Barbosa, de Morena, Cordero, Anaya y el gobernador de Querétaro, del PAN, y el priista David Penchyna recibieron pagos millonarios por aprobar la reforma energética según una filtración de la denuncia
El exdirector de Pemex Emilio Lozoya ha puesto el ventilador en marcha y a la cascada de denuncias por corrupción contra los dirigentes de su antigua formación, el PRI, añade ahora acusaciones contra altos cargos del principal partido de la oposición, Acción Nacional (PAN), de Felipe Calderón, y contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, un destacado miembro de Morena, la formación creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lozoya, al frente de la paraestatal de petróleos durante los primeros años de Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusó a Barbosa y a otros seis funcionarios de recibir sobornos millonarios durante su etapa como dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para trabajar a favor de la reforma energética aprobada por Peña Nieto y que permitió la entrada de empresas privadas en la explotación de yacimientos.
En un documento publicado en el informativo Imagen Noticias, Lozoya asegura que los recursos se entregaron en efectivo obedeciendo indicaciones del hombre fuerte de Peña Nieto, Luis Videgaray. Según la acusación, Videgaray también ordenó a Lozoya atender dos exigencias de Barbosa: 100.000 dólares en efectivo y trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la capital. De no ser así no movilizaría a su partido, el PRD, en contra de la reforma energética, dice el documento difundido.
La acusación contra Barbosa no es nueva, hace un mes su nombre salió a relucir pero en esta ocasión Lozoya detalla fechas y lugares de las entregas de dinero. En concreto, fueron siete realizadas entre diciembre de 2013 y 2014 en una oficina de la calle Montes Urales de la Ciudad de México. En su denuncia, Lozoya señala que tiene pruebas de las entregas, recibos y un video. En ese momento el gobernador de Puebla estaba a punto de ser presidente del Senado, cargo que alcanzó meses después.
El dedo acusador de Lozoya señala también a la derecha, a dos destacados dirigentes del PAN, Ernesto Cordero y Ricardo Anaya, quienes acudían puntualmente a cobrar a su oficina de las Lomas. Otro de lo señalados de haber recibido sobornos es el coordinador del PRI en el Senado, David Penchyna, también muy cercano a Peña Nieto, quien recibió seis millones de pesos (unos 260.000 dólares). En total, según el documento filtrado, fueron 80 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) a siete diputados entre los que también estaría el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
El proceso contra el exdirector de Pemex, acusado de recibir grandes cantidades de dinero de la constructora Odebrecht y de pagar sobornos a cambio de reformas legales entre diputados de todos los partidos se ha convertido en un proceso judicial y mediático contra toda la clase política mexicana. Las acusaciones de Lozoya se ventilan en las redes sociales gracias a las filtraciones ampliamente aireadas cada mañana en las conferencias de prensa del presidente López Obrador, interesado en sentar en el banquillo a los dos últimos presidentes, Peña Nieto y Felipe Calderón, y convertir la investigación en un “ejercicio didáctico para el pueblo”, sobre el daño causado por la corrupción.
Sin embargo, en la denuncia de Lozoya conocida el lunes, realizada a cambio de beneficios penitenciarios, hay algunos detalles que desconciertan: no queda claro si Lozoya y Barbosa llegaron a verse y, además, Barbosa fue de los pocos diputados que finalmente votó en contra de la reforma. También llama la atención que los pagos al PAN se hicieran a dos enemigos declarados dentro de la derecha como Cordero y Anaya quienes supuestamente acudían juntos a recibir el dinero y tratar con Lozoya asuntos de la reforma energética a pesar de que Anaya ya no era diputado y luchaba por la dirección del partido. En el caso del PRI, el señalado David Penchyna era un conocido defensor de la necesidad de cambios legales en Pemex desde muchos años antes, por lo que tampoco queda claro si se trató de un premio a su trabajo o un soborno por otros motivos. En cualquier caso, en la denuncia de Lozoya, Luis Videgaray, el hombre más cercano a Peña Nieto durante los seis años de gobierno, aparece siempre como el cerebro de una red de corrupción que implica a todos los partidos.
En la retórica de López Obrador, la investigación contra Lozoya, detenido en Marbella y extraditado a México en julio, está permitiendo llegar al fondo de la corrupción y evidenciar que, los que pasaban por “actos patrióticos” para salvar a la principal empresa pública del país, fue en realidad una vulgar compra de votos a cambio de maletas de dinero. Para los señalados, sin embargo, Lozoya está haciendo cualquier cosa para agarrarse a la figura jurídica del delator/colaborador de la justicia y librarse de la cárcel acusando al entorno de los exmandatarios al dictado de lo que marca la presidencia.
“Nunca tuve ninguna plática con Lozoya, ni hablé por teléfono ni lo vi personalmente”, se defendió Barbosa en Twitter. El actual gobernador de Puebla y destacado miembro del partido de López Obrador dijo también que presentará una demanda contra Lozoya y que su votación, también en lo referente a las leyes secundarias, demuestran que siempre estuvo en contra de la reforma energética, una de las más importantes aprobadas durante el periodo de Peña Nieto. Por su parte, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que Lozoya está “dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr el perdón”. Sus palabras coinciden con la publicación de un video donde se ve a su secretario, Guillermo Gutiérrez, recibiendo fajos de dinero en lo que parece ser una sala del Senado.
Precisamente, la difusión de ese video ha supuesto el más reciente sismo político una vez que las denuncias han dejado de ser fríos papeles para poner cara y nombres a quienes recibieron el dinero. En el video difundido se ve a un supuesto funcionario de Pemex entregando 12 bolsas con 200.000 pesos (8.700 dólares) cada una a Rafael Caraveo, secretario técnico del Senado y a Guillermo Gutiérrez. Según la fiscalía, Lozoya ha aportado 18 horas de grabaciones pero la publicación anónima de estos primeros cuatro minutos parecen un aperitivo de todas las pruebas que dice tener.
El video ha dado pie a uno de los momentos surrealistas de un proceso que apenas empieza. Indignado por lo que considera poca difusión de “los medios de comunicación corruptos y la prensa orgánica”, el presidente López Obrador aprovechó su rueda de prensa diaria para difundir nuevamente el video, a pesar de que las dos principales televisiones del país: Televisa y TV Azteca abrieron el día anterior sus noticieros nocturnos con las imágenes y el tema ocupa este martes las portadas de toda la prensa. Paralelamente, el mandatario, pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que difunda la declaración completa de Emilio Lozoya, lo que supondría un delito y podría dañar la investigación ante la violación del secreto de sumario.