Transgrede la ley de transparencia; niega información sobre presupuesto que ejerció en 2018 y 2019, acusa
El órgano procurador de la justicia ¨obtuvo el mayor presupuesto en su historia: 734 millones el año pasado¨, revela
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Uriel Carmona Gándara, es acusada de “trasgredir” la ley de transparencia, al negar información sobre el presupuesto que ejerció, por mes y partida presupuestal, en 2018 y 2019.
Con base en la perspectiva del centro de investigación “Morelos Rinde Cuentas”, el año pasado, el órgano procurador de la justicia en el estado de Morelos “obtuvo el mayor presupuesto en su historia: 734 millones”.
De igual forma, reveló que, en el rubro de “servicios personales”, se programaron 459 millones, 598 mil 806. A septiembre del año anterior, se ejercieron 307 millones 140 mil 139, quedando una diferencia de 152 millones, 458 mil 667 (sin esclarecerse aún).
Roberto Salinas, co-editor, del organismo antes descrito, hizo un llamado a las autoridades correspondientes, a efecto de que, “ante la crisis de inseguridad” en la mayoría de las demarcaciones municipales, se aboquen “… a transparentar el uso y aplicación de recursos”.
En “bienes muebles, inmuebles e intangibles”, se destinaron 64 millones 950 mil; no obstante, no se ha esclarecido la cifra de 22 millones 287 mil 149.
En cada rubro se hace hincapié que hay un halo de incertidumbre; verbigracia: “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; “servicios generales” y más.
Cabe precisar que el artículo seis, de la normatividad del ramo, expone: “Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese, administre, archive y resguarde información pública es responsable de la misma y está obligado a permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los términos de esta Ley”.
Y el nueve: “Los Sujetos Obligados (como es el caso de la FGE) deberán documentar todos los actos y decisiones que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones…”. El 10 advierte: “En caso de que los Sujetos (…) no documenten sus actos y decisiones que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, deberán atender los requerimientos de acceso a la información que se les formulen...”.
En suma, esta oficina de investigación manifestó que la información requerida no se otorgó de manera integral.