La captura de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es una oportunidad para la Fiscalía General de la República de demostrar sus capacidades y del Gobierno Federal para consolidar su política de combate a la corrupción y la impunidad
Emilio Lozoya Austin cayó. El exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue capturado en Málaga, España, tras 9 meses de investigaciones conjuntas entre el gobierno mexicano y otros países europeos.
Acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, el extitular de Petróleos Mexicanos se encontraba prófugo desde mayo de 2019, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara de haber recibido sobornos por parte de la compañía brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes llamada Agro Nitrogenados.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, dijo en entrevista con Radio Fórmula, que por ahora la detención es únicamente con fines de extradición.
Sin embargo, en medio de una serie de polémicas por la reforma al sistema de justicia en el país y con el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de acabar con la corrupción, la captura de Lozoya Austin se presenta como la oportunidad perfecta para que el Gobierno federal demuestre que está cumpliendo con su trabajo y con lo prometido en campaña en materia de combate a la corrupción.
De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), su dependencia presentó cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya por los casos de Odebretch, Agro Nitrogenados y por un tema de defraudación, los cuales ya fueron procesados por la Fiscalía General de la República que fue la que obtuvo las órdenes de aprehensión.
También reveló que se sigue investigando al exdirector de Petróleos Mexicanos, por lo que podrían llegar más denuncias en su contra.
“Todavía hay dos casos en contra de Emilio Lozoya que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos investigando otro caso sobre un astillero en España donde hay pérdidas por unos 50 millones de euros”.
Durante el foro “Transparencia para combatir la corrupción”, Nieto dijo que en la red de Lozoya están implicadas -además de Odebrecht-, la empresa española OHL y la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA), de las que el exfuncionario público recibió transferencias a través de un intrincado sistema de sociedades y cuentas bancarias.
“Más o menos, en los montos bloqueados por esta operación, estamos hablando de 97 millones de pesos y 12 millones de dólares, y los montos denunciados son por 119 millones de dólares y 63 millones de pesos”.
Además también están implicadas su mamá, Gilda Austin, su hermana, Gilda Susana, y su esposa Marielle Helene Eckes, quienes recibieron recursos en sus cuentas bancarias.
De acuerdo con Santiago Nieto, el flujo de dinero recorrió Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, Liechtenstein, Mónaco, Brasil, México y Alemania, entre otros países.
¿Qué sigue para Lozoya Austin?
La detención de Emilio Lozoya y su extradición son apenas los primeros pasos a seguir en un largo camino que la Fiscalía General de la República aún tiene por recorrer antes de poder castigar al extitular de Pemex por sus presuntos actos de corrupción.
Estefanía Medina, abogada especialista en Sistema Penal Acusatorio y cofundadora de la asociación civil Tojil, explica en entrevista para Reporte Indigo los retos que la justicia mexicana enfrentará una vez que Lozoya Austin llegue al país.
“Una vez en México, como viene en cumplimiento de una orden de aprehensión, de inmediato se tiene que poner a disposición de un juez de control para llevar a cabo lo que se conoce como audiencia inicial.
“Ahí la Fiscalía lo que tiene que hacer es una formulación de imputación que implica señalarle los cargos que le están imputando y por lo cuales consiguió esta detención.
“Una vez que se le imputen los cargos, lo que sigue en esa misma audiencia es solicitar la figura de vinculación a proceso, esto quiere decir que quede sujeto a que se siga este procedimiento ante una juez”.
Sin embargo, la jurista comenta que para poder llevarlo ante un tribunal, la FGR tiene que acreditar con evidencia dos cosas principalmente: la primera, que tiene elementos suficientes para señalar que en una etapa muy preliminar los hechos que se le están imputando pudieron haber ocurrido y, dos, que él pudo haber tenido una responsabilidad.
“Desde Tojil vemos dos temas fundamentales dentro de las acusaciones. Uno son las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que puede ser lavado de dinero; y el de cohecho, posiblemente vinculado a sus funciones cuando dirigía Pemex; los cuales tendrían que vincularse.
“Aquí es importante tomar en cuenta, para que no suceda lo que hemos visto en otros casos donde el acusado termina en libertad o con una sentencia que no concuerda con sus acciones, que estos delitos por sí solos no implican que él vaya a quedar en prisión de manera automática.
“Entonces las dos principales labores que tiene por delante la FGR son: uno, lograr la vinculación a proceso y, lo segundo, pelear la medida cautelar para que se le dicte prisión preventiva justificada”.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede solicitar cerca de 13 medidas cautelares que se van incrementando de acuerdo con la gravedad de tres posibilidades: que la persona se pueda dar a la fuga, que pueda obstaculizar la investigación o que pueda afectar a la víctima y a la comunidad, explica Medina.
“Consideramos que por haber estado prófugo, lo más lógico sería que la Fiscalía solicite la medida cautelar de la prisión preventiva”.
La cofundadora de Tojil dice que pensando en un escenario en el que todo saliera bien, —se le vinculara a proceso y se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva— vendría una etapa de investigación complementaria.
“Lo que sucede en ese caso es que la FGR debe hacerse de muchas más evidencias para tener todos los elementos probatorios y poder llevar el caso ante un juez, lo cual es clave.
“Lo que hemos visto en nuestra experiencia es que este tipo de redes no operan a raíz de una sola persona en particular. Entonces el gran reto para la FGR será cómo allegarse de pruebas para lograr el desmantelamiento de todas las personas involucradas en esta red de corrupción. Además de que también la FGR debe poner especial atención en resarcir los daños, es decir, que se recuperen los recursos desviados”.