Se trata de Patricia Izquierdo y otros exservidores de Obras
La juez de la causa determinó que el asunto habrá de continuar debatiéndose en juzgados locales
La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que una juez federal desestimó intenciones de la exsecretaria de obras públicas, Patricia Izquierdo Medina y otros cuatro exfuncionarios, sobre que la investigación en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público fuera atraído al orden federal, esto respecto a la planta valorizadora de residuos sólidos ubicada en el “El Zarco”, Yautepec, por la cual se pagaron más de 13 millones 800 mil pesos.
Semanas atrás, los abogados de la exsecretaria de Obras Públicas de la pasada administración, Patricia Izquierdo, así como de Lucero Campos Mercado, exdirectora de Infraestructura, dos exsubsecretarios y un exsupervisor de Obra, acudieron ante la justicia federal con la intención de que la investigación contra sus clientes fuese atraído, dejando inhabilitado al Poder Judicial estatal y desestimando las indagaciones de las autoridades locales.
Lo anterior, bajo el argumento de que los recursos destinados para dicha obra, que se pagó en su totalidad aun cuando se encontraba inconclusa, fueron de origen “federal”. Sin embargo, Ana Luisa Beltrán González, Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cuernavaca, dictaminó que las investigaciones debían continuar en los juzgados estatales.
Esta información, la cual fue emitida desde las oficinas del titular de Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), señala lo siguiente:
“El Poder Judicial de la Federación otorgó la razón a la Fiscalía Anticorrupción, al rechazar la petición de incompetencia por inhibitoria que interpusieron los abogados de cinco ex funcionarios vinculados a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público…”
La oficina de Salazar Núñez aclaró que el delito por el que se encuentran vinculados a proceso los arriba señalados es “ejercicio indebido del servicio público”, esto “porque fueron omisos en su actuar como funcionarios públicos estatales, causando afectaciones a los ciudadanos y al Gobierno de Morelos”, según el comunicado.
Dicha omisión en perjuicio de la sociedad y el estado morelense resultó en que “se pagó a la empresa constructora el total del costo de la obra, más de 13 millones 800 mil pesos, misma que fue entregada con sólo un 40% de avance y nunca se logró su funcionamiento”.
Por los motivos expuestos arriba, es que la autoridad federal, Luisa Beltrán, desechó la petición de la defensa de cinco de las siete personas vinculadas a proceso, y especificó que el asunto derivado de la carpeta FECC/150/2018, relacionada con la causa penal JC/697/2019, habrá de continuar debatiéndose en los juzgados locales.
Esto significa un fuerte revés a los exfuncionarios, quienes ya habrían intentado deslindarse de las acusaciones y las investigaciones en su contra, esto sin tener éxito hasta el momento.