Los panistas García Cabeza de Vaca, Domínguez Servién, Vega Casillas y Lavalle Maury exigían diversas cantidades de dinero en dólares para entregar su voto a favor de las reformas estructurales
Lozoya implica a Salinas, Calderón y Peña Nieto
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, denunció que legisladores del PAN lo extorsionaron para entregar su voto a favor de las reformas estructurales que el expresidente Enrique Peña Nieto impulsó durante la administración pasada.
Según la denuncia de hechos que Lozoya Austin presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto, señaló no sólo a Peña Nieto y a Luis Videgaray por hechos probablemente constitutivos de delito sino a diversos panistas, una periodista y a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas.
Lozoya implica a Peña Nieto en sobornos multimillonarios, compra de votos en el Poder Legislativo y financiamiento ilegal de campaña política; a Calderón en sobornos para la compra de Etileno XXI, y a Salinas en tráfico de influencias para contratación de obras a favor de su hijo.
Además acusa a los excandidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya de recibir recursos millonarios al margen de la ley.
Anoche, el expresidente Calderón afirmó que el manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya es usado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como instrumento de venganza y persecución política.
Meade, a su vez señalado por el exdirector General de Pemex de recibir dinero por dar continuidad a la compra de Etileno XXI, dijo que ayudó a que Lozoya Austin fuera llevado a la justicia e informó que está localizable si las autoridades lo requieren.
El excandidato presidencial Ricardo Anaya calificó las acusaciones de Lozoya en su contra —de haberle entregado 6 millones 800 mil pesos para sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro—, como falsas, absurdas y mentirosas.
En su denuncia, Lozoya afirmó que las reformas estructurales nunca se negociaron con los legisladores del PAN sino que se trató de una extorsión ejecutada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.
“Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, pues a solicitud de Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta en 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, dice la denuncia.
Según el documento, esos legisladores utilizaban los proyectos políticos que tenían en diversos estados como Tamaulipas, Campeche y Querétaro para pedir constantemente más dinero.
“Pedían cita y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que se les dieran contratos en Pemex. Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”, afirmó.
Indicó que los montos y maletas de dinero se entregaban a los panistas conforme avanzaban los borradores de la reforma energética, pues Lozoya Austin estaba encargado de informar directamente a Videgaray Caso sobre estas negociaciones para que se liberaran los recursos.
Afirmó que Videgaray Caso designaba a los legisladores a quienes se debían entregar los sobornos a cambio de sus votos, entregas que fueron operadas por Francisco Olascoaga, jefe de Departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex.
Destacó que tanto Peña Nieto como Videgaray Caso establecieron como enlace para este propósito a David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía en el Senado.
De la relatoría del exfuncionario se desprende que seis legisladores de oposición recibieron recursos: Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Domínguez Servién, Lavalle Maury, Vega Casillas y García Cabeza de Vaca.
Lozoya Austin dio a conocer la existencia y posterior exhibición de un video en el que se observa la entrega del dinero y que, según lo relatado, coincide con el que se difundió en internet el pasado lunes: “El enlace acudía con una maleta con ruedas para transportar las entregas de dinero en efectivo”, dijo.
“Francisco Olascoaga cuenta con un video en el que se observa la entrega de dinero, consistente en múltiples fajos de billetes de diversas denominaciones empacados en bolsas transparentes de tipo bancario al enlace del PAN. Persona a quien me comprometo a presentar y quien exhibirá el video”, subrayó.
Como parte de las negociaciones que realizaba Videgaray para impulsar las reformas estructurales, Lozoya Austin indicó un trueque realizado con el entonces senador del PRD, Miguel Barbosa: “Luis Videgaray Caso me instruyó a recibir al senador Miguel Ángel Barbosa Huerta y atender su petición, la cual consistía en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales en la Ciudad de México... A cambio de esto el senador no armaría una revuelta de PRD para la aprobación de la reforma energética”, relató.
Lozoya reconoció la relación que tenía con Luis de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, y los sobornos que este entregó para financiar la campaña de Peña Nieto a la Presidencia para conseguir contratos de obra durante el sexenio pasado.
Para acreditar que los sobornos fueron pactados entre Peña Nieto, Videgaray y Odebrecht, Lozoya ofreció como testigo a Rodrigo Arteaga Santoyo, quien era su secretario particular antes de las elecciones de 2012.
Destacó que Odebrecht también tuvo participación en el gobierno de Felipe Calderón a través de Braskem, filial que tenía el contrato multimillonario para el proyecto de Etileno XXI, operación para la cual muchos panistas habrían recibido “fuertes sumas de dinero”.
Durante la adjudicación de ese contrato, el Consejo de Pemex estaba conformado por José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
Al final, Lozoya denunció por estos hechos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas.
La FGR inició una investigación por la filtración de la denuncia que presentó Lozoya.