El presidente mexicano trata de ganar espacio ante las críticas de los empresarios y algunos gobernadores
Mientras Colombia o Argentina han anunciado ambiciosos planes de estímulo fiscal y apoyo a las empresas para aplacar la crisis desatada por el coronavirus, el Gobierno mexicano ha preferido por ahora no forzar ningún volantazo en su política económica. Ante el severo golpe que se avecina −un desplome de más del 6.6% del PIB para este año, según el FMI− Andrés Manuel López Obrador se mantiene firme en su dogmática austeridad republicana y considera que será suficiente con amarrar bien los programas de subsidios para los más pobres y lanzar un modesto balón de créditos para las empresas más pequeñas y los trabajadores públicos.
La resistencia de López Obrador a abrir el puño del gasto público no solo amenaza la viabilidad del plan de choque mexicano contra la pandemia, sino que empieza también a erosionar su proverbial olfato y liderazgo político, que cada vez cuenta con menos aliados en su particular lectura de la crisis global. En clave interna, tanto patronal y como oposición ya han empezado a martillear en la grieta abierta, elevado el nivel de críticas. Ante las que el presidente ha decidido responder desempolvando una vieja herramienta: la revocación de mandato.
Una polémica iniciativa de principios de la legislatura con la que López Obrador pretende reflotar su popularidad supeditando su continuidad en el cargo al resultado de una consulta plebiscitaria, como la que ya utilizó para echar para atrás el proyecto del aeropuerto iniciado por el Gobierno anterior. La novedad sería adelantar un año la cita para el referéndum, planteada hasta ahora para 2022, último tramo del mandato. “Les ofrezco a los conservadores que sea el pueblo de manera pacífica el que decida. Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara el enojo”, anunció este martes durante su conferencia de prensa mañanera.
La patronal, que desde la llegada de Morena al poder en 2018 había mantenido un meditado equilibrio en sus participaciones públicas, había salido la semana pasada a la palestra para airear su malestar. “Ante el Gobierno nos encontramos con una puerta cerrada”, dijo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que anunció también una serie de reuniones de su organización para definir la estrategia del sector privado ante la crisis. “Si el Gobierno federal nos abandona a cada uno de nosotros nuestra obligación es buscar una solución aparte”, añadió el directivo. Esta tensión contrasta con el clima del año pasado. Durante la presentación de su primer informe de Gobierno, López Obrador agradeció públicamente al propio Salazar por haberle ayudado a desatascar la negociación con empresas extranjeras que permitió poner en marcha una red gasoductos con EE UU y Canadá.
También ha subido el tono la oposición, prácticamente desaparecida desde la arrolladora victoria de Morena. Espoleados primero por las dudas que ha despertado la gestión sanitaria del brote del coronavirus por parte del Ejecutivo central, un grupo de gobernadores ha comenzado a colocar en la agenda otra antigua reclamación: el pacto fiscal. Los Estados del norte, la zona más industrializada del país, consideran injusta la distribución de los ingresos fiscales que hace el Estado federal, basada en el principio de solidaridad y reparto entre los estados ricos y pobres.
El Gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro −uno de los más activos y que ya ha anunciado que desobedecerá el método del Gobierno sobre el conteo de casos del virus− junto a los de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, declaró esta semana que si no hay voluntad, "ya estuvo bueno del maltrato hacia los Estados que producen riqueza, trabajo y oportunidades para la gente”.