La declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, decretada ayer por el Covid-19, amplía hasta el 30 de abril el resguardo domiciliario de la población y obliga a las empresas a pagar salarios íntegros y a no despedir trabajadores.
A la orden del Consejo Nacional de Salubridad -avalada por el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador- de suspender durante abril todas las actividades no esenciales en los sector es público, privado y social, sobrevino la discusión sobre el pago a trabajadores en este periodo.
El Canciller Marcelo Ebrard, que leyó el decreto, advirtió que las empresas no podrían limitar el salario de los trabajadores a condición de no rescindir el contrato.
"Empresa que lo intente", dijo Ebrard, "se va a enfrentar a un proceso laboral que va a perder.
"No se le puede privar al trabajador de su salario este mes de acuerdo con la ley", agregó.
Los negocios o empresas que violen las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud, y que por este motivo generen contagios, serán sujetos a castigos que pueden ir desde sanciones administrativas hasta penales, añadió.
Además, ante la inminencia de la entrada a la Fase Tres, cuando se registren miles de contagios de coronavirus en el País, el Gobierno federal extendió las medidas de prevención, entre ellas que la población no salga de sus hogares hasta el 30 de abril.
A partir de ayer quedan prohibidas las reuniones de más de 50 personas y se deberán respetar las medidas de higiene y sana distancia emitidas por Salud.
El resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión, embarazo o puerperio.
También se postergan, hasta nuevo aviso, todos los procesos electorales, censos y encuestas que involucren la movilización de personas y la inter acción física entre las mismas.
Las actividades que no se suspenden son las relacionadas con la rama médica y del sector salud, tanto público y privado, así como las relacionadas con la seguridad pública, integridad y soberanía nacional.
Tampoco se suspenden la actividad legislativa y la de sectores esenciales para el funcionamiento de la economía e incluso los programas de bienestar del Gobierno federal.