DIVERSAS ORGANIZACIONES QUE SE HAN PRONUNCIADO CONTRA EL MATRIMONIO IGUALITARIO CONTRAVIENEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO Y OTRAS LEYES
Oponerse a las normas de derechos humanos y no discriminación, así como intervenir en los procesos que competen de manera exclusiva a las instituciones del estado, son algunas de las infracciones que han cometido diversos ministros de culto religioso en Morelos, encabezados por el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en el marco de la reforma al 120 Constitucional con la cual serán posibles los matrimonios igualitarios.
El viernes, una vez que el Congreso declaró válida la reforma de los matrimonios igualitarios, el obispo Castro Castro difundió una convocatoria para participar de una marcha “por la familia y la legalidad”.
Aunque en el texto establece que la participación sería en carácter de “ciudadano”, bajo los sellos de la Arquidiócesis se critica a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como las resoluciones de la SCJN en la materia. Tales acciones pueden ser motivo de infracción por violentar la Ley de asociaciones religiosas y culto público, así como la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una vez aprobada la reforma en el Congreso, el 18 de mayo, inició una consulta a los 33 ayuntamientos en Morelos, que en su carácter de Constituyente permanente debían pronunciarse a favor o en contra de modificar el artículo. El proceso del constituyente y la posterior declaratoria de validez en el Legislativo, estuvo plagada de incidentes en los Cabildos y el Congreso, personas rezando y cantando alabanzas en edificios públicos, personas religiosas lanzando “agua bendita” a personas del colectivo lésbico-gay fueron documentadas y consignadas de manera pública.
Si bien la Constitución ampara la libertad de culto, también establece que las manifestaciones religiosas deben darse en recintos destinados para ello y en caso de manifestaciones públicas, debe notificarse de manera previa a autoridad solicitando autorización y especificando el motivo de la realización de actos religiosos fuera de los templos.
El Artículo 130 constitucional consigna el principio de separación de la iglesia y el estado, de manera que así como el gobierno no puede intervenir en la organización interna, documentos básicos y demás temas que competan a las religiones, de la misma manera las representaciones religiosas no deben intervenir en procesos correspondientes a las instituciones gubernamentales.
El autodenominado Consejo Interreligioso del Estado de Morelos, agrupación constituida con la representación de las ocho religiones con presencia mayoritaria en el estado, realizó un abierto activismo en contra de que se avalara la reforma al 120 Constitucional, valiéndose de argumentos morales y religiosos dieron “línea” a los Cabildos a para que la rechazaran.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México establece que es obligación de las asociaciones religiosas sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, así como respetar las instituciones del país. Es en el artículo primero de la citada ley que se establece:
“Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”.
En junio de 2011, fue aprobada en México una reforma integral en materia de Derechos Humanos, entre otras cosas se adicionó en el artículo primero de la Constitución federal que la preferencia sexual no debe ser motivo de discriminación, bajo ese precepto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto a favor de parejas del mismo sexo una serie de amparos interpuestos, cuando en distintos estados de la república les ha sido negado el matrimonio civil, incluso el año pasado fue emitida la jurisprudencia 43/2015, misma que declarainconstitucionales aquellas normas en los estados que no permiten el matrimonio.
APOYA MC UNIÓN GAY
Permitir el matrimonio igualitario en Morelos es un avance sustancial en derechos humanos, comentó Jessica Ortega de la Cruz, coordinadora de Movimiento Ciudadano. Indicó que para el partido permitir la unión gay en Morelos es, sin duda alguna, un avance sustancial en la protección de los derechos humanos, ya que con esto se garantizan condiciones de igualdad a quienes deseen contraer matrimonio por la vía civil, sin importar su orientación sexual, situación que brinda certeza jurídica en materia de protección por el seguro social o el derecho a heredar a este sector de la sociedad.
Protección de pederastia
El 13 de mayo, Morelos Habla dio cuenta de la investigación que hizo la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, sobre 65 prelados mexicanos acusados de pederastia en Estados Unidos, quienes recibieron cartas de traslado a distintas Arquidiócesis y Diócesis de nuestro país. Algunos arribaron a Morelos, y cuando aquí se supo que sus nombres aparecían en la lista de la SNAP, la Diócesis de Cuernavaca, a cargo del obispo Ramón Castro Castro, únicamente los removió de templo. Las sospechas sobre curas pederastas existían desde 2005.
El trabajo periodístico de Guillermo Cinta señala que gracias al Directorio Eclesiástico de la República Mexicana 2009, elaborado por la Arquidiócesis de México, se localizó a 16 curas en activo con denuncias. Esos sacerdotes fueron colocados para ejercer su ministerio en las Arquidiócesis de Guadalajara, San Luis Potosí, Xalapa, Tlalnepantla, Yucatán, México, Querétaro y Tijuana, así como en las Diócesis de Colima, Aguascalientes, Ciudad Guzmán, Ciudad Obregón, Culiacán y Cuernavaca.
En Morelos, José Antonio Pinal Castellanos, quien en mayo de 2010 estaba a cargo de la parroquia de Cristo Rey, ubicada en la colonia El Empleado de la capital morelense, fue cambiado como titular del templo de la Inmaculada Concepción, que se localiza en la colonia Lomas de Atzingo.
Nicolás Aguilar Rivera, acusado de abusar sexualmente de 86 niños en México y EU, ofició durante varios años en la región oriente de Morelos. Notas periodísticas aparecidas en junio de 2007 indicaban que Aguilar Rivera continuaba en Morelos con la anuencia de la Diócesis de Cuernavaca, entonces presidida por Florencio Olvera Ochoa; sin embargo, el cardenal Norberto Rivera Carrera aseguró que desconocía el paradero del cura pederasta. El semanario Proceso publicó en octubre de 2007 un extenso reportaje sobre Nicolás Aguilar Rivera, quien después se “esfumó” de Morelos.
En abril de 2015, el periodista José Manuel Pérez Durán se refirió al sacerdote Carlos López Valdés, acusado de 31 abusos sexuales de niños, pero se mantenía activo en parroquias de Morelos gracias al encubrimiento del titular de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro.
Algunos diarios veracruzanos difundieron que los sacerdotes Martín Mena Carrillo y Francisco Velázquez Trejo, denunciados por abuso sexual entre 2007 y 2009. El expediente se abrió en el Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial de Campeche, donde también está involucrado Ramón Castro, quien antes de arribar a Morelos estaba adscrito a la Diócesis de Campeche