CCE pide revocar “flagrante violación” al Estado de derecho; Concamin y Coparmex, por arbitraje internacional; American Chamber pide certidumbre jurídica; Goan: cambios desalientan la inversión y el empleo
Luego de que la Secretaría de Energía (Sener) publicara un acuerdo con el que toma el control de las medidas y operaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el argumento de asegurar el suministro de energía al usuario final; los empresarios nacionales aseguraron que, una vez más, se atenta contra la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en el país, al golpear directamente los proyectos privados de energía renovable.
El viernes pasado, la Sener dio a conocer el Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). Este decreto, que entró en vigor el sábado pasado, establece que un interesado en interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) debe apegarse a las normas que la dependencia dicte en el mercado.
Aunado a que se limitan los permisos para nuevas inversiones eólicas o solares, así como la construcción de alguna planta en terrenos “congestionados”. Ante ello, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, destacó que la política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) “es la habilidad del sistema para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho. Es decir, no se limita las Energías Renovables”, sostuvo.
Ante ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseveró que este decreto afectará los proyectos eléctricos de todas las tecnologías en al menos 18 estados del país, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
El CCE hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo y en consecuencia, a revocarlo; pues el decreto no se llevó a consulta ni se esclarecieron los beneficios en mejora regulatoria.
“El sector privado —incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía— agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho en México”, manifestó el CCE, a cargo de Carlos Salazar Lomelín.
A su vez, la Embajada de Canadá aseveró que están en riesgo proyectos de energía renovable de empresas canadienses en el país con valor de 450 mdd.
El acuerdo de la Sener también fue rechazado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ya que consideró que impediría, en la práctica, la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables.
“Algunas de las empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido ya al amparo, y probablemente otras harán lo propio en los próximos días, además, no se descarta la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales de inversión”, dio a conocer Concamin, que lidera Francisco Cervantes Díaz.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró esta medida como “ilegal” y advirtió que se tendrán consecuencias para las futuras generaciones en términos de bienestar, medio ambiente y oportunidades de empleos para los jóvenes, pues se vuelve a poner en duda el Estado de derecho.
Por su parte, American Chamber/México (AmCham) señaló que este acuerdo tendrá un impacto negativo para México porque favorece a la empresa del Estado a través de políticas que limitan la libre concurrencia además de señalar que estas señales afectan las inversiones que pudiera tener México en el marco de los acuerdos comerciales con los que cuenta, como el T-MEC.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), por su parte, expresó su preocupación por la aparente centralización del SEN, y dijo que genera un ambiente negativo para la inversión privada nacional y extranjera al establecer condiciones de incertidumbre jurídica e inhibir la competencia en un momento en que la economía mexicana se encuentra en crisis.
De la misma manera, diputados de la oposición criticaron la decisión de controlar inversiones en energías renovables, quienes consideran que con este acuerdo se impedirá la entrada de tecnologías limpias para la generación de electricidad y se pone en riesgo el compromiso de nuestro país para reducir la contaminación global.
El dato: La Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica afirma que la decisión tomada por la autoridad energética es ambigua y permite una Ley a Modo en la industria.
En puntos más álgidos, el coordinador de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que ante la incompetencia en el manejo ideológico “es necesario el reemplazo inmediato del gabinete energético del país, encabezado por la secretaria Rocío Nahle.
En tanto, los gobernadores de Acción Nacional (GOAN) señalaron que el acuerdo es un “gran retroceso” que desalienta la inversión privada y el empleo, además de incrementar los costos de generación.