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REFORMA: Aduanales en la mira, pero no el crimen

El gobierno federal dotará al Administrador General de Aduanas de facultades para autorizar, cancelar e inhabilitar a agentes y agencias aduanales, así como imponer sanciones a todos los involucrados en la actividad, según Acuerdo publicado en el Diario Oficial por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ante la crisis de las Aduanas, actualmente sometidas al control del crimen organizado, el Gobierno federal va por su tercer administrador general y por reglas que endurecerán la vigilancia a las agencias aduanales pero sin anunciar castigos o persecución de grupos delictivos que corrompen y deciden la introducción y paso de mercancías, como en Nuevo Laredo, Manzanillo o Tijuana.

El administrador general, cargo para el que está propuesto Horacio Duarte, tendrá más facultades en la vigilancia de comercio exterior y movimiento de mercancías al interior del País, según el Diario Oficial de la Federación.

“(El administrador general de aduanas) podrá otorgar o cancelar las autorizaciones de agencia aduanal, de agente aduanal incorporado a la agencia aduanal y de mandatario de agencia aduanal, así como inhabilitar a las referidas agencias; tramitar, resolver y notificar los actos o resoluciones concernientes a los asuntos relacionados con dichas autorizaciones o con la inhabilitación”, señala.

Los agentes aduanales son las figuras más importante del comercio exterior, ya que a través de ellos se realizan todo el despacho de mercancías que entra y sale del País.

Estas figuras operan bajo una patente que otorga la Secretaría de Hacienda y que les permite formar una agencia aduanal como empresa, la cual pueden operar con socios.

Actualmente para cancelar una patente aduanal, es el SAT el que abre el procedimiento de investigación, pero esa facultad no está delimitada a un puesto en particular como ahora se hace con el Administrador General de Aduanas.

Asimismo, el titular de Aduanas también podrá retener mercancías de comercio exterior cuando se presuma alguna infracción en materia de derechos autor y de propiedad industrial.

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Nacional
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