El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, exoneró al gobernador Graco Ramírez del presunto desvío de recursos del crédito de dos mil 806 millones de pesos y con ello abrió la puerta para que en breve, la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, deseche la solicitud de juicio político que inició la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, contra el titular del gobierno de “Nueva Visión”. A pesar que desde la Comisión de Hacienda del Congreso se pretendió mantener oculto el informe de resultados de la auditoría especial, entregado a los legisladores desde el pasado 18 de febrero, una filtración de su parte resolutiva confirmó que Loredo Méndez desechó y eliminó del expediente una lista importante de observaciones resarcitorias que habían sido documentadas previamente, por su antecesor -el entonces titular de la Auditoría Superior de Fiscalización- Luis Manuel González Velázquez. A cambio, Loredo Méndez, quien fuera impulsado para ocupar el cargo de Auditor General por la entonces coordinadora parlamentaria del PRD, Lucía Meza Guzmán, determinó que “el Poder Ejecutivo del estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas generales aplicables, se determina que presenta de manera razonable la situación financiera, programática y presupuestal del crédito...”, con lo que exoneró de cualquier señalamiento por el desvío o el mal uso de los recursos al gobernador Graco Ramírez. Como parte del informe de resultados, el Auditor General detalló que luego de que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Estatal presentara en noviembre pasado un Recurso de Reconsideración, modificó y en su caso revocó la mayoría de las observaciones resarcitorias documentadas previamente, por lo que casi todo el expediente volcó únicamente hacia el tema administrativo, por el que “se iniciarán procesos de responsabilidades”. Loredo Méndez eliminó del informe de resultados, las observaciones que el auditor anterior documentó sobre el pago irregular de obras y acciones de años anteriores entre 2008 y 2012, además de obras y acciones que ya habían sido “devengadas, ejecutadas y pagadas antes del 10 de octubre de 2013, fecha de publicación de la autorización del Congreso del Estado al Poder Ejecutivo para la contratación del crédito”. En el informe final ya no aparecieron tampoco las pruebas del presunto pago de “eventos culturales, económicos y turísticos, entre otros, cubiertos de manera improcedente con recursos de los créditos contratados”, aun cuando la Ley de Deuda Pública del Estado advierte que los dineros provenientes de financiamientos, no pueden ser utilizados para el pago de rubros contenidos en el gasto corriente. El auditor también deslindó a la administración estatal de los pagos de la nómina del Instituto de Educación Básica que se hicieron con recursos del crédito y pasó por alto incluso la determinación de la Auditoría Superior de la Federación, que si detectó irregularidades en el uso del empréstito para la construcción del estadio Agustín “Coruco” Díaz. Con esta resolución, Loredo Méndez entregó a los coordinadores parlamentarios que integran la Junta Política y de Gobierno del Congreso, el argumento necesario para el rechazo de la solicitud de juicio político que la CMMC presentó contra Graco Ramírez, ya que la acusación principal de la Coordinadora, gira en torno del desvío de recursos del millonario crédito
