Cinco horas y un muro separan a Armando de ver a sus dos hijos de diez y seis años. Conoce el tiempo con precisión porque, a veces, se sienta en la orilla del río Bravo, abre Google Maps en su celular y se imagina que está al otro lado de la frontera y que puede llegar a Houston (Texas), donde su exmujer se estableció hace cuatro años cuando tuvo que huir de Honduras por la violencia. El migrante, que pide omitir su nombre por seguridad, lleva un año varado en Matamoros, en la frontera norte mexicana, y es una de las más de 65.000 personas a las que Estados Unidos ha devuelto al país vecino por los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
El programa, conocido también como “Quédate en México”, pide justamente eso: que los solicitantes de asilo esperen en una de las zonas más peligrosas del territorio mexicano mientras se resuelven sus trámites del otro lado del muro. “Nunca me imaginé que este acuerdo tan inhumano entre EEUU y México nos iba a afectar”, cuenta Armando desde un campamento improvisado donde viven unos 1.400 migrantes en condiciones precarias, con temor a la delincuencia y al coronavirus, después de que se registrara la semana pasada el primer caso.
Hace algo más de un año, casi al mismo tiempo que Armando emprendía el viaje hacia el norte desde el departamento de Valle, en el sur de Honduras, el Gobierno de Donald Trump y una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard cerraban una ríspida negociación. La Casa Blanca puso contra las cuerdas a su vecino del sur al condicionar la firma de un nuevo acuerdo comercial a que el Gobierno de López Obrador detuviera la migración desde Centroamérica, principalmente de familias que por aquellos meses desbordaban los centros de detención de la frontera sur de EE UU, algo que la Administración de México no ha aceptado públicamente. Tras desencadenar la peor crisis diplomática entre ambos países en más de 30 años, México cedió y cerró el trato que dio lugar al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC). El acuerdo, que es ahora catalizador del primer viaje al extranjero de Andrés Manuel López Obrador como presidente es visto como un salvavidas crucial para el país ante el desplome económico mundial por la pandemia de la covid-19.
Pero las estadísticas migratorias dejan claro quién pagó el precio del acuerdo. Desde mayo de 2019, cuando Trump empezó con las amenazas de una guerra arancelaria, hasta mayo de este año, , más de 124.000 migrantes han sido deportados desde México y más de 145.000 detenidos, según datos de la Secretaría de la Gobernación. Además, miles más fueron enviados a esperar una respuesta a sus casos de asilo en suelo mexicano, donde generalmente sobreviven con trabajos precarios o con la ayuda de organizaciones no gubernamentales. “Se tomó el tema migratorio como moneda de cambio para resguardar los intereses económicos del país”, afirma Salvador Lacruz, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. “Ha sido un año muy duro, pese a que la situación nunca ha sido fácil en las últimas décadas”.