Se trata del exasesor de la JPyG del Congreso local en la pasada administración, José Miguel Murillo Pardo
Continuará firmando una vez al mes en la UMECA, esto como medida precautoria que dictaminó la juez
Vinculado a proceso el exasesor de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local en la pasada administración, José Miguel Murillo Pardo, quien resultó beneficiado por una "pensión dorada" con apenas 22 años de antigüedad laboral; continuará firmando una vez al mes en la Unidad de Medidas Cautelares, esto como medida precautoria que dictaminó la juez.
El ex asesor de la Junta Política del Congreso de Morelos, presentó documentos presuntamente con información falsa, a fin de obtener una “pensión dorada”, de la cual se ha beneficiado actualmente pues acude cada mes a las instalaciones del Poder Legislativo.
Fue el viernes pasado, al interior de la sala 1 de los jugados localizados en Atlacholoaya, que la Juez concedió el auto de vinculación solicitado por el agente del Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción, esto por aportar datos suficientes y firmes que ligan a Miguel con la entrega de documentos apócrifos.
A través de estos “archivos”, presentados ante la juez se logró encausar el dictamen, pues fue a través de ellos que se comprobó que José solo contaba con una antigüedad laboral de 22 años, y que el lapso que intentó encuadrar utilizando, de manera irregular, una pensión que representa el 60 por ciento de su último salario.
El imputado se encuentra relacionado con la causa penal JC/1326/2019, finalmente la Juez estableció un plazo de 60 días para la realización de la investigación complementaria, manteniéndose las medidas cautelares de acudir a firmar mensualmente, no salir del país, entre otras, las cuales fueron solicitadas por el agente del Ministerio Público en la formulación de imputación.
Fue apenas el miércoles de la semana anterior cuando al exfuncionario se le habría formulado imputación, por lo cual a la defensa de José el plazo de 72 horas para resolver sobre la vinculación a proceso, además, como medida precautoria, el acusado quedó obligado a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) una vez al mes, así como el no podrá de salir del país, ni podrá acercarse a los testigos señalados en la carpeta de investigación.
Cabe señalar que el acusado fue uno de los ex trabajadores del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que recibieron constancias de trabajo falsas, algunos incluso con el contubernio de ex presidentes municipales, con lo cual se hicieron de “una pensión dorada”, acreditando tiempo laboral que nunca sucedió.
En abril del 2019 diputados locales iniciaron con la cancelación de 24 decretos que otorgaban pensiones “lujosas” a diversos ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, de los cuales, algunos casos, aun ganando cinco mil pesos lograron una jubilación hasta de 30 mil.