Es la autoridad la obligada a hallar otros mecanismos que no trasgredan la intimidad de los estudiantes
El defensor de los principios básicos en Morelos considera que hay otros mecanismos para atajar la violencia
Ante la discusión a nivel nacional y en Morelos, tras la tragedia en la escuela Cervantes, en Torreón, el ombudsman morelense, Israel Hernández Cruz, ponderó que el operativo de revisión de mochilas (que se aplica en planteles escolares, como una medida para diezmar la inseguridad) "viola" los derechos humanos de la niñez, puesto que trasgrede su intimidad.
En entrevista, dijo que se trata de una “… invasión a la intimidad de las posesiones de los niños (no por ser nuestra niñez, podemos decir que no tiene derechos)”. Adujo que la ciencia -los avances tecnológicos- ha creado otras herramientas “que son menos lesivas, como los arcos de seguridad”.
Asimismo, externó que hay otras alternativas también: “los detectores de metales que, pudiéndose implementar, harían que no se llegaran a estas medidas extremas”, que “lesionan” a los menores.
Insistió en que estos procedimientos “no cumplen con las exigencias constitucionales que protegen a las personas en sus posesiones, en sus datos… en su privacidad”. En suma, “no es la medida idónea para inhibir hechos tan lamentables” (como los que sucedieron, hace unos días, en una escuela de una entidad federativa del norte del país).
Este tipo de acciones, acotó, están basadas en “una criminalización a priori de nuestros ciudadanos, en el sentido de que son o van a cometer un delito”, lo cual no es “compatible con el derecho internacional…”. Por ende, “no es una medida idónea; por el contrario, existen otras maneras de llegar al mismo resultado, que es la seguridad y la integridad de la vida de las personas”.
Hernández Cruz acotó que hay una viabilidad en otras opciones, que son menos “gravosas”. Sobre todo, enfocarse en el ámbito de la prevención. Están en juego, además, “las posesiones” de los infantes, que acuden a su centro educativo.
Adujo que los filtros de seguridad antes descritos son “altamente aprobados”; por medio de éstos, se permite detectar “metales, armas u objetos que puedan utilizarse como herramientas o instrumentos de la comisión de un delito”.
El defensor de los derechos mencionó que los utensilios referidos son posibles en las escuelas públicas y privadas. “Existe una necesidad; hay un fenómeno que se está dando de personas que introducen objetos”, los cuales pueden ser usados “para dañar o producir una afectación a un ser”; en este caso, se trata de recintos de enseñanza. Así, la autoridad tiene “el deber de adoptar medidas para que esto no suceda”.