo, hasta su familia, la vio. Pasó ocho meses encerrada en su casa sin atreverse a salir e intentó suicidarse en tres ocasiones, pero se levantó con la decisión de cambiar las cosas. “Hace siete años, yo no era Olimpia, la activista, sino Olimpia, la puta, la zorra”, afirma. “Que ahora haya un Congreso lleno de morado, de feminismo, hace que cada minuto haya valido la pena”.
La movilización feminista que recorre el país ha sido un factor fundamental para hacer avanzar la reforma. El aumento de los feminicidios y de las denuncias por abusos sexuales en la capital han sacado a las calles a miles de mujeres en los últimos meses para decir basta. El caso de Abril Pérez, asesinada la semana pasada enfrente de sus hijos pocos meses después de ser agredida por su exesposo, conmocionó a la opinión pública mexicana y forzó a las autoridades a reconocer fallos en la protección de las víctimas de violencia machista.
Las mujeres son la principal diana del ciberacoso. Aproximadamente nueve millones de mexicanas han vivido violencia digital, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2015. Las acciones más comunes fueron la recepción de correo basura o virus, seguidos por contenido visual y llamadas telefónicas. El 86% de los agresores eran desconocidos y el 11% gente con vínculos a las víctimas. En lo que va de 2019, se han registrado 57 casos en Ciudad de México -de estos, 55 corresponden a mujeres-. La activista Rosalinda Pimentel sostiene que esa cifra engloba solo el 10% de los casos reales. “No se atreven a denunciarlo ante las organizaciones, ni digamos ante las autoridades. La intimidad sexual todavía es un tabú en México”, explica.
Pimentel sabe de lo que habla. En 2015 fue candidata a un cargo público, pero se topó con el acoso digital. “Fabricaron un vídeo sexual para sacarme de la competencia”, explica. “El partido de izquierdas por el que me presentaba me dijo que me retiraba debido a la ‘mala reputación”. No ha sido la única vez que ha pasado por el rodillo. Hace apenas unos meses, tras participar en una marcha feminista, su bandeja de entrada de Facebook se llenó de decenas de amenazas machistas, de mensajes que decían: "Te vamos a buscar, maldita feminista de mierda". No denunció. "No podía hacer nada porque el marco jurídico no lo permitía", explica. "Decían que lo virtual no era real. Nosotras decimos que sí es real y que se traslada al medio físico".
La reforma aprobada este martes es solo la "punta del iceberg", dice Olimpia Coral. "Se necesitan protocolos, alertas de género, acciones afirmativas", enumera. Hay diez Estados pendientes de aprobar reformas parecidas. En el ámbito federal, también falta reformar el código penal para incluir castigos por la difusión de imágenes y videos íntimos, un debate con el que esperan empezar el año próximo. "¿Qué ha cambiado?", lanza Coral. "La lucha feminista. No hemos parado de joder, eso es lo que ha cambiado".