El juzgador dio tres meses de plazo a los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que realicen su investigación complementaria.
Un juez federal vinculó a proceso a Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex encargado del manejo de recursos en la Secretaría de Gobernación y en la Policía Federal Preventiva, por estar involucrado en un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos de la mencionada corporación policíaca.
De acuerdo con funcionarios federales, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República presentó elementos que hacen presumir que Eleuterio Enrique es probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juzgador dio tres meses de plazo a los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que realicen su investigación complementaria.
La semana pasada, la FGR aprehendió a Pérez Romero en las instalaciones de la Guardia Nacional.
Faltan 18 personas por ser aprehendidas
Por este caso, aún faltan 18 personas por ser aprehendidas, entre ellos los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez.
Frida Martínez fue la operadora del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Otra de las personas contra las que se libró la orden de captura es Carlos Hipólito Rivera Codina, quien actualmente se encuentra en activo en la Guardia Nacional y está adscrito a la Dirección de Servicios Especiales.
La Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra las 19 personas a partir de una denuncia que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual detectó un desvío de recursos que asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos, por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en la administración de Enrique Peña Nieto.
Los mandamientos de captura fueron otorgados por un juez con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.