El recorte ordenado por Hacienda es de 75 por ciento en compras y contratos de servicios. Profesionistas, empleados de tiempo completo en gobierno, firmaban en enero, abril, julio y octubre.
Al menos 13 mil 921 profesionistas perderán su empleo ante el recorte de 75 por ciento y la instrucción a todas las oficinas de gobierno de no adquirir ningún compromiso presupuestal nuevo en el capítulo 3000 del presupuesto federal.
La alerta se dio ya en algunas dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde el impacto presupuestal ha llegado incluso a originar problemas para pagar rentas de sus oficinas (en algunos casos les han llegado a cortar el suministro de luz a cierta hora para presionar el pado de la renta), así que la solvencia para pagar profesionistas independientes como parte de la operación cotidiana es imposible.
Como se recordará, durante la última semana de mayo, en una decisión conjunta, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda ordenaron que el gasto en los capítulos presupuestales 2000 y 3000 de todas las dependencias se reduzca en 75 por ciento. Se trata de dos bolsas presupuestales destinada a pagar Materiales y suministros, por un lado, y Servicios Generales, en el caso del 3000.
Eso quiere decir que en temas como la compra de papelería, renta de inmuebles o equipos, maquinaria, compra de combustible, viáticos, se reducirán radicalmente.
La draconiana medida fue justificada por Hacienda indicando que era indispensable afrontar los gastos del COVID. El reajuste presupuestal, es fácil deducir, tiene además el objetivo de que el impacto presupuestal de la pandemia no detenga los denominados proyectos prioritarios de la 4T.
SIN NUEVO CONTRATO. En el capítulo 3000 del presupuesto federal se enmarcan los contratos por servicios profesionales diversos que dependencias están pagando a profesionistas independientes, en algunos casos desde hace años. El uso de ese capítulo permite a las dependencias ampliar su plantilla sin engrosar oficialmente la nómina.
Estos profesionistas están enrolados de tiempo completo en las oficinas de la Administración Pública Federal y su existencia se ha transparentado poco a poco durate los últimos años.
De acuerdo a la última encuesta gubernamental de INEGI sobre el tema, quienes están enrolados a partir de contratos eventuales en la Administración Publica Federal son 40 mil pesonas. Este dato corresponde al final de 2018, por lo que el efecto de la llegada de la 4T, si lo hubo, no quedó plasmado en esa fotografía estadística.
Pero este personal no oficial, incluyendo nombres, es consultable hoy en día en los registros de Compranet y también en los portales de obligaciones de cada dependencia.
Como personas físicas, los profesionistas firman contratos y en algunos casos, a raíz de los últimos cambios fiscales, emiten facturas como comprobantes. Se suman a las labores de gobierno y muchas veces son responsables de ejecutar labores sustantivas o bien los que sacan adelante la administración diaria de la dependencia.
Sus contratos se firman cada tres o seis meses y sus labores van desde contabilidad, de servicios legales, computo, trabajos de ingeniería y hasta veterinarios, agrónomos y trabajadores sociales en las diversas secretarias de estado. Su labor es tan essencial que el caso de áreas de la propia Hacienda, como la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ya se informó a la oficina del secretario que la operación en los estados deberá detenerse pues no habrá manera de pagar ni personal ni estalaciones.
A la Comisión de Atención a Víctimas le iba a pasar lo mismo, aunque en su caso se decidió hacer una excepción y permitirle mpás gastos. Es lo mismo que lograron los institutos de investigación y docencia (CIDE, Cinvestav, Colmex y muchos otros) luego de que se lanzaran a una campaña y negociaciones con Hacienda para que no se les tratara como una mera oficina burocrática.
LAS MINIEMPRESAS. El caso de los casi 14 mil profesionistas independientes no es el único a considerar en la pérdida de ingresos para decenas de miles.
Miniempresas y personas físicas con actividades empresariales también verán un atorón en sus actividades. Para ellos, julio es también la línea crítica.
Con estos profesionistas, la cifra de afectados se eleva coinbcidentemente hasta cerca de 40 mil personas que al finalizar contratos vigentes, justamente al final de junio, se encontrarán con que se han bloqueado las renovaciones que se realizaban prácticamente en automático. El ciclo normal de firma de contratos era enero, abril, julio, octubre.