Familiares de víctimas de la violencia exigen a las autoridades continuar con las investigaciones
Isabel Cruz remueve la tierra donde ve un monte solo, unos árboles frondosos, un río cerca. Busca a su hijo Yosimar, un policía de 31 años desaparecido en el Estado de Sinaloa en 2017. No puede permitirse un día sin hacerlo. La pandemia de la covid-19 no ha frenado la violencia en México, donde más de 230 personas desaparecieron entre marzo y abril, y tampoco la detiene a ella: “Hay más desapariciones, hay más asesinatos. ¿Y nosotros aquí llorando? Pues no”.
Cruz, de 51 años, está terminando la preparatoria y se ha formado para tareas que no creyó hacer en su vida. Sabe hidratar un tatuaje, colar huesos y manejar un dron. “Todas estas cosas las hemos aprendido en el camino para que la Fiscalía no nos diga que estamos locas”, cuenta Cruz frente al ordenador. La pared detrás de ella está empapelada con mapas del Estado de Sinaloa y fichas con letras rojas de desaparecidos. En un archivero guarda más de 270 expedientes y dos imágenes en tamaño real de su hijo llenan el espacio.
La fundadora de Sabuesos Guerreras continúa saliendo al campo con algunas de las madres que forman el colectivo pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de México, donde hay más de 3.000 muertos por la covid-19. Antes iban al terreno tres veces por semana en grupos de 15 o 20 personas; ahora salen solo una vez y son seis arriba de un Chevrolet Astro “para mantener la sana distancia”. Arrancan a las siete de la mañana enfundadas en trajes especiales con guantes, mascarillas y pasamontañas. El pasado 9 de abril hicieron un hallazgo.
México busca a más de 61.600 personas. La mayoría comenzó a desaparecer desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó al Ejército a la calle para combatir a los cárteles. La guerra contra el narcotráfico ha continuado desde entonces. La violencia sigue llevándose varias vidas incluso con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió cambiar la estrategia. Durante los primeros meses de este año, se registraron más de 100 homicidios diarios, según el conteo de las autoridades de Seguridad.
Hasta 2017, no había en México una ley para facilitar la localización de los desaparecidos y garantizar la reparación a las víctimas. Aún hoy, parte de la normativa se incumple en algunas zonas, según denuncian asociaciones civiles. A la falta de personal, recursos, forenses y a la descoordinación entre las autoridades de comisiones y fiscalías federales y estatales se suma ahora la imposibilidad de salir. La pandemia pone más trabas a un sistema lleno de carencias.
Cuando Cruz y el resto del colectivo encontraron huesos en un campo cercano a Culiacán el pasado 9 de abril, llamaron a la Fiscalía, según relata: “Me entregaron una bolsita y me dijeron ‘Isabel, si encuentra otro huesito, pues ahí lo echa”. Apreció un cráneo, un coxis, costillas y vértebras. “¿Se habría quedado ahí si nosotras no hubiéramos excavado?”, se pregunta. La predisposición de las autoridades varía según cada estado, critican los familiares, y la respuesta que Cruz recibió ese día le confirmó que tenía que seguir saliendo.
Más de 230 desapariciones entre marzo y abril
Las desapariciones no han frenado y el Gobierno ha prohibido la incineración de cuerpos no identificados o identificados y no reclamados mientras dure la pandemia. Entre marzo y abril, la subsecretaría de Derechos Humanos registró 237 casos. 87 personas ya han sido localizadas. La Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado han pospuesto los trabajos en el terreno, aunque sus equipos mantienen guardias y continúan con otras tareas desde sus casas.
“El 80% sigue funcionando”, asegura por teléfono Karla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda. La recepción de denuncias y la investigación inmediata de personas desaparecidas recientemente no se han detenido. Este jueves, por ejemplo, su equipo localizó a una mujer embarazada en el Estado de México tras recibir una alerta horas antes. También continúan las reuniones y las labores administrativas y jurídicas, de registro y de análisis de datos, precisa la comisionada. Fuentes de la Fiscalía General también confirman que las investigaciones "de gabinete” no se han detenido.
Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, advierte, sin embargo, de que “no siempre se encuentra esa clara disposición” para estudiar los casos. El abogado añade que “falta personal con los conocimientos” para realizar esas tareas. “No basta con que digan ahora vamos a hacer análisis de contexto. Si no tienes un equipo que sepa del tema y una metodología mínimamente armada, es más un buen deseo que una posibilidad concreta”, critica.
“Deberían de estar sacando todos los expedientes que tienen rezagados, porque tienen miles”, reclama una madre del colectivo Por amor a ellxs, de Jalisco, quien prefiere no identificarse. Vive en el Estado con más desaparecidos en el último año, con 2.100, según el registro nacional. “Hay más muertos por asesinatos que por el virus en Jalisco y las fiscalías no quieren atender a las familias. La violencia no para”, denunciaba el pasado martes, cuando se registraron cinco homicidios en Jalisco, según el informe diario de seguridad del Gobierno. Solo en la primera semana de mayo, una decena de familias contactaron con la organización para pedirles apoyo. Ellas les brindaron asistencia de forma virtual.
Algunos colectivos han dejado de recorrer hospitales, cárceles, psiquiátricos y terrenos por seguridad en la pandemia, pero no han frenado del todo. El retraso pone el alma de los familiares “en un hilito”, cuenta Montserrat Castillo. Es integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que ha excavado en los Estados de Veracruz, Guerrero y Sinaloa, tres de las entidades con más fosas clandestinas del país. “Es que es tiempo, es aceptar que se borra más y más evidencia. Y más burocracia, que es una pesadilla”, lamenta mientras la pantalla de su ordenador se completa con los rostros de sus compañeros.
Desde hace un mes, coinciden semanalmente en línea. Las salas de conferencias virtuales, los chats de mensajería instantánea y las llamadas telefónicas son los lugares de encuentro para muchos mientras dure la emergencia. La minuta de este martes a las ocho de la noche: detallar la acción que harán el 10 de mayo, Día de las Madres; comentar el protocolo de búsqueda que la Comisión Nacional está diseñando para presentar sus observaciones; definir cómo seguirá su lucha cuando pase la pandemia.
Llueve e Internet tiembla en la casa de Castillo, en Ciudad de México. María Herrera, de 71 años, madre de cuatro hijos desaparecidos en Guerrero y Veracruz, consigue conectarse tras 40 minutos intentando. Doña Mary está aprendiendo a hacer videoconferencias. El círculo de su cara aparece recortado, la barbilla en primer plano. La señora hace su parte. Espera que el Estado haga la suya.
Este domingo, Día de las Madres, se harán notar en las redes sociales, como cada año lo hacen en las calles. La Red de Enlaces Nacionales, a la que pertenece el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, se sumará a la “marcha” virtual organizada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que reúne a más de 60 colectivos. Madres, padres, hermanos y activistas han empezado una campaña en línea con fotos y vídeos de personas con el rostro tapado por un cubrebocas y la inscripción “¿Dónde están?”. Ni siquiera una pandemia borra esta duda de la mente de las familias de los desaparecidos.