La reforma al sistema de pensiones presentada por el Gobierno Federal permitirá que más mexicanos accedan a una jubilación digna, sin embargo, en este momento no existen las condiciones necesarias para implementarla por la crisis económica provocada por la pandemia y porque el empleo formal se encarecería
El cochinito de los mexicanos engordará en los próximos años. De aprobarse el proyecto de reforma al sistema de pensiones presentado por el Presidente de la República, se daría un paso histórico para mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos y permitiría que al final de su vida laboral disfruten de una vejez digna.
Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que se enfrentará la propuesta es que el empleo formal se encarecería y con ello el salario de los empleados resultaría afectado, ya que los patrones deberán absorber el incremento total de las aportaciones y la seguridad social.
El Gobierno federal, la iniciativa privada y los sindicatos quieren modificar el actual esquema para que los mexicanos aumenten su pensión hasta en un 40 por ciento sin afectar sus ingresos.
La propuesta que se anunció el día que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) celebró su 26 aniversario, respetará la edad de retiro de 60 años, pero el tiempo de cotización será de 15 años en lugar de 25 como se establece en el sistema vigente.
20 millones de trabajadores se beneficiarían con la reforma al sistema de pensiones
La aportación patronal incrementará de manera paulatina de 5.15 por ciento a 13.87 por ciento en un periodo de ocho años, por el contrario, la contribución de los trabajadores se mantendrá como hasta ahora.
En el caso del gobierno su contribución al cochinito se transformará en una cuota social que beneficiará solo a los trabajadores de menores recursos, sin aumentar su monto total.
En la opinión del especialista en pensiones Moisés Pérez Peñaloza, la reforma sí mejoraría el actual sistema, aunque no resolvería el verdadero problema de fondo, además de que se dejan fuera aspectos fundamentales para incorporar a más trabajadores que son parte de la informalidad.
“La reducción de semanas abre el espectro a que más personas puedan evitar la negativa de acceder a una pensión, el nivel de reemplazo también se incrementaría, son dos puntos a favor. Lo que inquieta es que los patrones absorberán la responsabilidad de las aportaciones y no se sabe si habrá algún estímulo fiscal para ayudarles”, detalla.
Mal tiempo para cambios
La iniciativa surgida de Palacio Nacional cuenta con el apoyo de la cúpula empresarial, así como de los líderes sindicales. Y aun cuando el tema de una nueva reforma de pensiones no es nuevo, ya que estuvo presente en sexenios pasados sin llegar a algo en concreto, hoy, por fin, hay una gran posibilidad de que se materialice.
El regreso del líder de los empresarios, Carlos Salazar, a Palacio Nacional mandó una señal de que tal vez las fricciones entre el sector público y privado disminuyeron.
Para llegar a un consenso se requirió del apoyo de industriales manufactureros, exportadores, pequeñas y medianas empresas (Pymes), agricultores, comerciantes y las 60 empresas más grandes del país.
En septiembre se discutirá el proyecto en el Congreso de la Unión y de contar con la mayoría de los votos se estima que beneficie a más de 20 millones de trabajadores.
Al cierre de junio, la Consar reportó 67 millones 058 mil cuentas administradas por las Afores con recursos por el orden de los 5 mil 925 millones de pesos.
Un punto fundamental de la propuesta es que alrededor del 82 por ciento de la población contará con una pensión garantizada, frente al estatus vigente que alcanza apenas el 34 por ciento de los mexicanos.
La paralización económica que trajo la emergencia sanitaria se convirtió en un importante desafío para los recursos de los trabajadores, ya que los retiros por desempleo van en aumento.
El mes pasado el ‘mordisco’ de las personas a su guardadito fue por mil 856 millones de pesos, cifra 100 por ciento superior a los retiros parciales que se realizaron durante junio de 2019.
Adriana Hernández Hortiales, quien es asesora en economía, finanzas y política pública, asegura que esta propuesta debía impulsarse este año porque la primera generación de la reforma de 1997 está a punto de jubilarse, pero nadie contaba con que a la recesión económica se le sumaría la emergencia sanitaria.
No es el momento adecuado para esta iniciativa porque aun cuando el incremento de las aportaciones patronales será de manera gradual, las empresas no están preparadas para asumir esto. Lo mejor sería ofrecer una gama de beneficios o seguros para los empresarios, además de acompañar la reforma con una política fiscal contracíclica
- Adriana Hernández Hortiales
Asesora en economía, finanzas y política pública
Sistema de pensiones desigual
El estado de salud de las empresas en México es malo a raíz de la pandemia del COVID-19.
La caída en sus ingresos provocó el despido masivo de su personal o, en el mejor de los casos, la reducción salarial de manera temporal.
La Cepal, encabezada por la mexicana Alicia Bárcena, pronostica que en territorio nacional existen al menos 500 mil empresas formales en riesgo de desaparecer en los próximos seis meses a causa de los estragos del COVID-19 en la actividad económica.
El impacto en las Pymes es mucho más evidente por su tamaño y la relevancia que tienen en la generación de empleo para el desarrollo del país (son responsables de alrededor del 80 por ciento de los puestos de trabajo), pero no se puede descartar que las grandes organizaciones tampoco atraviesan por su propio viacrucis.
A la larga el incremento de las aportaciones patronales establecidas en el proyecto de la nueva reforma puede tener un impacto negativo en las finanzas de todas, ya que harán más caro el empleo formal, por lo tanto existe el riesgo de que los salarios en vez de ir hacia arriba se ajusten a la baja
Esto desencadenaría un efecto dominó en unos años porque al afectarse el ingreso de millones de trabajadores las posibilidades para adquirir bienes o servicios se reducen. En la última medición del Inegi, el indicador del consumo en el mercado interno se desplomó 19.7 por ciento mensual, la mayor caída en casi 30 años.
En caso de aprobarse el proyecto, la reforma no entraría en vigor de inmediato, tardaría un periodo aproximado de dos años. No obstante, si se llegan a cumplir los pronósticos de Citigroup, la economía mexicana volvería a los niveles de 2018 hasta el 2025, tiempo en que la tasa de informalidad aumentaría.
Otro aspecto fundamental que plantea Moisés Pérez Peñaloza son las comisiones que imponen las administradoras, ya que por primera vez cobrarán debajo del uno por ciento (0.92 por ciento), monto que aún se queda por encima del 0.7 por ciento del nivel internacional.
“Es importante revisar este tema ya que las Afores van a recibir más dinero porque la aportación se va a incrementar de manera importante. Hay que estar muy al tanto de cuánto se van a reducir las comisiones porque manejar estándares internacionales es un tema muy amplio y todo esto tiene que estar pensado a favor de los trabajadores”, explica el especialista en pensiones.
Presión interna
Los recursos públicos que se le destinan a las pensiones de manera anual es el gran tema ausente dentro del proyecto.
Análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestran que el 85 por ciento del gasto en pensiones este año, equivalente al 4.2 por ciento del PIB de 2019, correspondió al sistema pensionario anterior de los trabajadores.
El Gobierno federal aporta a través de diversas bolsas: 700 mil millones de pesos al año van para el sistema de pensiones del ISSSTE y más de 300 mil millones al del IMSS.
La especialista en finanzas Adriana Hernández Hortiales advierte que, por ahora, la medida tiene una visión de corto alcance que puede derivar en una afectación para los recursos públicos.
El gasto federal en pensiones es un problema que no se ha podido resolver, ya que el gobierno destina recursos a diferentes bolsas cada año y sin la cultura del ahorro voluntario esto presiona aún más las finanzas públicas
“El gobierno deberá destinar más dinero para cubrir la Pensión Mínima Garantizada que tienen contemplada y esto provocará que las finanzas públicas estén bajo una mayor presión. Si se pudiera incentivar a los trabajadores a que ahorraran de manera voluntaria la carga para la actual administración sería mucho menor”.