En los últimos años tuvo una expansión impresionante el régimen de subcontratación de empleados (que éstos sean proporcionados a una empresa por otra empresa que sólo de dedica al manejo de personal, de nómina y de pago de prestaciones sociales). La llegada de la 4T, con Napito Gómez Urrutia a bordo, ha abierto la posibilidad de que se prohíban estas prácticas.
La instancia encargada de evitar abusos en cobros de impuestos a los outsourcing, se encuentra descabezada desde hace un año.
A unas horas de que arranque en el Senado el Parlamento Abierto para analizar el dictamen en materia de outsourcing, dirigentes sindicales y empresarios, incluso internacionales, desfilan por la Cámara alta para externarle su preocupación y pedirle al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que no se prohíba la subcontratación, pues ello se traduciría en un quebranto definitivo para las empresas en México que trabajan bajo ese esquema.
Monreal, por su parte, asegura a los empresarios preocupados que será modificado el dictamen inicial (obra de Napito Gómez Urrutia, el heredero del liderazgo sindical minero convertido en legislador), y que si bien se actuará con responsabilidad, “sin excesos ni radicalismos”. También advirtió que sí se regulará esa práctica pues muchas empresas han abusado y evadido al fisco cantidades millonarias, además de afectar a los trabajadores en sus derechos.
El zacatecano dijo que se buscará perfeccionar más esta ley para definir muy bien el concepto de outsourcing y los alcances del mismo en la subcontratación de trabajadores.
“No se va a afectar el empleo, pero sí se tiene que regular y se tiene que evitar el abuso del uso de la subcontratación, outsourcing, que ha ocurrido ahora”.
“No hay duda de que hay quienes están cumpliendo con la ley, pero también hay quienes han abusado y han hecho de esta figura jurídica del outsourcing una mina de negocios particulares, personales, evadiendo al fisco y lastimando al trabajador”, estableció.
Este lunes tocó el turno a empresarios de la comunidad judía en México, quienes se reunieron con Monreal a quien le solicitaron no prohibir el outsourcing en el país y le advirtieron que sería lamentable que se aprobara en los términos en que se le dio “luz verde” en la comisión que preside el senador, Napoleón Gómez Urrutia.
“Ellos están dispuestos a que se regule, pero que si se aprueba tal y como está sería muy lamentable, como un quebranto para las empresas que han estado trabajando con la subcontratación y que han actuado con la ley. No se les puede considerar igual que a todos, dicen ellos”, reveló Monreal tras la reunión.
Una de las mayores preocupaciones entre los empresarios es el asunto de que se catalogue esa práctica como delincuencia organizada, lo que se traduce en prisión para quien lo practique.
Sin embargo, Monreal explicó que nada está decidido y será el Pleno del Senado quien determine si hay modificaciones o no al dictamen aprobado.
“El Pleno es el que va a determinar si se aprueba como está o se modifica, porque ése es el propósito del Parlamento Abierto. No tendría sentido que los escuchemos y que finalmente aprobemos lo que ya está aprobado”, estableció.
El dictamen está aprobado por la mayoría en la Comisión, pero ese dictamen puede ser modificado en el Pleno, no tiene ninguna dificultad, recordó.
Esta semana se activa el Parlamento Abierto donde, con la participación de todos los sectores implicados, se analizarán los alcances del dictamen sobre outsourcing, que plantea entre otras cosas equiparar a delincuencia organizada esta práctica.
Es por ello que a lo largo de estos últimos días, empresarios y dirigentes sindicales han buscado a Monreal para cabildear algunas modificaciones a ese documento.
“Me han buscado grupos de empresarios, pero también dirigentes sindicales, sindicatos nacionales, empresas que quieren opinar e incluso tienen propuestas de modificación al dictamen que se propuso.”, detalló.
Los dirigentes del Consejo mexicano de Negocios (CMN), Coparmex, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se han reunido por separado con Monreal desde diciembre para solicitarle modificaciones al mencionado dictamen sobre outsourcing.
Monreal dijo que todos serán escuchados y el Senado tendrá la responsabilidad de ponderar, moderar y encabezar un proyecto que sea benéfico para el país, que no afecte el empleo, pero que tampoco perjudique la economía nacional mediante la evasión fiscal, por lo cual se buscará regular esta práctica a detalle.
El presidente de la comisión del Trabajo en el Senado, Napoleón Gómez Urrutia, aclaró que el llamado outsourcing no desaparecerá como tal, sino que se regulará en la legislación reglamentaria para evitar que las empresas simulen que no existe una relación laboral para evadir el pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social, lo cual afecta a más de 8 millones de trabajadores en el país y genera pérdidas estimadas en 500 mil millones de pesos a nivel nacional .
La iniciativa que se aprobó en diciembre pasado en comisiones del Senado, considera actos simulados la mayoría de los esquemas actuales de outsourcing y los equipara con delincuencia organizada cuando implican evasión de impuestos, por lo cual plantea prisión a quien incurra en estos actos.
Asimismo, obliga a los patrones a reponer a los trabajadores, de manera retroactiva y simultánea, el pago de utilidades correspondientes a todo el tiempo en el que hayan estado subcontratados.
Además, los contratantes podrán convenir un plazo de seis meses para cubrir los pagos, sin importar la cantidad de trabajadores que se deban indemnizar.
Entre los puntos principales que serán analizados bajo dicho sistema, se considera el de establecer la obligación de pagar de manera retroactiva las utilidades que no se hayan cubierto desde que fue contratado el empleado por este tipo de contratación.
De igual manera, se establece que la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el IMSS, Infonavit, así como el SAT, llevarán a cabo las inspecciones preventivas, ordinarias y extraordinarias, para comprobar que la persona contratista cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes.
MILES DE EMPLEOS EN RIESGO. A principios de año, el sector empresarial de México advirtió al Senado de la República que esta iniciativa de Gómez Urrutia para eliminar el outsourcing pondría en riesgo miles de empleos, desalentaría la inversión y sería inconstitucional.
El CCE, que preside Carlos Salazar, recordó que hace algunos meses se realizó un Parlamento Abierto, pero la iniciativa mencionada aún no se había presentado y al final las conclusiones de este ejercicio no fueron tomadas en cuenta por los senadores.
Por ello, el CCE pidió que se haga un debate profundo y sin simulaciones sobre el tema, pues recordó el riesgo de que si procede en sus término esta ley de outsourcing, en vez de beneficiar a los trabajadores, éstos saldrán afectados.
“Miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen de manera legal, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley. Pero la iniciativa equipara la subcontratación legal con la ilegal o abusiva, prácticamente eliminando cualquier posibilidad de subcontratar de manera legal. En vez de beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabajadores”, alerta.