El movimiento contra la inseguridad y la violencia de género irrumpió este 2019 con fuerza en las universidades de todo el país, una ola que se prevé se intensifique el próximo año y se extienda más allá de las aulas educativas con el fin de que el Estado mexicano realmente tome acciones concretas contra estas problemáticas
El 2019 pasará a la historia como el año en el que las y los universitarios de todo el país alzaron la voz en contra de la inseguridad y la violencia de género que viven en los planteles.
El movimiento #MeToo en México, que tomó fuerza en el mes de marzo, fue fundamental para que las estudiantes se atrevieran a denunciar el hostigamiento y acoso sexual del que han sido víctimas
“Visibilizó el tema, no es que no se viera, pero se visibilizó, se puso en la mesa. Más mujeres que sufrieron violencia se atrevieron a contar su caso, a pesar de que quizá ya habían iniciado un proceso interno en la universidad.
“Muchas ya habían denunciado pero sus casos fueron desestimados o el Ministerio Público determinó que no había elementos para continuar o integrar una investigación, y al verse sin las herramientas para que los casos fueran atendidos, pues esta fue una manera de sacar a la luz lo que se estaba viviendo”, explica la abogada feminista Socorro Damián Escobar.
Desde entonces, las voces de alumnas agraviadas comenzaron a escucharse a lo largo y ancho del país.
De las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), cientos de jóvenes han salido a las calles para exigir justicia por los feminicidios, las desapariciones, las violaciones y el acoso sexual.
También se han manifestado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde alumnas realizaron el tendedero del acoso, espacio en el que señalaron a maestros y alumnos de acosarlas en clase y en actividades extracurriculares.
En el sur del país, tras 10 años de ser ignoradas sus denuncias, se rescindió el contrato a un profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), por acoso, hostigamiento sexual y conductas misóginas.
Alumnas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también denunciaron 36 casos de acoso y hostigamiento sexual por parte de sus compañeros y profesores, aunque las sanciones han sido mínimas.
Actualmente, universitarias de la Facultad de Filosofía y Letras, al igual que las comunidades estudiantiles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 7 y 9 de la UNAM, continúan en paro de labores debido a que acusan que las autoridades no han atendido sus demandas, sobre todo las relacionadas con casos de acoso sexual.
“Yo pienso que este año fue decisivo, muchos movimientos pudieron alzar la voz. Entonces yo creo que esto tiene que llegar hasta donde pare, sinceramente no creo que todo lo que pedimos se resuelva en un mes que queda de este año”, dice una estudiante de la ENP 9, de 16 años, quien pidió ser identificada como Verónica para evitar represalias.
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El precedente de la UG
La Universidad de Guanajuato (UG) fue una de las últimas instituciones en unirse a las protestas y ha sentado un precedente al obligar a las autoridades estatales y locales a entablar un diálogo y a disculparse por las omisiones en la atención de casos de estudiantes asesinados y desaparecidos.
“A nombre del estado de Guanajuato, le ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género y alumnos por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus cargos”, dijo el gobernador panista, Diego Sinhue Rodríguez, el pasado lunes 9 de diciembre.
En esa entidad, el movimiento que realizó el Comité Estudiantil obligó al Gobierno estatal, al municipal, a la fiscalía y a la rectoría a firmar un pliego petitorio con sus demandas para atender la inseguridad y la violencia de género, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
“La experiencia que deja el reciente movimiento estudiantil representa un gran reto para la Universidad de Guanajuato y, particularmente, para sus autoridades”, dijo el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, en un comunicado emitido el pasado 10 de diciembre.
El paro de labores que duró 6 días se originó por el feminicidio de la estudiante Daniela Vega, de 24 años y derivó en la renuncia de dos funcionarios de la UG: Julio César Kala, profesor e investigador de la División de Derecho; y Lourdes Elena Gazol Patiño, quien dirigía el Programa Institucional de Igualdad de Género de la UG.
“Creo que es un gran avance, aunque no lo es todo, porque habrá que darle seguimiento a los acuerdos que se están planteando dentro del mismo pliego petitorio”, señala al respecto la abogada Socorro Damián Escobar.
Para la diputada federal Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la subcomisión de la Atención a los Feminicidios y Casos de Violencias de Género contra las Mujeres, el movimiento que se está generando alrededor de las agresiones contra las mujeres, no solamente visibiliza el tema, sino interpela al Estado mexicano y la ausencia de políticas públicas reales.
También la carencia de presupuesto y la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades evita que se puedan erradicar estas conductas.
“Me parece que ese llamado de las mujeres convoca de manera exigente al Presidente de la República a que coloque este tema como una prioridad del Estado mexicano.
Si no se resuelve la violencia contra las mujeres no habrá pacificación del país, al contrario, se va a exacerbar la violencia y lo que queremos es justamente lo contrario
- Lorena Villavicencio Ayala
Diputada federal de Morena
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Preparatorias en paro por violencia de género y sexual
En el plantel 7 de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM, Ezequiel A. Chávez, el ambiente es de incertidumbre y miedo.
Desde el 19 de noviembre, colectivos feministas y otros grupos inconformes iniciaron un paro de labores en ese centro escolar por la falta de atención a denuncias de acoso y hostigamiento sexual.
Las alumnas y alumnos que promovieron el paro como protesta estudiantil exigieron mediante un pliego petitorio detener la violencia de género y sancionar a los agresores que son principalmente profesores y trabajadores.
Por la omisión de las autoridades para atender las denuncias de acoso, los inconformes piden que la directora, María del Carmen Rodríguez Quilantán, renuncie a su cargo
“Se le ha presentado el pliego petitorio y ella nunca firma, nunca está. Cuando vas a denunciar un caso de violencia te minimiza y te dice que tú lo estás malinterpretando todo”, cuenta Mariana, integrante de un colectivo feminista de la Preparatoria 7, quien pidió modificar su nombre por temor a represalias.
La madrugada del lunes 9 de diciembre, un hombre armado entró al plantel y encerró a los alumnos que mantenían el paro activo en el comedor para después realizar destrozos en las instalaciones.
Mariana dice que la persona encapuchada ingresó al área jurídica y extrajo expedientes de denuncias que se presentaron en contra de profesores que agredieron a alumnas.
Nos sentimos amenazadas. Estamos muy inseguros, nadie quiere estar en la prepa cuando se encuentra sola. Si quisieron provocar incertidumbre e inseguridad, lo lograron
- Mariana
Integrante de un colectivo feminista de la Preparatoria 7
Tras el acto violento al interior del centro educativo, la UNAM informó que presentó una denuncia penal por los destrozos ocurridos e hizo un llamado para que los alumnos entreguen las instalaciones a fin de revisar y dar satisfacción al pliego petitorio.
Durante el 2019 alumnos de diversas universidades del país se manifestaron para exigir seguridad y un alto a la violencia de género
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Un mes de lucha
No es casualidad que Verónica sea una de las estudiantes de la ENP 9, Pedro de Alba, que participa en el paro de labores de ese plantel desde hace un mes.
“Tuve la experiencia de ver a un tipo masturbándose afuera de la escuela y pues también han existido asaltos en los alrededores cuando se supone que hay patrullas afuera vigilando”, relata la joven de 16 años.
El pasado 17 de septiembre, en conmemoración a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la escuela entró en un paro de 48 horas y ese mismo día la comunidad entregó un pliego petitorio en el que resaltaron los casos de violencia de género y de corrupción.
El 1 de octubre, el alumnado entró otra vez en paro dos días para conmemorar la matanza del 2 de octubre y exigió una respuesta al pliego petitorio.
Tras un mes sin obtenerla, el 12 de noviembre, la comunidad convocó a otro paro, en esta ocasión indefinido por la falta de contestación de las autoridades.
Alumnos de los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM mantienen las instalaciones tomadas hasta que sus peticiones sean atendidas por las autoridades y se atienda la violencia contra las mujeres y la inseguridad en general
“Ahorita nos encontramos en paro en forma de resistencia para meter presión a las autoridades que dicen que no se puede hacer nada si estamos en paro, pero hay antecedentes de que se ha regresado a clases creyendo lo que las autoridades dicen y luego se olvida todo el problema y las cosas vuelven a estar igual”, asegura Verónica.
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Ola de denuncias por violencia de género ignorada
El tsunami de protestas en contra de la inseguridad y la violencia de género que impactó este 2019 a las universidades mexicanas no se generó de manera espontánea.
Los primeros movimientos datan al menos del 2017, cuando las alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hicieron denuncias puntuales tras el feminicidio de la estudiante Lesvy Berlín Osorio.
“Pidieron seguridad, mayor protección, que se lograran sanciones contra los agresores, que se despidiera a los profesores que tenían ya una larga lista de acusaciones por hostigamiento sexual, de abuso o de violación.
“Pero las autoridades no lo atendieron en ese momento, entonces esas fueron las consecuencias de desatender el problema”, dice la abogada feminista Socorro Damián Escobar.
Aunque hay algunos resultados que pueden calificarse de avances, como lo ocurrido en la Universidad de Guanajuato (UG), hay instituciones que siguen criminalizado a quienes hacen o respaldan estos movimientos al dar respuestas tardías para desgastar a las alumnas en paro y su lucha.
El movimiento sí ha tenido resultados, lo que no se vale es que se criminalice, lo que no se vale es que se violente de alguna manera a quienes están incluso defendiendo la vida de todas las mujeres
- Socorro Damián Escobar
Abogada Feminista
El 2020 se perfila como un año en el que se incrementará el combate a la erradicación de la violencia de género, pero este no se debe librar solo desde las aulas de educación media superior o superior, ya que es una lucha social en general.
El caso Lesvy es uno de los que mayores protestas desataron al interior de la UNAM.
El caso Lesvy es uno de los que mayores protestas desataron al interior de la UNAM.
Sin políticas públicas efectivas
Ante la situación que enfrentan las mujeres en el país, la diputada federal Lorena Villavicencio Ayala propuso un Plan Emergente de Prevención y Atención a la Violencia Institucional Contra las Mujeres, Niñas, Niños.
Su iniciativa tiene 10 puntos y uno de ellos es brindar asesoría y acompañamiento directo a las víctimas de violencia institucional para que puedan denunciar ante la policía, Ministerio Público, perito o juez que haya omitido o generado alguna acción que vulnere sus derechos, se haya negado a brindar la atención requerida o haya maltratado, violentado o revictimizado al denunciante.
Aunque la propuesta está encaminada a todas las mujeres, la legisladora de Morena señala la importancia de abrir una convocatoria a todas las universidades para que también contribuyan.
Las mujeres acusan que las instituciones educativas siguen criminalizado a quienes luchan contra la violencia de género en sus instalaciones
“Para que veamos cuáles son las acciones en concreto que consideran que debemos instrumentar desde la Cámara de Diputados, no solamente a nivel normativo, sino también a nivel presupuestal para que tengamos políticas que sean efectivas y que realmente se hagan cargo del tema de la violencia”, dice.
La diputada señala que actualmente hay un presupuesto deficiente en materia de prevención del delito y no se está previniendo el feminicidio cuando se podría hacer.
“Este tipo de medidas son justamente las que queremos abordar y necesitamos que el Estado mexicano, el gobierno de este país, asuma el tema de la violencia de género como un tema fundamental y a partir de ahí nosotros construir mesas de trabajo.
“Para que podamos estar con las universidades, con las víctimas, con los familiares de las víctimas de feminicidio, con las propias víctimas que se están manifestando de diversas maneras”, dice.
Desde hace años, en distintas partes del país, mujeres han tomado las calles para denunciar las violencias a las que se enfrentan, sin embargo, sus voces y exigencias pocas veces han encontrado respuesta