Las condiciones precarias que históricamente han arrastrado los centros penitenciarios en México, generan contextos desalentadores que se pueden traducir “en un número considerable de muertes” ante un sistema penitenciario abandonado en la satisfacción de servicios de salud, sobre todo en medio de la crisis de COVID que sufre el país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que las condiciones precarias que históricamente han arrastrado los centros penitenciarios en México, generan contextos desalentadores que se pueden traducir “en un número considerable de muertes” ante un sistema penitenciario abandonado en la satisfacción de servicios de salud, sobre todo en medio de la crisis de COVID que sufre el país.
“Las condiciones precarias que históricamente han arrastrado los centros penitenciarios en México pueden generar contextos desalentadores, traducidos incluso en un número considerable de muertes ante un sistema penitenciario abandonado en la satisfacción de servicios de salud, traducidos en falta de infraestructura médica y hospitalaria, abasto insuficiente de insumos médicos, medicamentos, atención médica hospitalaria especializada, traslados médicos en conjugación con otros servicios esenciales como instalaciones sanitarias y de agua potable en condiciones óptimas”, advierte.
En el Informe Especial Sobre las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la Atención de la emergencia sanitaria por COVID que envió la CNDH al Senado, este organismo advierte que desde antes de la pandemia, se han identificado riesgos importantes para los internos en a mayoría de los 296 Penales, Federales, estatales y militares, derivado del hacinamiento, sobrepoblación y falta de acceso de insumos necesarios a servicios médicos para garantizar condiciones de higiene, aseo personal y de salud.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 elaborada por el INEGI, las personas privadas de la libertad, sufren hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles, falta de acceso de insumos necesarios y servicios médicos para garantizar condiciones de higiene, aseo personal y de salud.
Sobre la distribución de la población por celda, el 45.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional compartió su celda con más de cinco personas.
En Centros Penitenciarios Federales, esta cifra fue de 4.5%, mientras que en Centros Estatales y Municipales fue de 51.1%. Así como el 12.5% a nivel nacional compartía su cama.
Por lo que hace a los bienes proporcionados por los centros penitenciarios, destacó que solo el 40.9% de las personas privadas de la libertad a nivel nacional recibieron artículos de aseo personal, destacándose que el 96.7% fue en los Centros Penitenciarios Federales y 7.6% en Centros Estatales y Municipales. El 11.6% de las personas no contaban con un lugar para aseo personal y un 5.6% carecía de servicios de drenaje a nivel nacional.
Respecto del acceso de servicios básicos como el agua potable, el 30% del total de la población penitenciaria a nivel nacional no recibía el suministro de dicho líquido. En tanto que se identificó un 22.4% de la población a nivel nacional que no se le brindaron servicios médicos y un 30.6% que no recibió medicamentos al interior de los centros penitenciarios
La CNDH a través de la Tercera Visitaduría advierte que en diversos centros penitenciarios del país se carece de los insumos médicos e infraestructura médica especializada y hospitalaria para enfrentar este tipo de contextos emergentes, pero aún más delicado es que no se aplican pruebas para diagnosticar contagios por COVID a los internos.
“Resulta contrastante la información recibida por algunas autoridades penitenciarias y de salud estatales, en el sentido de que no habían aplicado prueba alguna hasta la fecha de la elaboración del presente informe”, acusa.
Asimismo, alerta que ante los impactos de la pandemia que viven las personas privadas de la libertad, como la restricción de visitas, la incertidumbre de su situación jurídica, la afluencia de noticias constantes sobre el contexto emergente que se vive, de los posibles decesos que se presentan se puede afectar la salud mental de los internos.
Por ello demandó a las autoridades penales realizar un monitoreo de salud mental de la población penitenciaria y del personal que con motivo de sus funciones interactúa diariamente con las personas privadas de la libertad, a fin de evaluar su respuesta ante dichos escenarios.
Además sobrellevar todos aquellos síntomas o padecimientos existentes y que puedan agravarse, prevenir el consumo de sustancias, de actos violentos en su agravio y/o de otras personas o colectivos; así como prevenir probables conductas suicidas.