El ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes, como parte de la llamada Estafa Maestra.
Lo anterior resolvió hoy el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), al confirmar la responsabilidad resarcitoria contra Vera Jiménez, fincada en enero de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El desvío de la UAEM fue de los primeros de la Estafa Maestra, pues ocurrió a finales de 2013, cuando dicha universidad recibió el monto mencionado desde la Secretaría de Desarrollo Social para luego enviar el 85 por ciento a la empresa Evyena Servicios, que durante las auditorías nunca fue localizada.
La Magistrada Zulema Mosri, autora de la sentencia del TFJA, describió en la sesión por videoconferencia que la Sedesol-cuya titular en esa época era Rosario Robles, actualmente presa-, dio por cumplidos desde el 15 de noviembre de 2013 los compromisos adquiridos por la casa de estudios mediante un convenio firmado el 6 de mayo de ese año con el entonces Rector Vera Jiménez.
Sin embargo, fue hasta el 7 de diciembre cuando la universidad licitó la contratación de los servicios de apoyo técnico para la Cruzada contra el Hambre, que adjudicó el 18 de diciembre a Evyena. El mismo día, se firmó el contrato por 203.6 millones de pesos, y se transfirió el dinero.
"La empresa Evyena Servicios, S.A. de C.V., no fue localizada en el domicilio registrado en el contrato y en el acta constitutiva, ubicado en San Pedro Garza García, ni en el domicilio de la factura presentada a la UAEM, ubicado en Monterrey, por lo que se requirió al SAT información del domicilio fiscal, el cual aparece en una dirección inexistente en la Delegación Tlalpan", explicó la ASF en el informe de cuenta pública de 2013.
Mosri detalló que Vera Jiménez, Rector de 2012 a 2018, incurrió en responsabilidad resarcitoria porque, en el convenio con Sedesol, afirmó que la institución tenía capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios, lo que no era cierto, ya que subcontrató una empresa privada.
Más aún, el convenio con Sedesol no permitía ningún tipo de subcontratación, pero aún así el 85 por ciento del dinero fue enviado a Evyena, que luego lo transfirió a otras empresas.
"La firma del convenio y el apéndice de 6 de mayo de 2013 son las causas eficientes del daño, sin ellos no se hubiera materializado el desvío de recursos públicos federales a través de operaciones inexistentes", afirmó la Magistrada, cuyo proyecto aprobó por unanimidad la Sala Superior del TJFA.
Vera Jiménez, quien fue víctima de un secuestro en 2019, aún puede impugnar mediante amparo directo ante un tribunal colegiado. De ser confirmada, la responsabilidad resarcitoria se convertirá en un crédito fiscal, ejecutable por el SAT.