Alega que la familia no puede demandar al agente que tiroteó a Sergio Hernández, porque el delito no ocurrió en suelo estadunidense. El gobierno mexicano expresa su “profunda preocupación”
La muerte de Sergio Keko Hernández quedará impune. Así lo decidió ayer por cinco votos a cuatro la Corte Suprema de EU, que alegó que la familia del menor, que tenía 15 años cuando fue asesinado en junio de 2010, no tiene derecho a demandar al agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) que le disparó.
La corte argumenta que aunque el agente Jesús Mesa disparó desde el lado estadunidense de la valla de Ciudad Juárez, como la muerte fue en territorio mexicano, no hay jurisdicción para ello.
El fallo es especialmente relevante no sólo porque pone en vía muerta los reclamos de la familia por la gravedad de los hechos sino porque sienta un grave precedente que puede dejar impune cualquier actuación criminal de los agentes de la CBP a través de las vallas fronterizas.
El caso, conocido como Hernández vs. Mesa puso de relieve las mentiras del gobierno estadunidense, que tras conocerse los hechos justificó al agente asegurando que el menor era parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras a Mesa, quien se defendió con su arma.
“LA UBICACIÓN NO IMPORTA”. Por su parte, la veteranísima magistrada de la corte Ruth Bader Ginsburg, emitió un fallo particular en el que aseguró que “la ubicación de Hernández en el momento preciso en que cayó la bala no debería importar lo más mínimo”.
Ginsburg agregó que no se están cuestionando “políticas o políticos” sino las “acciones deshonestas de un agente de la ley”.
Preocupación en México. Tras conocer la sentencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que expresa su rechazo frontal.
“El Gobierno de México expresa su profunda preocupación por los efectos que esta decisión tendrá en otros casos similares, en los que ciudadanos mexicanos han muerto por disparos de fuego efectuados por agentes estadounidenses hacia el lado mexicano. Con este precedente, dichos casos ahora podrían tener limitaciones para demandar justicia y una reparación del daño en los tribunales de ese país.
La cancillería recordó que “México ha expresado su enérgica condena a situaciones en las que autoridades de procuración de justicia recurren al uso de la fuerza de manera desproporcionada, y en ocasiones extraterritorial, particularmente en la frontera común. Ante estas situaciones, en 2014 México y Estados Unidos crearon el Grupo de Alto Nivel para la Prevención de la Violencia Fronteriza, el cual ha sesionado en seis ocasiones y ha avanzado en temas como rendición de cuentas y transparencia, así como acciones preventivas”.