La falta de reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —que podrán publicarse hasta junio—, provocó que seis estados rechacen su entrada en vigor, por lo que seguirán atendiendo a los ciudadanos bajo el estatus de Seguro Popular, además no firmaron un convenio de adhesión que, consideran, les quita responsabilidad para atender la salud de sus habitantes.
Los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Baja California, Carlos Mendoza Davis, todos de Acción Nacional, y de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, no han signado todavía el convenio.
El decreto que da vida al organismo establece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transferirá dinero para la atención y medicamentos gratuitos a las entidades a través de acuerdos de colaboración, pero las que prefieran no hacerse cargo de los servicios podrán acordar con el instituto que organice, opere y supervise la prestación de servicios.
“En el caso de los estados que acuerden con el Insabi que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios, los recursos que les correspondan serán ejercidos por el organismo en términos de los acuerdos de coordinación”, precisa el documento.
Diversos mandatarios decidieron no firmar el acuerdo de colaboración, porque creen que se les quita facultad para otorgar los servicios de salud. Ahora temen que no les entreguen el monto como en años anteriores, aun cuando el Presidente aseveró que no es obligatorio firmar el convenio.
“Antes de que aprobara dije públicamente que nunca iba a firmar, ni de broma, aunque me torcieran la otra mano buena que me queda, porque está peor, es entregarles el sistema de salud”, afirmó Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.
Al respecto, Juan Ferrer, titular del Insabi comentó a EL UNIVERSAL: “La ley marca hasta el mes de abril para los acuerdos. En esta etapa están las reuniones con los secretarios de Salud de todos los estados para informarles sobre el nuevo esquema. Ya cada estado voluntariamente dirá si se suma, es de esa forma, porque así lo prevé la normatividad”.
Sin embargo, aunque no estén obligados a adherirse a los acuerdos, el decreto indica que los estados tienen un plazo de 180 días para armonizar sus leyes y disposiciones vigentes en materia de salud” contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto”
Rebelión contra el instituto
El pasado jueves, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, afirmó que “defenderá a morir al Seguro Popular”, y que no firmaría la carta de intención que apoya su derogación y fomenta la centralización del sector Salud.
Ayer, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, informó que el próximo martes gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunirán con López Obrador para revisar todo lo relacionado con la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, y adelantó que su administración analiza la situación para definir medidas.
“Estamos revisando, porque a nivel nacional el Insabi provoca incertidumbre, no hay reglas claras de operación. Nosotros tenemos un problema ya cuantificado en mil 500 millones de pesos menos.
“El próximo martes hay reunión de gobernadores del PAN con el Presidente para revisar el tema. Estamos muy preocupados, porque parece ser que hicieron una reforma al vapor, no estaban preparados para el cambio y la hicieron entrar en vigor sin adecuaciones presupuestales ni administrativas”, señaló.
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Mencionó que solicitarán al Mandatario federal que respete a las entidades que cuentan con buenos sistemas de Salud y han dado resultados en beneficio de la sociedad.
“Es un error la creación del Insabi sin tener preparación suficiente. Ni el gobierno federal tiene respuestas y eso buscamos. En la reunión pediremos que respeten a los estados que estamos haciendo las cosas bien, que no descompongan lo que sirve.
“Guanajuato es uno de los mejores sistemas, nos lo dice la Secretaría de Salud federal: no tenemos adeudos, desabasto de medicinas”, aseguró Rodríguez Vallejo.