López Obrador profundiza la cesión de poder al Ejército tras la creación de la Guardia Nacional y el reparto de negocios inmobiliarios y logísticos. Los militares realizarán labores policiales hasta 2024
México ha sellado en una ley lo que había sido una realidad de facto durante más de una década. 14 años después de la polémica salida del Ejército de los cuarteles para patrullar las calles con la justificación de la crecida del narcotráfico, la entrega de la seguridad pública a los militares ya cuenta con un blindaje legal, una petición recurrente de la cúpula castrense. Ha sido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gran crítico de la militarización de las labores policiales durante sus largos años en la oposición, el que ha consolidado el nuevo papel del Ejército hasta marzo de 2024, prácticamente hasta el final del mandato presidencial. La influencia de la Fuerzas Armadas en la vida civil mexicana ha ido en aumento desde la llegada al poder de Morena, con una política cada vez más clara de mano tendida a los militares. Los negocios inmobiliarios, las concesiones logísticas o de gestión se han multiplicado durante los últimos dos años.
El acuerdo firmado este lunes se encuadra dentro de un plan mayor, avanzado con la creación la primavera del año pasado de la Guardia Nacional, el polémico cuerpo nacido ex profeso para controlar la violencia en el país. La medida estrella del López Obrador en materia de seguridad necesitó de una reforma exprés de la Constitución, donde se establecía que “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.
Ha sorprendido el momento elegido para hacer efectiva esa prerrogativa. Ha pasado ya más de un año desde la implantación de la Guardia Nacional, con sus efectivos desplegados ampliamente por el territorio del país, cumpliendo desde controles migratorios en la frontera sur hasta labores policiales en los barrios más calientes de la capital. El acuerdo llega además en plena crisis sanitaria por la covid-19, con el Ejercito al mando también de hospitales y recursos sanitarios para hacer frente la pandemia.
Esta coyuntura es subrayada por Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como uno de los posibles motivos. “Está habiendo saqueos, agresiones a policías en los hospitales. El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, está necesitando de la ayuda de los militares y es muy probable que no le hagan caso. Este acuerdo es un apoyo de López Obrador a su capacidad de gestión”. Se trataría, según la interpretación del analista, de una pugna dentro del aparato de seguridad del Estado.
El dibujo institucional previsto para la Guardia Nacional estuvo desde el inicio rodeado de polémica. Durante la negociación de la reforma constitucional con la oposición, López Obrador accedió a rebajar el peso de los militares en la nueva corporación, adscrita orgánicamente a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional. De espíritu castrense -formada por exmilitares y expolicías- la Guardia Nacional tiene un mando bicéfalo: uno civil y uno militar. Sus labores han de ser reguladas por la ley, fiscalizadas por el Congreso y subordinadas al poder civil de la secretaria de Seguridad Pública.
Esos equilibrios y contrapesos son los que habrían saltado por los aires con el decreto de este lunes según Alejandro Madrazo, académico del CIDE y experto en políticas de seguridad. “Es una exigencia al Ejército, que ya se cansó de usar el disfraz de la Guardia Nacional. Ya no acepta las órdenes civiles ni la supervisión del Congreso. Lo que acaba de implantar López Obrador es la misma estrategia que fundó Felipe Calderón y extendió de Peña Nieto, centralizar las labores de seguridad pública en el Ejército. En la nueva norma no se establece ningún mecanismo de supervisión, no obliga a la subordinación al mando civil, sino la mera coordinación, no delimita sus funciones y no está suficientemente regulado”.
El nuevo movimiento de López Obrador escenifica otra vuelta de tuerca en su cambio de discurso desde su llegada al poder. Uno de sus eslóganes de campaña en 2018, continuando con su crítica a la militarización durante su época en la oposición, fue “abrazos y no balazos”. El nuevo mantra ahora es “El Ejército es bueno, porque el Ejército es pueblo”.
Madrazo considera que el acuerdo de este lunes viola el mandato constitucional que ampara las labores policiales del Ejército. “Ahora toca una respuesta de la sociedad de civil llevando esta norma ante la Justicia. Le toca incluso de parte de la clase política que ahora está con Morena y que en su día criticó la estrategia de Calderon y Peña Nieto”. La Suprema Corte tumbó hace dos años la Ley de Seguridad Interior, por la que el último gobierno priista normalizaba la presencia del Ejército en las calles.
Los negocios del Ejército
El aumento de poder militar durante el mandato de López Obrador no se ha limitado solo a la esfera de la seguridad. Durante los últimos dos años los militares han asumido encargos tan diversos como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el reparto de libros de texto, el combate al sargazo o el traslado de dinero de programas sociales. Este mismo lunes se conocía que la Secretaría de Defensa (Sedena) ha comenzado a construir 26 sucursales del banco social del Gobierno que canaliza las ayudas. Constituirá un total 1350 sedes bancarias para lo cual cuenta con un presupuesto de 2. 941millones de pesos.
La concesión de mayor envergadura ha sido hasta ahora la confirmación el pasado marzo de que la construcción y explotación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México recaería en manos militares. El Ejército no solo construirá la terminal, sino que explotará las operaciones civiles y comerciales mediante una empresa cuyas dirección estará ocupadas por militares. El Ejército ayudará a también a construir dos tramos del Tren Maya, la obra pública bandera del sexenio junto al aeropuerto.
En plena pandemia, el Ejército también ha visto aumentadas sus funciones. El Gobierno le ha entregado el control de 31 hospitales y tanto la Sedena como la Secretaría de la Marina (Semar) han estado realizando compras de material sanitario durante los últimos meses. Contratos, tanto de bienes como de servicios, que muchas veces se saltan los requisitos de transparencia y supervisión estipulados para las licitaciones públicas y optan por la vía rápida de las adjudicaciones directas.
Este canal excepcional para la contratación publica ha sido el favorito para las dependencias militares, lo que ha causado incluso el malestar en el interior del Gobierno por el gran margen de arbitrariedad y opacidad de estos procesos. Durante el primer año de López Obrador, la Sedena aumentó la utilización de las adjudicaciones directas en un 50% con respecto al año anterior, hasta alcanzar un monto de 5.000 millones de pesos, de acuerdo a una investigación de la Escuela del Gobierno del Tec de Monterrey y ONG México Evalúa.
En el caso de la Semar, esta vía rápida de contratación pública dobló el monto adjudicado el año anterior. De hecho, la Marina prácticamente no conoce las licitaciones públicas. Solo 0,8% del total del contratos se realizaron por la vía convencional y sujeta a más control y supervisión. Todo esto, sin contar con los procesos reservados según la ley de Seguridad Nacional, de los cuales no hay información pública.
“En una sociedad democrática los militares debería rendir cuentas y no estar sujetos a la opacidad que reflejan los datos de compras públicas. Y el primer interesado debería ser el Gobierno, que al inicio de su mandato anunció que reducirá a lo mínimo las adjudicaciones directas”, apunta Marco Fernández, investigador del Tec y México Evalúa. Desde la llegada de López Obrador, el presupuestos militar ha aumento más de un 15% y el Ejército va erigiéndose cada vez más como uno de los actores políticos más influyentes del México actual.