Tribunales federales protegen a jueces y trabajadores de las decisiones tomadas por la comisión de transición del TSJ, instaurada ilegalmente por la magistrada presidenta.
Tribunales colegiados confirmaron la protección de la justicia federal a favor de más de un veintena de jueces y trabajadores judiciales, e invalidaron los procedimientos administrativos y sanciones que les fueron impuestas por los magistrados de la Comisión de Transición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), porque dicho órgano carecía de competencia y operó ilegalmente por más de un año.
De acuerdo con información recabada, la mayor parte de las acciones disciplinarias y sanciones impuestas por la comisión que integró la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, y los magistrados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón Vega, fueron por impugnadas ante la justicia federal que, en juzgados de distrito, declaró la incompetencia e ilegalidad de la cuestionada comisión y, en tribunales colegiados, confirmó el criterio.
Lo anterior, porque, una vez extinto el Consejo de la Judicatura, debió cumplirse con la reforma constitucional en vigor desde el 5 de abril de 2018, que ordenó la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
El criterio adoptado por los juzgados y tribunales federales fue que, del 5 de abril de 2018 al 3 de junio de 2019, fecha en que se instauró la junta y se integró (lo cual todavía se dirime paralelamente ante la justicia federal por cuanto a la designación de la magistrada Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo) la Comisión de Transición no tenía competencia para iniciar procedimientos administrativos e imponer sanciones a personal judicial.
Incluso, los tribunales colegiados, también fijaron como criterio que era inoperante el acuerdo general de Pleno del TSJ, aprobado por un grupo de magistrados y con el voto de calidad de Cuevas López como magistrada presidenta el 15 de mayo de 2019, con el que se pretendió validar los actos de la Comisión de Transición
Este acuerdo fue rechazado por los magistrados disidentes, quienes habían advertido del galimatías legal y las consecuencias jurídicas que traería para el TSJ la negativa de Cuevas López de instalar en tiempo y forma la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.
En consecuencia, dicha junta ha sido obligada a reponer los procedimientos y a emitir nuevas resoluciones debidamente fundadas y motivadas.