Cambio legislativo en justicia que se filtró es violatorio de DH, dice; gobierno, desesperado porque no funciona política de “abrazos”
La iniciativa en materia de justicia que se ha ventilado de manera informal “es una legislación regresiva, con despropósitos, que de aprobarse por el Congreso de la Unión nos llevaría gravemente a la situación vigente en la década de los 70, de la Guerra Sucia en México”, afirma Ignacio Morales Lechuga, exrector de la Escuela Libre de Derecho.
El también exprocurador General de la República y del Distrito Federal señala que ese proyecto, muy difundido, aunque anónimo, refleja “la desesperación de un gobierno rebasado por la violencia y el delito, porque no le ha funcionado el sistema de ‘abrazos, no balazos’ ni amnistía, perdones y olvidos”.
El exembajador en Francia y expresidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal señala que se pretende crear una “excepción general” que al gobierno federal le dé mano dura contra la delincuencia y una libertad de actuar por encima del ciudadano. “Eso es lo peligroso”.
Morales Lechuga, en entrevista en su oficina, previene que “hay materia suficiente para que en el dictamen [en el Senado] se tenga cuidado, ya que el gobierno es poco cuidadoso de las libertades ciudadanas y los derechos humanos”.
Rescata y comparte elementos esenciales de la exposición de Alejandro Gertz Manero en el Senado, el pasado miércoles 16 de enero, cuando ya circulaban versiones de iniciativas sin autor, que desde luego, Morales Lechuga despedaza.
¿Cuál es su punto de vista sobre los señalamientos de Gertz Manero en materia de justicia?
—El fiscal general habla de una legislación compuesta de varios escalones; dice que hagamos un marco protector de las víctimas y que se destierren conductas del poder.
[Alejandro Gertz Manero] fue al Senado a plantear una Ley Nacional de Justicia Cívica, que es una especie de justicia intermedia, que no va hacia la pena privativa de la libertad, mucho menos a la prisión preventiva, sino hacia la protección a la víctima, la reparación del daño y formas alternativas de rehabilitación a quien comete los delitos, a través de la educación y el trabajo.
Esto no tiene nada que ver con las filtraciones, y no se dio difusión a esta propuesta [de Gertz Manero] que parece interesante, porque, por otro lado, no provocaría una sobresaturación de las cárceles, como pareciera indicarnos lo que circuló y lo que se pospuso para febrero.
Horas después de la entrevista con EL UNIVERSAL, realizada el miércoles, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, se desmarcó de las versiones de iniciativas que se conocieron desde la víspera de su presentación en el Senado, en particular de un supuesto proyecto de fiscalía.
¿Cuál es su opinión de los otros señalamientos del fiscal General de la República?
—El Código Penal Nacional, en principio, atenta contra el pacto federal, pero los contenidos van orientados a la reparación del daño, la inmediatez del procedimiento y lo que él [Gertz Manero] llama la certeza jurídica, con atención especial a los primodelincuentes, entre otros puntos.
Habla de manera muy particular de las cárceles abiertas para primodelincuentes, y se podría hablar de un sistema especial de salir a trabajar y estudiar, y regresar a determinada hora para permanecer recluidos hasta la mañana siguiente. Es alguna fórmula válida que se aplica en algunos países.
¿Usted lo ve bien?
—Bienvenidas estas nuevas fórmulas. Cualquier cosa que se piense en este sentido será mejor que tener nuestros almacenes o depósitos de seres humanos, escuelas de delito, en que se han constituido las cárceles.
¿En materia de justicia para menores de edad?
—Propuso la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para los Adolescentes, que no explicó a fondo a los senadores. Yo diría que valdría la pena pensar en un sistema de inimputabilidad casuística, y que un dictamen técnico, médico y sicológico determine si el menor tiene capacidad de entender y, si es así, sea llevado a juicio, sobre todo al tratarse de sicarios. Recuerdo uno que había reconocido 16 homicidios, en la zona de Tepito.
¿Cuál es su consideración respecto a las versiones de reforma que han circulado?
—Lo que hoy muchos criticamos es una legislación regresiva, con despropósitos, que de aprobarse por el Congreso de la Unión nos llevaría gravemente a la situación vigente en la década de los 70, la época que todo mundo ha criticado, la llamada Guerra Sucia en México.
¿Focos rojos?
—Hacer a un lado a los jueces de Control, porque el Ministerio Público o el fiscal adquieren fuerza desproporcionada, sin equilibrios, prácticamente, y el fiscal puede decretar detención por 48 horas, un arraigo por 40 días, iniciar el proceso, obviamente sin la intervención del juez de Control.
No hay un tamiz que verifique la calidad de las pruebas, del procedimiento, la conformación del tipo o cuerpo del delito, no hay una oportunidad para que la defensa tenga tiempo suficiente para razonar, reflexionar y, en su caso, contrarreplicar o anular las pruebas del fiscal.
No hay un sistema adversarial, no hay igualdad en el procedimiento; otra vez el fiscal se vuelve a colocar por encima de todos; el juez, frente a esta nueva legislación, está facultado para decidir si acepta pruebas obtenidas, incluso, bajo tortura.
Intervenciones telefónicas, dichos de terceros, todo lo que pueda ser un indicio o evidencia aun obtenido de manera ilícita, el juez puede, de alguna manera, validarlo.
Esto sería volver al sistema anterior a Florence Cassez, puesta en libertad por violación al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Hay circunstancias señaladas por el fiscal General de la República, quien llama la atención, sin decir nombres, de Santiago Nieto y del Presidente, cuando dice: ‘Están violando la presunción de inocencia y el debido proceso, al prejuiciar a algunas personas que ni siquiera han estado en proceso o en juicio y se habla ya de una probable responsabilidad o presunta culpabilidad’. Caso muy claro, paradigmático, el del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora.
¿Estas “iniciativas” son preocupantes, aunque sean papeles sin autoría?
—Creo que a todos nos preocupa y hasta nos provoca un temor enorme que el Poder Legislativo apruebe una iniciativa con todos estos excesos.
Es claramente violatoria de los derechos humanos y contraria a los convenios internacionales que México suscribe sobre la materia.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la observamos de manera diferente, al estar presidida por una activa morenista que incluso ocupó recientemente un cargo en el partido, eso nos lleva a una gran preocupación.
No se conoce la opinión de la comisión respecto a este proyecto, por ejemplo, como tampoco ha abierto la boca sobre el caso Baja California, la prórroga del mandato, que no es tema electoral. Esos casos están muy claros, con una comisión ausente. La autoridad moral y pública no se tiene.
¿Por qué es distinto el discurso del fiscal y los proyectos de origen desconocido?
—El anterior procurador y el fiscal general no tienen derecho de iniciativa y, en este caso, la semana pasada lo que ocurrió fue una celada.
¿Hubo desaseo? ¿Esto es intransitable, entonces?
—En nadie cupo una dosis de sensatez cuando vio la propuesta. Posiblemente Ricardo Monreal haya dicho algo; una llamada a tiempo de la Corte, porque es muy clara la intromisión del Poder Legislativo en el Judicial, como esa idea de hacer a un lado al Consejo de la Judicatura para que el Senado asuma sus funciones, no tiene explicación constitucional.
Yo espero que exista la prudencia y México no abandone la ruta del respeto a los derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la adecuada asignación de competencias.
Me gustaría que se tomara en cuenta un punto en el que Estados Unidos tiene éxito en los procesos contra los narcos colombianos y mexicanos, la colaboración de los implicados en las investigaciones, que se ve apoyada por beneficios en la medida en que la información que rindan, las pruebas que aporten, sirvan a la fiscalía y la justicia estadounidenses.
Esta iniciativa que usted nos advierte marcaría un regreso a la Guerra Sucia, ¿es parte de un plan?, ¿cuál es la meta?
—Creo que el problema es la desesperación de un gobierno rebasado por la violencia y el delito, con 35 mil 584 homicidios el año pasado. No le ha funcionado su sistema de ‘abrazos y no balazos’, amnistía, perdones y olvidos.
Todo esto los ha llevado a una decisión que podríamos interpretar como crear una excepción general, que les dé mano dura contra la delincuencia y una libertad de actuar por encima de la libertad del ciudadano. Esto es lo peligroso.
¿Un grupo en el poder pragmático que antepone las metas y pasa por encima de los métodos?
—Sí, definitivamente. Acostumbrados a mantener el poder sin capacidad o sin experiencia de gobierno. La secretaria de Gobernación no tiene experiencia de gobierno, sino judicial; Alfonso Durazo no tiene experiencia en materia de seguridad; el de Comunicaciones no ve los cerros que están enfrente de Santa Lucía, y lo pintan las expresiones que ha tenido, como que los aviones se repelen. En el caso de la secretaria de Trabajo, tienen experiencia el papá y la mamá.