La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá de integrar una lista nacional con los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género y este antecedente sea considerado, tanto en el ámbito nacional como local, en el momento de revisar y aprobar las candidaturas a los diversos cargos de elección popular.
Al resolver el caso de una regidora del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y resolver que efectivamente la concejal fue víctima de violencia política, estableció que, además de las listas que integren los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el INE también deberá integrar una lista nacional.
Por lo tanto, el INE deberá emitir los lineamientos, que deberán ser expedidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), previo al inicio del proceso electoral federal, y establecer los mecanismos de cooperación con los OPLE, con el fin de que compartan la información de dichas listas, las cuales serán públicas y cualquier persona podrá consultarlas. Además, el INE deberá establecer el mecanismo adecuado, para que las autoridades electorales locales puedan consultar la lista de personas infractoras para el ejercicio de sus atribuciones, especialmente para el registro de candidaturas.
De acuerdo con la resolución del máximo tribunal electoral del país, con esta herramienta se busca evitar la repetición de estas prácticas, y que este registro proporcione elementos a valorar al analizar solicitudes para participar por alguna candidatura de elección popular, así como verificar si se cumplen los requisitos para su postulación y, en consecuencia, pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular.
El estado de Morelos destaca entre las entidades con el mayor número de casos de violencia política de género registrado durante el 2019, de acuerdo con cifras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La lista la encabeza la Ciudad de México con 24 asuntos, seguido de Oaxaca y Morelos con 10 casos cada uno de violencia política contra las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular.