Elementos federales devolvieron a Caminos y Puentes Federales (Capufe) el control de la caseta de Playas de Tijuana, la cual fue tomada por decreto por el Gobernador Jaime Bonilla.
El 7 de julio, el morenista ordenó cancelar el cobro de 39 pesos para autos y 81 pesos para autobuses, del tramo de 25.9 kilómetros de la autopista escénica Tijuana – Playas de Rosarito.
“Quienes transiten el tramo de Playas de Tijuana a la caseta de Rosarito dejarán de pagar el peaje respectivo”, indica el decreto, que después fue celebrado por el Gobernador y el Fiscal Estatal, Guillermo Ruiz, con vecinos en el lugar.
El Mandatario levantó la pluma en la caseta y dejó pasar a los vehículos.
Sin embargo, la madrugada de este jueves, más de 100 elementos de la Guardia Nacional y la Marina, acompañados del Ministerio Público Federal, retiraron a elementos de la Fiscalía estatal que resguardaban la caseta y se la entregaron a Capufe.
Tres hombres llegaron más tarde junto a otros manifestantes e intentaron abrir la pluma, pero fueron detenidos.
El Delegado Federal Único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, criticó el uso de la fuerza pública.
“La utilización de la fuerza pública no es lo adecuado ni lo democrático”, señaló en un comunicado,
“Es innegable que la mancha urbana pobló las zonas de la caseta de Playas de Tijuana y los vecinos del lugar requieren transitar sin tener que pagar peaje de sus bolsillos”.
El acceso libre de estos vecinos ha sido una demanda de muchos años ante instancias del Poder Legislativo y Ejecutivo, agregó.
“Lo considero justo”, dijo.
Ayer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un posicionamiento y calificó el acto del Gobernador y el decreto como “ilícito.