Los puntos más sensibles son el activismo legislativo de Morena; fiscalización a empresas e inseguridad
CIUDAD DE MÉXICO.
Seis distintos frentes se perfilan para este año como una amenaza “alta” para el entorno de negocios y gobernabilidad de México, según el reporte de Integralia Consultores, Diez riesgos políticos para el 2020.
Los seis temas que Integralia Consultores plantea en su análisis de una agenda de 10 riesgos para el país para este año que comienza, y cataloga como alta probabilidad de que ocurra, se ubican en el terreno de contingencias en lo jurídico, económico y de concentración de poder y son:
El activismo legislativo de Morena; la mayor fiscalización a finanzas empresariales; la continuidad de los altos niveles de inseguridad; el reforzamiento de la influencia del Presidente sobre el Poder Judicial y órganos autónomos; la continuación del desmantelamiento de la reforma energética, y la reforma electoral que vulnera la autonomía del INE y la reducción del financiamiento para partidos políticos.
“Este reporte analiza los diez principales riesgos para 2020 con potencial de impactar el entorno de negocios y la gobernabilidad del país. El análisis se basa en una metodología de Integralia Consultores que cuantifica el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos. Cabe señalar que riesgo no es predicción y el nivel de probabilidad puede cambiar durante el año”, señala la consultora.
La agenda de riesgos que presenta públicamente Integralia —similar a la que históricamente se hacía desde la Secretaría de Gobernación, ya fuera desde la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales o después desde el Cisen y que solamente eran para consumo interno del gobierno—, clasifica en cuatro los niveles de probabilidad de ocurrencia: baja, medial, alta y muy alta.
De los diez “riesgos” que plantea la consultora, los seis señalados arriba tienen clasificación de “alta” y los otros cuatro de “media”, y todos éstos con riesgo en el campo económico.
Los cuatro de riesgo medio son: aumento de conflictividad social; el reforzamiento de la influencia del Presidente sobre Banxico; Pemex sigue en riesgo de una degradación crediticia; y amenazas contra México en el contexto del proceso electoral en Estados Unidos.
EXPLICACIÓN DE LOS RIESGOS
En el riesgo, “Activismo legislativo de Morena”, Integralia afirma que “se prevé que Morena empuje cambios legislativos para completar la llamada “cuarta transformación”, algunos de los cuales podrían debilitar las instituciones de la democracia representativa”.
Plantea que, no obstante que el jefe del Ejecutivo se había pronunciado en el sentido de que las reformas constitucionales y otros cambios de fondo ocurrirán a partir de la segunda mitad de su sexenio, señala:
“Existe temor de que los resultados electorales de 2021 limiten la capacidad de Morena y sus aliados para enmendar la Carta Magna. Por ello se espera una agenda abultada desde reformas al Poder Judicial y al sistema electoral; reformas que siguen pendiente en la agenda de Morena como la Ley de Amnistía, regulación de cannnabis, eliminación del fuero para servidores públicos, así como reformas de sectores específicos como la financiera (con énfasis en el tope a comisiones bancarias); outsourcing; ley de economía circular, ley de bienestar animal, reordenamiento del sector marítimo mexicano, entre otras”.
Según Integralia, hay elementos que evidencian “un panorama complejo para Morena” en la elección de diputados federales de 2021: conflictividad en el interior del partido a nivel nacional; mala evaluación pública de autoridades locales, y la falta de recursos federales para gestión de los diputados en sus distritos.
En el punto, mayor fiscalización a finanzas empresariales, Integralia señala que “el año pasado se aprobaron diversos cambios legislativos y regulatorios que implicarán una fiscalización más férrea sobre los contribuyentes, con potencial impacto sobre los costos administrativos para las empresas. Estas medidas se explican por crecientes presiones por parte del gobierno para cumplir con sus objetivos presupuestales.
Por ejemplo, se aprobó el dictamen en materia de facturas falsas y “empresas fantasma” y que tipifica como delincuencia organizada defraudación fiscal o su equiparable, así como la expedición, venta o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas, o actos jurídicos simulados.
Ello obligará a los contribuyentes de volúmenes altos a tener cuidado extremo en el llenado de facturas. Además, se aprobó una medida que plantea que los asesores fiscales informen al SAT sobre los esquemas reportables que generen algún beneficio fiscal, lo cual generará mayores responsabilidades a tales asesores que tendrán que emitir una declaración adicional con esta información, mientras que el SAT podría prejuzgar la validez o legalidad de dichos esquemas. En este contexto, también se aprobó una reforma constitucional para prohibir las condonaciones y exenciones de impuestos y que establece la armonización de las legislaciones locales en la materia en un plazo de un año.
El tercer riesgo, continuarán altos niveles de inseguridad, Integralia ofrece datos duros para su proyección: “Entre enero y noviembre de 2019 (última fecha disponible) se registraron 31 mil 688 homicidios dolosos en México, lo cual supone un aumento de 2.71% con respecto al mismo periodo del año anterior.
A nivel local, los estados que registraron las tasas más altas fueron Colima (79.5 por cada cien mil habitantes), Baja California (66.3), Chihuahua (52.9), Morelos (42.6) y Guanajuato (42.3).
En el mismo periodo, aumentaron también los casos de extorsión, secuestro y robo a negocios, en 31.29%, 8.51 por ciento y 5.43%, respectivamente.
En términos de los delitos de alto impacto, el número de robos a transportistas, que afectan directamente las cadenas de distribución y comercialización, registró una ligera reducción de 4.96%, al pasar de 11 mil 194 casos en los primeros 11 meses de 2018, a 10 mil 639 en el mismo periodo de 2019.
Sin embargo, tres estados siguen teniendo tasas de robo a transportista muy por encima de la media nacional (9.42 por cada cien mil habitantes): el Estado de México (123.07), San Luis Potosí (57.5) y Tlaxcala (30.7).
Sobre el cuarto tema, relativo a que el presidente López Obrador refuerza su influencia sobre el Poder Judicial y órganos autónomos, Integralia expone que el titular del Ejecutivo federal “tendrá influencia decisiva en los nombramientos para renovar miembros de diversos órganos: el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dos vacantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), una más en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dos posiciones en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), así como tres magistrados de salas especializadas en materia de combate a la corrupción —pendiente en el Senado.
Los perfiles
Es previsible la designación de perfiles con afinidad política o ideológica con el gobierno (y que en algunos casos no reúnan los requisitos legales o la experiencia requerida), lo que podría reducir aún más la capacidad de estos órganos para tomar decisiones con base en criterios técnicos y de objetividad y eficacia”.
El análisis de la consultora recuerda que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador ha propuesto a tres de los 11 ministros que componen el pleno; se refiere a la cercanía con el ministro presidente Arturo Zaldívar. Y los asuntos de gran trascendencia, que tendrá que resolver, entre ellos la Ley Bonilla.
El desmantelamiento de la reforma energética es el quinto riesgo que plantea Integralia. Sobre éste, expone que “El 2019 cerró con nuevas decisiones que confirman que el gobierno no dará marcha atrás en su plan de desmantelar la reforma energética. Tanto Pemex como la CFE han solicitado formalmente a la Comisión Reguladora de Energía que revierta varios de los lineamientos que emitió en el pasado para generar mayor competencia en el sector.
“Ello supone —sigue la consultoría—, seguir obstaculizando la participación del sector privado en todas las áreas estratégicas de la industria de hidrocarburos y de electricidad. Por tanto, luego de un año de gobierno, se mantiene firme la visión nacionalista sobre los recursos naturales en el Presidente y sus principales colaboradores del área energética. El pragmatismo que ha imperado en otros temas de la política pública, reiteramos, no llegará al sector energético durante 2020”.
El sexto frente que Integralia ve como un riesgo alto para este año es la reforma electoral que vulnera la autonomía del INE y la reducción del financiamiento para partidos políticos.
“En febrero la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para elegir a los cuatro consejeros electorales del INE que concluirán sus gestiones en abril. Es probable que Morena designe a perfiles allegados ideológica y políticamente ya que la designación requiere mayoría calificada y Morena y sus aliados pueden alcanzarla sin el voto de los opositores”, señala Integralia y agrega:
“Esa nueva composición del órgano electoral, que podría combinarse con alguna iniciativa para que la presidencia del Consejo General del INE sea rotativa cada tres años y elegida por los diputados, implicaría la terminación anticipada de la presidencia de Lorenzo Córdova y una seria afectación de la autonomía del Instituto”.
Los partidos
Y remata el análisis con el anuncio hecho por el presidente López Obrador para reducir el financiamiento de los partidos políticos. “Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, ha señalado que una reforma electoral es parte de la agenda estratégica para 2020, aunque no ha delineado su contenido. Ambas medidas podrían afectar el funcionamiento del sistema electoral y generar incertidumbre de cara a las elecciones de 2021”, señala Integralia.
Los otros temas a seguir este año
En Diez riesgos políticos para el 2020, elaborado por Integralia Consultores, que no es otra cosa que una agenda de riesgos, como la que debiera elaborar la Secretaría de Gobernación, se plantea otras tendencias y eventos a monitorear durante este año que comienza:
Desempeño de las finanzas públicas estatales y municipales; evolución de grandes proyectos e infraestructura; creación de nuevos partidos políticos; esfuerzos por fortalecer la oposición; implementación de la reforma laboral; ratificación del T-MEC; uso de consultas populares para definir proyectos de inversión; inicio de la organización del proceso electoral de 2021; relación entre el sector privado y el gobierno federal e implementación del Insabi.
Sobre la finanzas públicas estatales y municipales, el análisis resalta la baja que sufrieron las transferencias de recursos federales, lo que derivó en aumento de impuestos locales.
Sobre la evolución de proyectos e infraestructura, se refiere a que las principales obras del gobierno federal, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico, muestran un avance disímil.
En el punto de nuevos partidos políticos, menciona que en junio el INE aprobará la creación de nuevos partidos que competirán por primera vez en 2021. Vislumbra que Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo y Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social, alcancen el registro.
En esfuerzos por fortalecer la oposición están PAN, ONG y empresarios.
La oposición buscará disminuir la popularidad del Presidente y Morena y empezar a posicionarse con vistas al inicio del proceso electoral que inicia en septiembre y la selección de candidatos a fin de año.
La reforma laboral, dice Integralia, avizora que habrá disputas sindicales por el reacomodo en esas entidades y por las nuevas reglas fijadas por la autoridad.,
Sobre el T-MEC plantea que el Senado de Estados Unidos apruebe el acuerdo comercial, aunque el inicio del proceso de impeachment en contra de Donald Trump podría retrasarlo.
Sobre el uso de consultas populares para definir proyectos de inversión la consultora observa que tendrá un uso político para impulsar (o detener) proyectos de inversión y definir prioridades de política pública.